LA POLITICA COMO SERVICIO
Dr. Eduardo Héguy Terra
La actividad política concebida como un servicio público le otorga nobleza cívica y merecido prestigio. Cuando se la practica en beneficio de todos los habitantes, con sacrificio y entrega personal, es natural y lógico que ellos se hagan acreedores al reconocimiento de sus conciudadanos. Los hayan votado o no, sean o no de su mismo partido. El respeto que generan la dedicación y la entrega a una causa noble, sin otro interés que el servicio al bien común, explican y legitiman el prestigio bien ganado de los representantes del pueblo. De las buenas obras y el mejor ejemplo de sus fieles servidores se nutre y fortalece la democracia.
Pero cuando estas premisas y criterios se empiezan a desdibujar, se descuidan, caen en el olvido o, peor aún, cuando en las decisiones políticas el interés general es sustituido por el interés propio u otros intereses subalternos, no solo se viola y lesiona la confianza ciudadana sino que se trastoca y falsea el sentido democrático de la organización social y se comete grave daño institucional, vaciando de contenido a las instituciones.
Algunos hechos ponen a prueba al sistema, hacen dudar de la legitimidad de ciertos criterios, desafían el sentido común y provocan desconfianza y desaliento en amplios sectores de la ciudadanía. Todo lo que luzca como privilegio debe ser explicado, sin que quede lugar a duda alguna. Veamos.
La Junta Departamental de Colonia, por mayoría de votos, resolvió fijar el sueldo del próximo Intendente en la suma de 283 mil pesos mensuales. Lo hizo tomando como referencia el sueldo de los senadores más las diferentes partidas para gastos que estos reciben. Los legisladores cobran un sueldo base de 109 mil pesos mensuales, mas 18 mil por gastos de representación, 78 mil para secretarios, otros 59 mil para secretarios del sector político, 14.280 para prensa y 3.727 para celulares.
¿Es necesario decir que la decisión de la Junta de Colonia fue criticada? Muchos la consideran fuera de lugar y proporción. El ex intendente Walter Zimmer, quien busca la reelección, afirmó que si gana no cobrará todas las partidas que acompañan al sueldo base. ¿Tiene más trabajo y responsabilidad un intendente o un senador? Depende de que intendente y de que senador. No todos trabajan por igual. Pero, en general, los sueldos a que nos referimos lucen, a primera vista, exagerados. Ello contrasta con el presidente José Mujica dando señales que convocan a la austeridad republicana, marcando que también se puede servir al país cobrando menos. ¿Los montos de los sueldos de los legisladores, intendentes, cargos de confianza, jerarcas de la administración y otros servidores públicos están en consonancia con la realidad de la pobreza y la marginalidad y con las posibilidades de un país con déficit y endeudado en miles de millones de dólares?
Los legisladores que no son reelectos y también los titulares de otros cargos de confianza que son sustituidos, cobran durante un año – hasta 1991 eran tres años - un subsidio o indemnización equivalente al 85% del sueldo mensual. Ello significa una cifra superior a los 92 mil pesos mensuales. Según informe publicado por El Observador, dicho beneficio lo perciben actualmente 44 ex legisladores, por lo que el Estado paga mensualmente casi 207 mil dólares. ¿Porqué un legislador que no resulta reelecto o que no es considerado por su partido para la reelección, deba ser indemnizado o subsidiado como si hubiera sido despedido? Pero sin entrar en esa polémica, cabe preguntarse porque un servidor público, - representante nacional o cargo de confianza-, deban percibir una indemnización mayor que la de cualquier uruguayo. En efecto, mientras el ex legislador cobra durante un año, el ciudadano común que es despedido tiene un máximo de seis meses. Mientras el ex legislador cobra mensualmente el 85% del sueldo en actividad, los ciudadanos comunes tienen un tope mensual y quitas que se inician en el 66% el primer mes, van descendiendo todos los meses, hasta llegar al 40% el sexto mes. Sin embargo, para el vicepresidente Danilo Astori dicho régimen, lejos de ser un privilegio indebido e injusto, constituye un ejemplo de “austeridad” (sic).
¿Usted qué opina? ¿Estos elementos que venimos de señalar, son justos, igualitarios, progresistas y democráticos? ¿Estos regímenes no rozan su sensibilidad social? En rigor ¿reflejan su pensamiento? Usted, que no fue consultado para otorgar esos beneficios, tiene derecho a opinar porque es su plata la que están repartiendo y porque es su voto el que deben respetar. Por todo ello, cuando nos enteramos que el ministro de relaciones exteriores, Luis Almagro, vive en El Pinar y viene todos los días a trabajar en ómnibus, nos sentimos reconfortados. No es el monto, es el gesto.
