¿QUIEN GENERA ALARMA PUBLICA?
Eduardo Héguy Terra
Desde el gobierno se acusa, otra vez, a los medios de comunicación. Ahora por generar alarma pública en el tratamiento que le dan a las noticias policiales. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se queja de la información sobre los secuestros “exprés”,- así denominados en la Argentina aludiendo a que las víctimas son elegidas al azar-, que han empezado a ocurrir en nuestro país. Y bien, es un hecho que han sucedido varios episodios delictivos de extrema violencia en los cuales se ha privado de libertad a personas que se encontraban en sus vehículos, para robarlos y más tarde invadir sus domicilios y rapiñar a sus otros parientes, manteniendo de rehén a alguna de las víctimas. Es el conocimiento de esos hechos concretos y repudiables lo que justificadamente genera alarma pública.
Yo conozco a una de las familias victima de estos delitos. Los delincuentes secuestraron a su hija de quince años, reteniéndola varias horas; luego fueron a su casa y atacaron a sus padres que dormían, poniéndole al padre una pistola en la cabeza. Al despertar se vieron enfrentados a tres hombres armados, uno de ellos encapuchado, metidos en su dormitorio. ¿Hace falta decir que la tremenda agresión sufrida los marcó para siempre? ¿Sorprende saber que padecen una grave conmoción emocional que ha cambiado sus existencias radicalmente? Viven con miedo, con todo lo que ello significa. Hechos como este son los que generan alarma pública. ¿Podría la prensa ocultarlos? No son los medios de comunicación sino los delitos los que generan alarma. Informar lo que ocurre es obligación de la prensa. Ello permite a la ciudadanía tomar algunas precauciones básicas. Si la televisión exagera innecesariamente la cobertura de algún delito, - aunque lo que se emite es una mínima parte de lo que ocurre a diario- con ello no se genera alarma sino, en todo caso, mal periodismo. Y, a la corta o a la larga, la gente advierte la diferencia entre morbo e información.
La alarma pública la generan los hechos, la realidad pura y dura, esa que nadie puede ocultar ni maquillar a su antojo. Cuando uno de los rapiñeros y secuestradores fue identificado nada menos que por cuatro personas, que lo reconocieron a la salida de un juzgado de menores, y pese a ello el juez lo dejó libre, se generó alarma pública. La gente se sintió desprotegida e impotente. Y no es consuelo que ese juez después fuera trasladado. Incluso hay una versión según la cual ese menor participó días después en un grave hecho de sangre. En esto deberían pensar los magistrados que se resisten a recluir a los menores infractores, negándoles la oportunidad de reeducarse. En lugar de intentar su rehabilitación los dejan sueltos, cuando lo más probable es que vuelvan a agredir a la sociedad. Se ha dicho que de esa manera se entiende aliviar el hacinamiento carcelario o evitarle al INAU la vergüenza de no poder retener a los menores internados.
Otro tanto sucede cuando se cometen delitos por quienes están en uso de salidas transitorias mal otorgadas. Estos criterios son peligrosos y generan alarma pública. Más allá de las buenas intenciones, la gente no se siente protegida. Y cuando se anuncia que para aliviar el hacinamiento de las cárceles, una vez más, insólitamente, se estudia la liberación anticipada de los presos, se está generando alarma pública. Uno siente injusta la reiteración alevosa de esta vía de escape al fondo del problema carcelario. Se le traslada a la sociedad una carga que es responsabilidad del gobierno. Hay que construir cárceles rápidamente, sin más demoras. Y, mientras tanto, proteger a la gente, lo que no se logra liberando anticipadamente a los presos. Cuando trasciende que podrían salir a la calle unos mil reclusos ¿no se está generando alarma pública? La sociedad ya no sabe qué hacer para que se respeten sus derechos. Pero si sabe que el 70% de los que salen de la cárcel, reinciden. Eso ¿no es fracaso? ¿Eso no genera alarma pública?
También se genera temor e inseguridad cuando se proyecta edificar en la proximidad de San Carlos, Maldonado, una cárcel regional, con todo lo que ello implica, a las puertas de la principal plaza turística del país. Alarma pública y preocupación en la ciudadanía, que así lo ha expresado claramente. También perplejidad y desconcierto por la falta de sentido común. Y cuando, ignorando la realidad que nos golpea diariamente, se mantiene una disposición legal que ordena destruir los antecedentes de los menores cuando llegan a la mayoría de edad o se niega la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad hasta los 16 años, tampoco se contribuye a la seguridad pública. Son, además, señales erróneas hacia el mundo del delito. Por todo esto, ojala se entienda, más pronto que tarde, que lo que no se hace o se hace mal no se arregla culpando a la prensa. Mientras tanto, entre La Nación y Timerman, me quedo con La Nación.
