¿QUIENES SON LOS PLATUDOS?
Eduardo Heguy Terra
Si un jubilado que gana 20 mil pesos por mes es, para el senador José Mujica, un “viejo platudo”, un legislador como el, que gana mas de cien mil ¿qué es? Resulta evidente e injusta la enorme diferencia que existe entre las remuneraciones que perciben los legisladores y otros servidores públicos y el sueldo promedio del resto de los ciudadanos uruguayos. Senadores y diputados, además de las partidas para gastos, cobran cifras que superan los cien mil pesos mensuales. Estos números están muy lejos de los salarios de los obreros y empleados del sector privado y de la mayor parte de los funcionarios públicos. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, las jubilaciones que esos legisladores perciben son también muy superiores a las del resto de los uruguayos.
No esta bien que en una sociedad democrática como la nuestra existan tales diferencias. Por varias razones. En primer lugar, porque quienes deciden esos sueldos tan altos, quienes los aprueban, serán beneficiados ellos mismos o sus colegas políticos. El sistema se retroalimenta. No hay distinción de colores en la aceptación de esta situación. Nosotros, los ciudadanos del llano, también nos vamos acostumbrando, anestesiando, resignando. Y no debe ser así. En una democracia, todas las desigualdades deben tener un fundamento de estricta justicia. En segundo lugar, choca a la sensibilidad igualitaria la existencia de un estamento privilegiado, constituido, paradójicamente, por quienes ocupan cargos públicos cuya existencia misma solo se justifica en el servicio al interés general, al bien común, a la gente. Y no al revés. En tercer lugar, porque el dinero que tan generosamente se distribuyen, sin controversia, es el dinero del pueblo. Es la plata que aportamos todos a través de los impuestos, cuya gravosa carga dobla las espaldas de muchos y asfixia las ilusiones de tantos jóvenes, empujándolos a irse al exterior.
No se puede omitir señalar que el senador Mujica, que califica a otros de platudos o cajetillas, cobra un sueldo de mas de cien mil pesos mensuales y varios miles de pesos más para otros gastos, vive con su señora, también legisladora, que gana otro tanto. Cabe presumir que más de doscientos mil pesos mensuales les resultaran suficientes para sobrevivir. Tan es así que una parte de esos suculentos ingresos los destinan a ayudar a sus amigos políticos. ¿No podrían servir para mejorar las pasividades mas bajas? ¿Porque no asumen el compromiso de reducirse los sueldos para la próxima legislatura, hasta niveles más acordes con las remuneraciones que percibe la inmensa mayoría de la población, a cuyo servicio se supone que están?
En una democracia autentica, en la que prevalezca la austeridad republicana y el espíritu de igualdad entre los ciudadanos, no deberían existir estas diferencias. Quienes tienen el encargo y la responsabilidad de lograr el progreso y el bienestar para todos los ciudadanos, deben ser los últimos en disfrutar de los beneficios de la recaudación fiscal, de los dineros públicos, generados a partir del trabajo de todos los uruguayos. No nos parece justo, ni conveniente de cara a la calidad ética de nuestro sistema representativo. No creo que lo deseen los representados, acosados por la contribución, la patente, el IVA, el IRPF, el precio de los combustibles y la inflación. Difícilmente estén de acuerdo con el doble discurso quienes emigraron o están pensando en hacerlo. Es duro ver como sus representantes se sitúan al margen de toda contingencia económica, por encima de los avatares con que la cortedad de los ingresos aflige a decenas de miles de familias uruguayas. Más bien coincidirá en que estos servidores públicos de alto rango presupuestal deben cobrar menos, atenderse obligatoriamente en los hospitales públicos y mandar a sus hijos a la escuela y a los liceos públicos. Muy probablemente se notarían mejoras en el corto plazo.
Estas injustas desigualdades retributivas, que en modo alguno reflejan el sentido democrático e igualitario que debe distinguir a nuestra republica, pueden y deben ser corregidas. No es bueno, para un país que tiene 900 mil pobres y 167 mil indigentes, la existencia de un reducido elenco de funcionarios privilegiados y de legisladores “platudos”, para usar la misma expresión que, sin razón ni fundamento, utilizo para referirse a los indefensos jubilados el renombrado y poderoso senador del partido gobernante. Y ya que el Frente Amplio cuenta con mayoría en ambas cámaras, ¿no podrá promover reformas equitativas e igualitarias, como la de bajar los sueldos de los legisladores y funcionarios políticos hasta niveles compatibles con el propio discurso de la izquierda nacional? Este si seria un cambio revolucionario. Y progresista.