La actividad política concebida como un servicio público le otorga nobleza cívica y merecido prestigio. Cuando se la practica en beneficio de todos los habitantes, con sacrificio y entrega personal, es natural y lógico que ellos se hagan acreedores al reconocimiento de sus conciudadanos. Los hayan votado o no, sean o no de su mismo partido. El respeto que generan la dedicación y la entrega a una causa noble, sin otro interés que el servicio al bien común, explican y legitiman el prestigio bien ganado de los representantes del pueblo. De las buenas obras y el mejor ejemplo de sus fieles servidores se nutre y fortalece la democracia.
Pero cuando estas premisas y criterios se empiezan a desdibujar, se descuidan, caen en el olvido o, peor aún, cuando en las decisiones políticas el interés general es sustituido por el interés propio u otros intereses subalternos, no solo se viola y lesiona la confianza ciudadana sino que se trastoca y falsea el sentido democrático de la organización social y se comete grave daño institucional, vaciando de contenido a las instituciones.
Algunos hechos ponen a prueba al sistema, hacen dudar de la legitimidad de ciertos criterios, desafían el sentido común y provocan desconfianza y desaliento en amplios sectores de la ciudadanía. Todo lo que luzca como privilegio debe ser explicado, sin que quede lugar a duda alguna. Veamos.
La Junta Departamental de Colonia, por mayoría de votos, resolvió fijar el sueldo del próximo Intendente en la suma de 283 mil pesos mensuales. Lo hizo tomando como referencia el sueldo de los senadores más las diferentes partidas para gastos que estos reciben. Los legisladores cobran un sueldo base de 109 mil pesos mensuales, mas 18 mil por gastos de representación, 78 mil para secretarios, otros 59 mil para secretarios del sector político, 14.280 para prensa y 3.727 para celulares.
¿Es necesario decir que la decisión de la Junta de Colonia fue criticada? Muchos la consideran fuera de lugar y proporción. El ex intendente Walter Zimmer, quien busca la reelección, afirmó que si gana no cobrará todas las partidas que acompañan al sueldo base. ¿Tiene más trabajo y responsabilidad un intendente o un senador? Depende de que intendente y de que senador. No todos trabajan por igual. Pero, en general, los sueldos a que nos referimos lucen, a primera vista, exagerados. Ello contrasta con el presidente José Mujica dando señales que convocan a la austeridad republicana, marcando que también se puede servir al país cobrando menos. ¿Los montos de los sueldos de los legisladores, intendentes, cargos de confianza, jerarcas de la administración y otros servidores públicos están en consonancia con la realidad de la pobreza y la marginalidad y con las posibilidades de un país con déficit y endeudado en miles de millones de dólares?
Los legisladores que no son reelectos y también los titulares de otros cargos de confianza que son sustituidos, cobran durante un año – hasta 1991 eran tres años - un subsidio o indemnización equivalente al 85% del sueldo mensual. Ello significa una cifra superior a los 92 mil pesos mensuales. Según informe publicado por El Observador, dicho beneficio lo perciben actualmente 44 ex legisladores, por lo que el Estado paga mensualmente casi 207 mil dólares. ¿Porqué un legislador que no resulta reelecto o que no es considerado por su partido para la reelección, deba ser indemnizado o subsidiado como si hubiera sido despedido? Pero sin entrar en esa polémica, cabe preguntarse porque un servidor público, - representante nacional o cargo de confianza-, deban percibir una indemnización mayor que la de cualquier uruguayo. En efecto, mientras el ex legislador cobra durante un año, el ciudadano común que es despedido tiene un máximo de seis meses. Mientras el ex legislador cobra mensualmente el 85% del sueldo en actividad, los ciudadanos comunes tienen un tope mensual y quitas que se inician en el 66% el primer mes, van descendiendo todos los meses, hasta llegar al 40% el sexto mes. Sin embargo, para el vicepresidente Danilo Astori dicho régimen, lejos de ser un privilegio indebido e injusto, constituye un ejemplo de “austeridad” (sic).
¿Usted qué opina? ¿Estos elementos que venimos de señalar, son justos, igualitarios, progresistas y democráticos? ¿Estos regímenes no rozan su sensibilidad social? En rigor ¿reflejan su pensamiento? Usted, que no fue consultado para otorgar esos beneficios, tiene derecho a opinar porque es su plata la que están repartiendo y porque es su voto el que deben respetar. Por todo ello, cuando nos enteramos que el ministro de relaciones exteriores, Luis Almagro, vive en El Pinar y viene todos los días a trabajar en ómnibus, nos sentimos reconfortados. No es el monto, es el gesto.
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