SEGURIDAD PUBLICA Y LEY PENAL (2)
Hemos dicho que hay más delincuentes y que los presos superan los 11 mil. Se sabe que, contrariamente a la teoría que afirma que una vez cumplida la pena los presos están rehabilitados para volver a la vida en sociedad, la realidad indica que más de dos tercios de los actuales reclusos reincidirán, volverán al delito.
Esto habla del fracaso absoluto del sistema penitenciario uruguayo, a cargo del ministerio del Interior (Bonomi-Vazquez) del gobierno del Frente Amplio que preside Tabaré Vazquez.
Existe hacinamiento. Muchos presos amontonados en poco espacio. Horas de ocio. Problemas de higiene y un largo etcétera de carencias. Es responsabilidad del gobierno construir más y mejores cárceles, de manera tal que sea posible intentar la rehabilitación de los presos.
Pero también es responsabilidad del sistema no liberar presos no rehabilitados, amparados en una legislación que ignora la realidad actual y en sentencias que se basan en supuestos inexistentes. Quien libera a un individuo que se sabe volverá a delinquir es, de alguna manera, responsable del daño que ese delincuentes le infiera a la sociedad. No puede ignorarse esta verdad por más tiempo. Los legisladores no pueden mirar para el costado, culpar a la Policía o sembrar dudas sobre los jueces.
El parlamento debe adecuar la legislación penal a la realidad del país. Y solo después estará en condiciones de juzgar a los otros poderes. Allí esta el nuevo código del proceso penal, que lejos de resolver alguno de los problemas actuales que padece la gente, los agrava.
Esto habla del fracaso absoluto del sistema penitenciario uruguayo, a cargo del ministerio del Interior (Bonomi-Vazquez) del gobierno del Frente Amplio que preside Tabaré Vazquez.
Existe hacinamiento. Muchos presos amontonados en poco espacio. Horas de ocio. Problemas de higiene y un largo etcétera de carencias. Es responsabilidad del gobierno construir más y mejores cárceles, de manera tal que sea posible intentar la rehabilitación de los presos.
Pero también es responsabilidad del sistema no liberar presos no rehabilitados, amparados en una legislación que ignora la realidad actual y en sentencias que se basan en supuestos inexistentes. Quien libera a un individuo que se sabe volverá a delinquir es, de alguna manera, responsable del daño que ese delincuentes le infiera a la sociedad. No puede ignorarse esta verdad por más tiempo. Los legisladores no pueden mirar para el costado, culpar a la Policía o sembrar dudas sobre los jueces.
El parlamento debe adecuar la legislación penal a la realidad del país. Y solo después estará en condiciones de juzgar a los otros poderes. Allí esta el nuevo código del proceso penal, que lejos de resolver alguno de los problemas actuales que padece la gente, los agrava.
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