Si un jubilado que gana 20 mil pesos por mes es, para el senador José Mujica, un “viejo platudo”, un legislador como el, que gana mas de cien mil ¿qué es? Resulta evidente e injusta la enorme diferencia que existe entre las remuneraciones que perciben los legisladores y otros servidores públicos y el sueldo promedio del resto de los ciudadanos uruguayos. Senadores y diputados, además de las partidas para gastos, cobran cifras que superan los cien mil pesos mensuales. Estos números están muy lejos de los salarios de los obreros y empleados del sector privado y de la mayor parte de los funcionarios públicos. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, las jubilaciones que esos legisladores perciben son también muy superiores a las del resto de los uruguayos.
No esta bien que en una sociedad democrática como la nuestra existan tales diferencias. Por varias razones. En primer lugar, porque quienes deciden esos sueldos tan altos, quienes los aprueban, serán beneficiados ellos mismos o sus colegas políticos. El sistema se retroalimenta. No hay distinción de colores en la aceptación de esta situación. Nosotros, los ciudadanos del llano, también nos vamos acostumbrando, anestesiando, resignando. Y no debe ser así. En una democracia, todas las desigualdades deben tener un fundamento de estricta justicia. En segundo lugar, choca a la sensibilidad igualitaria la existencia de un estamento privilegiado, constituido, paradójicamente, por quienes ocupan cargos públicos cuya existencia misma solo se justifica en el servicio al interés general, al bien común, a la gente. Y no al revés. En tercer lugar, porque el dinero que tan generosamente se distribuyen, sin controversia, es el dinero del pueblo. Es la plata que aportamos todos a través de los impuestos, cuya gravosa carga dobla las espaldas de muchos y asfixia las ilusiones de tantos jóvenes, empujándolos a irse al exterior.
No se puede omitir señalar que el senador Mujica, que califica a otros de platudos o cajetillas, cobra un sueldo de mas de cien mil pesos mensuales y varios miles de pesos más para otros gastos, vive con su señora, también legisladora, que gana otro tanto. Cabe presumir que más de doscientos mil pesos mensuales les resultaran suficientes para sobrevivir. Tan es así que una parte de esos suculentos ingresos los destinan a ayudar a sus amigos políticos. ¿No podrían servir para mejorar las pasividades mas bajas? ¿Porque no asumen el compromiso de reducirse los sueldos para la próxima legislatura, hasta niveles más acordes con las remuneraciones que percibe la inmensa mayoría de la población, a cuyo servicio se supone que están?
En una democracia autentica, en la que prevalezca la austeridad republicana y el espíritu de igualdad entre los ciudadanos, no deberían existir estas diferencias. Quienes tienen el encargo y la responsabilidad de lograr el progreso y el bienestar para todos los ciudadanos, deben ser los últimos en disfrutar de los beneficios de la recaudación fiscal, de los dineros públicos, generados a partir del trabajo de todos los uruguayos. No nos parece justo, ni conveniente de cara a la calidad ética de nuestro sistema representativo. No creo que lo deseen los representados, acosados por la contribución, la patente, el IVA, el IRPF, el precio de los combustibles y la inflación. Difícilmente estén de acuerdo con el doble discurso quienes emigraron o están pensando en hacerlo. Es duro ver como sus representantes se sitúan al margen de toda contingencia económica, por encima de los avatares con que la cortedad de los ingresos aflige a decenas de miles de familias uruguayas. Más bien coincidirá en que estos servidores públicos de alto rango presupuestal deben cobrar menos, atenderse obligatoriamente en los hospitales públicos y mandar a sus hijos a la escuela y a los liceos públicos. Muy probablemente se notarían mejoras en el corto plazo.
Estas injustas desigualdades retributivas, que en modo alguno reflejan el sentido democrático e igualitario que debe distinguir a nuestra republica, pueden y deben ser corregidas. No es bueno, para un país que tiene 900 mil pobres y 167 mil indigentes, la existencia de un reducido elenco de funcionarios privilegiados y de legisladores “platudos”, para usar la misma expresión que, sin razón ni fundamento, utilizo para referirse a los indefensos jubilados el renombrado y poderoso senador del partido gobernante. Y ya que el Frente Amplio cuenta con mayoría en ambas cámaras, ¿no podrá promover reformas equitativas e igualitarias, como la de bajar los sueldos de los legisladores y funcionarios políticos hasta niveles compatibles con el propio discurso de la izquierda nacional? Este si seria un cambio revolucionario. Y progresista.
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