LA TRAGEDIA DE ROCHA
Eduardo Héguy Terra
En las cárceles uruguayas, dependientes del ministerio del Interior, en el 2008 murieron, violentamente, apuñalados, 12 reclusos. En el 2009 los muertos ascendieron a 24 presos, el doble que el año anterior. En el 2010 la macabra estadística sigue elevándose, ahora a consecuencia del horrendo drama protagonizado por los 12 muertos y cinco heridos en el incendio de la cárcel de Rocha.
La Justicia investiga presuntas responsabilidades de la guardia penitenciaria, - en ese momento solo había una guardia de ocho policías para vigilar 130 reclusos-, así como la eficacia de su respuesta ante el incendio – al parecer solo había dos extintores y ambos estaban sin carga -, y la eventual demora en abrir la puerta de la celda en la que se hallaban recluidos 20 detenidos en un espacio cuyas dimensiones solo toleraban un máximo de 8. Más de dos mil reclusos de varias cárceles resolvieron realizar una huelga de hambre para reclamar sanciones para el responsable de la guardia. A su vez, el sindicato policial pidió renuncias, apoyó a sus integrantes y reivindicó sus reiterados reclamos por las penosas condiciones en las que los encargados de vigilancia en las cárceles deben realizar su labor. Para completar el panorama, el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, presentó un informe sobre el drama en el que viven los establecimientos y aconsejando medidas, de aplicación inmediata y muy bajo costo, para evitar la reiteración de incendios, dado que un 80% de la población carcelaria continúa en situación de alto riesgo.
En ese clima y contexto, fue aprobada el martes una ley de emergencia carcelaria. A la espera del Presupuesto Nacional, por esta norma se dispondrá de recursos para mitigar algunas de las necesidades mas urgentes, tanto locativas como de personal especializado. Es una buena noticia. Pero bien sabemos que de nada sirve una ley si se demora o falla en su aplicación. De nada sirve comprar extintores si luego no se cargan.
Desde hace largo tiempo todos sabemos de las condiciones inhumanas a que se ven sometidos los presos, recluidos en establecimientos en los que la vida no tiene garantías y en donde el lapidario informe del enviado de Naciones Unidas, Manfred Novack, declarando una emergencia humanitaria, seguramente despertó a muchos a la cruda y vergonzosa realidad. Desde esta misma tribuna y en más de una oportunidad, nos preguntamos si no hay responsables administrativos y políticos de estas flagrantes violaciones a los derechos humanos. ¿No los hay también de las omisiones y dilaciones y de sus trágicas consecuencias? El 25 de setiembre de 2009 señalábamos que no era por falta de recursos que no se había encarado una enérgica política carcelaria y la construcción de nuevas cárceles; y el 15 de enero pasado reiterábamos si en esas muertes no hay una corresponsabilidad de quienes están a cargo del área de la seguridad pública. Dadas las trágicas circunstancias hoy volvemos a preguntar ¿nadie se siente responsable por no haber sabido o no haber podido mejorar a tiempo las condiciones de seguridad en los establecimientos penitenciarios?
La Cámara de Diputados resolvió llamar a sala al ministro del Interior y el Partido Nacional considera su interpelación. Eduardo Bonomi dará sus explicaciones. Se enfrentarán oficialismo frenteamplista y oposición. Cada cual buscará sacar el mejor provecho de ese duelo retórico. Pero el partido de gobierno tiene mayoría, por lo cual se tratará de un mero ejercicio político que no tendrá mayores consecuencias, más allá de mantener el tema sobre la mesa unos días más. ¿Y después? Con el tiempo, ¿volverán la indiferencia y el olvido? ¿Continuarán las omisiones, las muertes, el silencio?
El sistema político del país tiene una inocultable deuda con los más de 9.000 reclusos que viven en condiciones inhumanas, “peor que animales”. Pero también con la ciudadanía toda. Porque no hay que ser muy lúcido para advertir que, en un mañana más o menos cercano, una vez afuera de esas verdaderas escuelas de delincuencia, muchos de ellos volverán al delito. Cargados de odio y llenos de resentimiento. Y no todos los ciudadanos pueden disponer de vigilancia privada, guardaespaldas, rejas, alarmas y perros entrenados. Aunque muchos de ellos, cada vez mas, recurren a las armas, piensan en la legítima defensa y aun en ejercer la justicia por mano propia. Revertir ese estado de cosas y el clima espiritual que ello genera, también es, debe ser responsabilidad prioritaria e ineludible de las autoridades. Sin importar del partido que sean. La alegría, el prestigio, el orgullo y el espíritu de unidad que nos trajo de Sudáfrica la delegación celeste debería servirnos de ejemplo, de impulso vital, para resolver este grave problema y revertir lo que constituye una tremenda injusticia, degradante de la condición humana y verdadero motivo de verguenza nacional.