Desde el gobierno se acusa, otra vez, a los medios de comunicación. Ahora por generar alarma pública en el tratamiento que le dan a las noticias policiales. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se queja de la información sobre los secuestros “exprés”,- así denominados en la Argentina aludiendo a que las víctimas son elegidas al azar-, que han empezado a ocurrir en nuestro país. Y bien, es un hecho que han sucedido varios episodios delictivos de extrema violencia en los cuales se ha privado de libertad a personas que se encontraban en sus vehículos, para robarlos y más tarde invadir sus domicilios y rapiñar a sus otros parientes, manteniendo de rehén a alguna de las víctimas. Es el conocimiento de esos hechos concretos y repudiables lo que justificadamente genera alarma pública.
Yo conozco a una de las familias victima de estos delitos. Los delincuentes secuestraron a su hija de quince años, reteniéndola varias horas; luego fueron a su casa y atacaron a sus padres que dormían, poniéndole al padre una pistola en la cabeza. Al despertar se vieron enfrentados a tres hombres armados, uno de ellos encapuchado, metidos en su dormitorio. ¿Hace falta decir que la tremenda agresión sufrida los marcó para siempre? ¿Sorprende saber que padecen una grave conmoción emocional que ha cambiado sus existencias radicalmente? Viven con miedo, con todo lo que ello significa. Hechos como este son los que generan alarma pública. ¿Podría la prensa ocultarlos? No son los medios de comunicación sino los delitos los que generan alarma. Informar lo que ocurre es obligación de la prensa. Ello permite a la ciudadanía tomar algunas precauciones básicas. Si la televisión exagera innecesariamente la cobertura de algún delito, - aunque lo que se emite es una mínima parte de lo que ocurre a diario- con ello no se genera alarma sino, en todo caso, mal periodismo. Y, a la corta o a la larga, la gente advierte la diferencia entre morbo e información.
La alarma pública la generan los hechos, la realidad pura y dura, esa que nadie puede ocultar ni maquillar a su antojo. Cuando uno de los rapiñeros y secuestradores fue identificado nada menos que por cuatro personas, que lo reconocieron a la salida de un juzgado de menores, y pese a ello el juez lo dejó libre, se generó alarma pública. La gente se sintió desprotegida e impotente. Y no es consuelo que ese juez después fuera trasladado. Incluso hay una versión según la cual ese menor participó días después en un grave hecho de sangre. En esto deberían pensar los magistrados que se resisten a recluir a los menores infractores, negándoles la oportunidad de reeducarse. En lugar de intentar su rehabilitación los dejan sueltos, cuando lo más probable es que vuelvan a agredir a la sociedad. Se ha dicho que de esa manera se entiende aliviar el hacinamiento carcelario o evitarle al INAU la vergüenza de no poder retener a los menores internados.
Otro tanto sucede cuando se cometen delitos por quienes están en uso de salidas transitorias mal otorgadas. Estos criterios son peligrosos y generan alarma pública. Más allá de las buenas intenciones, la gente no se siente protegida. Y cuando se anuncia que para aliviar el hacinamiento de las cárceles, una vez más, insólitamente, se estudia la liberación anticipada de los presos, se está generando alarma pública. Uno siente injusta la reiteración alevosa de esta vía de escape al fondo del problema carcelario. Se le traslada a la sociedad una carga que es responsabilidad del gobierno. Hay que construir cárceles rápidamente, sin más demoras. Y, mientras tanto, proteger a la gente, lo que no se logra liberando anticipadamente a los presos. Cuando trasciende que podrían salir a la calle unos mil reclusos ¿no se está generando alarma pública? La sociedad ya no sabe qué hacer para que se respeten sus derechos. Pero si sabe que el 70% de los que salen de la cárcel, reinciden. Eso ¿no es fracaso? ¿Eso no genera alarma pública?
También se genera temor e inseguridad cuando se proyecta edificar en la proximidad de San Carlos, Maldonado, una cárcel regional, con todo lo que ello implica, a las puertas de la principal plaza turística del país. Alarma pública y preocupación en la ciudadanía, que así lo ha expresado claramente. También perplejidad y desconcierto por la falta de sentido común. Y cuando, ignorando la realidad que nos golpea diariamente, se mantiene una disposición legal que ordena destruir los antecedentes de los menores cuando llegan a la mayoría de edad o se niega la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad hasta los 16 años, tampoco se contribuye a la seguridad pública. Son, además, señales erróneas hacia el mundo del delito. Por todo esto, ojala se entienda, más pronto que tarde, que lo que no se hace o se hace mal no se arregla culpando a la prensa. Mientras tanto, entre La Nación y Timerman, me quedo con La Nación.
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