INFORMAR, INFORMAR E INFORMAR
Dr. Eduardo Heguy Terra
Ya estamos acostumbrados a las críticas de integrantes del gobierno hacia los medios de comunicación que no son oficialistas. Hace unos días el presidente José Mujica reiteró una de sus quejas más frecuentes: la relacionada con la información de la prensa sobre la inseguridad pública, que la sociedad padece a diario, acosada por delincuentes cada vez más audaces y violentos. Incluso – tómese nota atentamente -se vinculó este tema a la futura asignación de la publicidad oficial. La presión ya está instalada.
El fracaso del sistema es evidente para todos, y debería serlo también para los responsables directos de prevenir el delito y preservar la vida y los bienes de los ciudadanos. Sin embargo, algunos no comprenden que los medios de comunicación tienen el derecho de informar y el deber de hacerlo. Por eso, cuando la prensa y los criticados informativos de los canales, - los mismos a los que convoca el propio ministerio del interior para difundir los “mega operativos” –, dan cuenta de los delitos especialmente violentos, con muertos y heridos, no hacen otra cosa que cumplir con su obligación. No se puede ocultar la realidad que golpea. La gente debe estar advertida y todos tenemos derecho a exigir una gestión eficaz de las autoridades públicas.
Días atrás, en la misma jornada en la que dos comerciantes y un guardia de seguridad privada eran asesinados por rapiñeros, circulaba la versión, luego desmentida, de que el gobierno elaboraba un proyecto disponiendo la liberación de 1.500 presos. Sería un gravísimo error. Sabemos de los altos porcentajes de reincidencia, cercanos al 70%. La situación de las cárceles es desastrosa; al punto que esta realidad fue denunciada por enviados de la ONU primero y de la OEA después. Ante el hacinamiento, los gobiernos pueden recurrir a medidas extremas, como soltar presos en cantidades que asombran y preocupan. El ex ministro del interior José Díaz, que no fue el primero, liberó a cientos de reclusos durante la presidencia del doctor Tabaré Vazquez; ahora, el ministro Eduardo Bonomi, bajo presión de las circunstancias, podría incurrir en el mismo desacierto. Ojalá que no. Porque con medidas como esa la ciudadanía y las víctimas, especialmente quienes han perdido familiares o la propia salud a manos de la violencia criminal, se sienten dejados de lado. Si no fuera porque los medios de comunicación les dan visibilidad, estarían injustamente condenadas a sufrir en silencio. Hacen bien los medios en informar, veraz y seriamente. Aunque incomode al gobierno. Siempre ha sido así.
Unos días después de los hechos que mencionamos, mientras el presidente del INAU se lamentaba ante los periodistas de la resolución judicial solicitada por el fiscal Viana Reyes, que impide al organismo utilizar contenedores metálicos para alojar a menores, y afirmaba que se habían reducido a cero las fugas del instituto, en el mismo momento se conocía la fuga del Ricky, presunto homicida de un guardia de seguridad de un banco, afortunadamente atrapado poco después por personal del Semeji. Estas son noticias inocultables. Expresan la penosa realidad de la cual deben informar los medios de comunicación. Incluso mejorando las coberturas, sin desviaciones amarrillistas y dándole mayor participación a las víctimas. Víctimas que, de aprobarse el proyecto presentado por Vamos Uruguay, pronto contarán con un Estatuto especial que les otorgará respaldo jurídico, psicológico y económico para hacer frente a las consecuencias de la violencia padecida injustamente.
No pediremos que cesen las quejas gubernamentales sobre la actuación de la prensa, -ni en esta cuestión de la delincuencia ni en ninguna otra -, porque nos parece inútil, ya que luce como evidente que quejarse constituye una estrategia cultivada con particular esmero. No obstante haremos sí un reproche puramente periodístico a una forma de comunicación elegida por el presidente Mujica, en cuanto nos obliga a escuchar los jueves una radio privada, a la que privilegia en exclusividad, para enterarnos de sus reflexiones. ¿No sería mejor realizar periódicamente verdaderas conferencias de prensa, con todos los medios, con agenda abierta, con preguntas y repreguntas, sobre todos los temas de interés general? Son más exigentes, sin duda, pero el país estaría mejor informado, pues son más enriquecedoras que las declaraciones programadas o los mini reportajes “al paso”,- que se resuelven con un par de frases ingeniosas-, que son tan insuficientes como ajenos al mejor periodismo y que, sin embargo, se van haciendo una mala costumbre. Y contra esa mala costumbre, protestamos. Porque así se pierde transparencia, se aleja a la gente de la posibilidad de ser informada a cabalidad y se somete a los medios a constituirse en meros amplificadores de las consignas propagandísticas del gobierno. Limitar así el trabajo de la prensa es alejarla de la verdad y, por ello, es contrario al ejercicio pleno del derecho a la información de los uruguayos a cuyo servicio deben estar los medios. Por todo ello la respuesta del periodismo ante las críticas recurrentes que se le formulan desde el poder, debe ser informar, informar e informar.