En las cárceles uruguayas, dependientes del ministerio del Interior, en el 2008 murieron, violentamente, apuñalados, 12 reclusos. En el 2009 los muertos ascendieron a 24 presos, el doble que el año anterior. En el 2010 la macabra estadística sigue elevándose, ahora a consecuencia del horrendo drama protagonizado por los 12 muertos y cinco heridos en el incendio de la cárcel de Rocha.
La Justicia investiga presuntas responsabilidades de la guardia penitenciaria, - en ese momento solo había una guardia de ocho policías para vigilar 130 reclusos-, así como la eficacia de su respuesta ante el incendio – al parecer solo había dos extintores y ambos estaban sin carga -, y la eventual demora en abrir la puerta de la celda en la que se hallaban recluidos 20 detenidos en un espacio cuyas dimensiones solo toleraban un máximo de 8. Más de dos mil reclusos de varias cárceles resolvieron realizar una huelga de hambre para reclamar sanciones para el responsable de la guardia. A su vez, el sindicato policial pidió renuncias, apoyó a sus integrantes y reivindicó sus reiterados reclamos por las penosas condiciones en las que los encargados de vigilancia en las cárceles deben realizar su labor. Para completar el panorama, el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, presentó un informe sobre el drama en el que viven los establecimientos y aconsejando medidas, de aplicación inmediata y muy bajo costo, para evitar la reiteración de incendios, dado que un 80% de la población carcelaria continúa en situación de alto riesgo.
En ese clima y contexto, fue aprobada el martes una ley de emergencia carcelaria. A la espera del Presupuesto Nacional, por esta norma se dispondrá de recursos para mitigar algunas de las necesidades mas urgentes, tanto locativas como de personal especializado. Es una buena noticia. Pero bien sabemos que de nada sirve una ley si se demora o falla en su aplicación. De nada sirve comprar extintores si luego no se cargan.
Desde hace largo tiempo todos sabemos de las condiciones inhumanas a que se ven sometidos los presos, recluidos en establecimientos en los que la vida no tiene garantías y en donde el lapidario informe del enviado de Naciones Unidas, Manfred Novack, declarando una emergencia humanitaria, seguramente despertó a muchos a la cruda y vergonzosa realidad. Desde esta misma tribuna y en más de una oportunidad, nos preguntamos si no hay responsables administrativos y políticos de estas flagrantes violaciones a los derechos humanos. ¿No los hay también de las omisiones y dilaciones y de sus trágicas consecuencias? El 25 de setiembre de 2009 señalábamos que no era por falta de recursos que no se había encarado una enérgica política carcelaria y la construcción de nuevas cárceles; y el 15 de enero pasado reiterábamos si en esas muertes no hay una corresponsabilidad de quienes están a cargo del área de la seguridad pública. Dadas las trágicas circunstancias hoy volvemos a preguntar ¿nadie se siente responsable por no haber sabido o no haber podido mejorar a tiempo las condiciones de seguridad en los establecimientos penitenciarios?
La Cámara de Diputados resolvió llamar a sala al ministro del Interior y el Partido Nacional considera su interpelación. Eduardo Bonomi dará sus explicaciones. Se enfrentarán oficialismo frenteamplista y oposición. Cada cual buscará sacar el mejor provecho de ese duelo retórico. Pero el partido de gobierno tiene mayoría, por lo cual se tratará de un mero ejercicio político que no tendrá mayores consecuencias, más allá de mantener el tema sobre la mesa unos días más. ¿Y después? Con el tiempo, ¿volverán la indiferencia y el olvido? ¿Continuarán las omisiones, las muertes, el silencio?
El sistema político del país tiene una inocultable deuda con los más de 9.000 reclusos que viven en condiciones inhumanas, “peor que animales”. Pero también con la ciudadanía toda. Porque no hay que ser muy lúcido para advertir que, en un mañana más o menos cercano, una vez afuera de esas verdaderas escuelas de delincuencia, muchos de ellos volverán al delito. Cargados de odio y llenos de resentimiento. Y no todos los ciudadanos pueden disponer de vigilancia privada, guardaespaldas, rejas, alarmas y perros entrenados. Aunque muchos de ellos, cada vez mas, recurren a las armas, piensan en la legítima defensa y aun en ejercer la justicia por mano propia. Revertir ese estado de cosas y el clima espiritual que ello genera, también es, debe ser responsabilidad prioritaria e ineludible de las autoridades. Sin importar del partido que sean. La alegría, el prestigio, el orgullo y el espíritu de unidad que nos trajo de Sudáfrica la delegación celeste debería servirnos de ejemplo, de impulso vital, para resolver este grave problema y revertir lo que constituye una tremenda injusticia, degradante de la condición humana y verdadero motivo de verguenza nacional.
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