Ya estamos acostumbrados a las críticas de integrantes del gobierno hacia los medios de comunicación que no son oficialistas. Hace unos días el presidente José Mujica reiteró una de sus quejas más frecuentes: la relacionada con la información de la prensa sobre la inseguridad pública, que la sociedad padece a diario, acosada por delincuentes cada vez más audaces y violentos. Incluso – tómese nota atentamente -se vinculó este tema a la futura asignación de la publicidad oficial. La presión ya está instalada.
El fracaso del sistema es evidente para todos, y debería serlo también para los responsables directos de prevenir el delito y preservar la vida y los bienes de los ciudadanos. Sin embargo, algunos no comprenden que los medios de comunicación tienen el derecho de informar y el deber de hacerlo. Por eso, cuando la prensa y los criticados informativos de los canales, - los mismos a los que convoca el propio ministerio del interior para difundir los “mega operativos” –, dan cuenta de los delitos especialmente violentos, con muertos y heridos, no hacen otra cosa que cumplir con su obligación. No se puede ocultar la realidad que golpea. La gente debe estar advertida y todos tenemos derecho a exigir una gestión eficaz de las autoridades públicas.
Días atrás, en la misma jornada en la que dos comerciantes y un guardia de seguridad privada eran asesinados por rapiñeros, circulaba la versión, luego desmentida, de que el gobierno elaboraba un proyecto disponiendo la liberación de 1.500 presos. Sería un gravísimo error. Sabemos de los altos porcentajes de reincidencia, cercanos al 70%. La situación de las cárceles es desastrosa; al punto que esta realidad fue denunciada por enviados de la ONU primero y de la OEA después. Ante el hacinamiento, los gobiernos pueden recurrir a medidas extremas, como soltar presos en cantidades que asombran y preocupan. El ex ministro del interior José Díaz, que no fue el primero, liberó a cientos de reclusos durante la presidencia del doctor Tabaré Vazquez; ahora, el ministro Eduardo Bonomi, bajo presión de las circunstancias, podría incurrir en el mismo desacierto. Ojalá que no. Porque con medidas como esa la ciudadanía y las víctimas, especialmente quienes han perdido familiares o la propia salud a manos de la violencia criminal, se sienten dejados de lado. Si no fuera porque los medios de comunicación les dan visibilidad, estarían injustamente condenadas a sufrir en silencio. Hacen bien los medios en informar, veraz y seriamente. Aunque incomode al gobierno. Siempre ha sido así.
Unos días después de los hechos que mencionamos, mientras el presidente del INAU se lamentaba ante los periodistas de la resolución judicial solicitada por el fiscal Viana Reyes, que impide al organismo utilizar contenedores metálicos para alojar a menores, y afirmaba que se habían reducido a cero las fugas del instituto, en el mismo momento se conocía la fuga del Ricky, presunto homicida de un guardia de seguridad de un banco, afortunadamente atrapado poco después por personal del Semeji. Estas son noticias inocultables. Expresan la penosa realidad de la cual deben informar los medios de comunicación. Incluso mejorando las coberturas, sin desviaciones amarrillistas y dándole mayor participación a las víctimas. Víctimas que, de aprobarse el proyecto presentado por Vamos Uruguay, pronto contarán con un Estatuto especial que les otorgará respaldo jurídico, psicológico y económico para hacer frente a las consecuencias de la violencia padecida injustamente.
No pediremos que cesen las quejas gubernamentales sobre la actuación de la prensa, -ni en esta cuestión de la delincuencia ni en ninguna otra -, porque nos parece inútil, ya que luce como evidente que quejarse constituye una estrategia cultivada con particular esmero. No obstante haremos sí un reproche puramente periodístico a una forma de comunicación elegida por el presidente Mujica, en cuanto nos obliga a escuchar los jueves una radio privada, a la que privilegia en exclusividad, para enterarnos de sus reflexiones. ¿No sería mejor realizar periódicamente verdaderas conferencias de prensa, con todos los medios, con agenda abierta, con preguntas y repreguntas, sobre todos los temas de interés general? Son más exigentes, sin duda, pero el país estaría mejor informado, pues son más enriquecedoras que las declaraciones programadas o los mini reportajes “al paso”,- que se resuelven con un par de frases ingeniosas-, que son tan insuficientes como ajenos al mejor periodismo y que, sin embargo, se van haciendo una mala costumbre. Y contra esa mala costumbre, protestamos. Porque así se pierde transparencia, se aleja a la gente de la posibilidad de ser informada a cabalidad y se somete a los medios a constituirse en meros amplificadores de las consignas propagandísticas del gobierno. Limitar así el trabajo de la prensa es alejarla de la verdad y, por ello, es contrario al ejercicio pleno del derecho a la información de los uruguayos a cuyo servicio deben estar los medios. Por todo ello la respuesta del periodismo ante las críticas recurrentes que se le formulan desde el poder, debe ser informar, informar e informar.
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