LA PANTALLA CUESTIONADA
Dr. Eduardo Héguy Terra
Los medios de comunicación, además del derecho inalienable a la libertad y dignidad inherentes al buen periodismo, tienen deberes y responsabilidades sociales, culturales, políticas, jurídicas y deontológicas para con la sociedad. Es oportuno reafirmarlo cuando se pretende condicionar la adjudicación de la publicidad oficial a la manera como la prensa informe sobre la delincuencia. Como era de esperar esos planteos merecieron respuesta de los periódicos en editoriales y columnas; la radiodifusión lo hizo a través de Andebu, y no faltaron opiniones de dirigentes políticos. También hubo llamativos silencios. ¿La presión oficial comienza a dar sus frutos? Es oportuno reivindicar, una vez más, el derecho a la información y el deber de informar ¿Cómo ignorar los muertos o disimular más de 8.000 rapiñas en el primer semestre de 2011? ¿Y las mil fugas del INAU el año pasado? ¿Se imaginan la extensión de la crónica policial si se diera noticia de los 51.997 hurtos y los 70.198 delitos contra la propiedad?
En el mensaje del presidente Jose Mujica al planteo de la publicidad oficial, se le suman referencias a ciertos valores que los medios de comunicación deberían promover para evitar que los jóvenes se conviertan en delincuentes. ¿A qué valores se refiere? ¿Los valores de quien? Es sabido que las relaciones entre el poder político y los medios de comunicación social son difíciles, complejas, en ocasiones tensas y casi siempre polémicas. Pero la reiterada acusación de parcialidad informativa formulada por el gobierno y ahora su pretendida tutoría informativa configuran un episodio grave que obliga a no tomar a la ligera estas presiones que terminan por enturbiar la normal actividad periodística.
En tal escenario es necesario no perder de vista la vulnerabilidad económica de las empresas privadas de comunicación, puesto que, a diferencia de los medios públicos, dependen de sus anunciantes y lectores para financiar su actividad. Dado lo reducido del mercado, la fuerte competencia y el enorme peso del Estado, la publicidad oficial constituye parte fundamental de los ingresos de muchos medios. Amenazar con retirarla es una coacción indebida y sin precedentes. Es bien sabido que al poder nunca le parece suficiente el destaque que se le da a sus acciones, ni bastante el elogio que reciben sus ideas y su gestión y no faltan quienes pretenden se disimulen o silencien sus errores y fracasos, confundiendo información periodística con la mas descarnada propaganda oficialista. No es nuevo que se quiera utilizar la publicidad oficial como parte de un sistema de premios y castigos para asegurarse una prensa adepta, complaciente, sometida o, lo que es peor, autocensurada.
De ahí que, en orden a poner al periodismo a resguardo de arbitrariedades del poder, como la utilización de la publicidad o la adjudicación de frecuencias de radiodifusión como armas para influir o controlar los contenidos, hay quienes, con la mejor intención, se plantean establecer normas tutelares, además de las ya consagradas en la Constitución, conteniendo unos criterios cualitativos y cuantitativos a los cuales deberían ceñirse todas las autoridades públicas. La propuesta es tentadora. Sin embargo, en las actuales circunstancias, una iniciativa de tales características, por razones de oportunidad y los riesgos que conlleva, debe ser analizada con prudencia extrema.
Los medios disponen de un fabuloso arsenal tecnológico que pone el mundo a nuestro alcance. Es un hecho incuestionable que a través de los medios se produce, de manera constante, una profunda influencia cultural en la sociedad. Sin embargo, la gran cuestión de fondo es saber si esa formidable fuerza tecnológica se proyecta siempre de manera positiva, si se concreta en la realidad como un bien social y cultural deseable y perdurable. Lo cierto es que frecuentemente se cuestionan los contenidos, especialmente en la televisión. Algunos programas importados de la argentina constituyen un ejemplo de ello. Es así que muchos dudan del buen uso de los medios y ponen en tela de juicio el sentido de responsabilidad social de quienes dirigen a las empresas periodísticas. Andebu tiene en esta materia, desde 1992, una Declaración de Principios con pautas de gran interés, cuya lectura recomiendo. A la hora del análisis, la autocritica no debe, no puede estar ausente en la consideración de esta delicada materia. No todo está bien. Muchas son las cosas que pueden mejorarse. La crónica roja debe ser vista en blanco y negro. Amarillismo no. La ética tiene un papel decisivo que desempeñar.
En estos tiempos cada vez mas complejos, si no fortalecemos principios y valores, - los asumidos voluntariamente como nuestros y no los que pretenda el gobierno-, si no apoyamos el respeto de orden jurídico y de los derechos fundamentales, si no apostamos a la calidad de las personas, a su cultura y solvencia profesional, si no reafirmamos el compromiso moral y ético en la permanente búsqueda de la excelencia en todos los planos, si somos omisos en asumir obligaciones y responsabilidades o si no defendemos nuestros derechos, entonces, consolidado el “crepúsculo del deber”, a nadie podremos culpar de nuestro propio ocaso y decadencia.
Los medios de comunicación, además del derecho inalienable a la libertad y dignidad inherentes al buen periodismo, tienen deberes y responsabilidades sociales, culturales, políticas, jurídicas y deontológicas para con la sociedad. Es oportuno reafirmarlo cuando se pretende condicionar la adjudicación de la publicidad oficial a la manera como la prensa informe sobre la delincuencia. Como era de esperar esos planteos merecieron respuesta de los periódicos en editoriales y columnas; la radiodifusión lo hizo a través de Andebu, y no faltaron opiniones de dirigentes políticos. También hubo llamativos silencios. ¿La presión oficial comienza a dar sus frutos? Es oportuno reivindicar, una vez más, el derecho a la información y el deber de informar ¿Cómo ignorar los muertos o disimular más de 8.000 rapiñas en el primer semestre de 2011? ¿Y las mil fugas del INAU el año pasado? ¿Se imaginan la extensión de la crónica policial si se diera noticia de los 51.997 hurtos y los 70.198 delitos contra la propiedad?
En el mensaje del presidente Jose Mujica al planteo de la publicidad oficial, se le suman referencias a ciertos valores que los medios de comunicación deberían promover para evitar que los jóvenes se conviertan en delincuentes. ¿A qué valores se refiere? ¿Los valores de quien? Es sabido que las relaciones entre el poder político y los medios de comunicación social son difíciles, complejas, en ocasiones tensas y casi siempre polémicas. Pero la reiterada acusación de parcialidad informativa formulada por el gobierno y ahora su pretendida tutoría informativa configuran un episodio grave que obliga a no tomar a la ligera estas presiones que terminan por enturbiar la normal actividad periodística.
En tal escenario es necesario no perder de vista la vulnerabilidad económica de las empresas privadas de comunicación, puesto que, a diferencia de los medios públicos, dependen de sus anunciantes y lectores para financiar su actividad. Dado lo reducido del mercado, la fuerte competencia y el enorme peso del Estado, la publicidad oficial constituye parte fundamental de los ingresos de muchos medios. Amenazar con retirarla es una coacción indebida y sin precedentes. Es bien sabido que al poder nunca le parece suficiente el destaque que se le da a sus acciones, ni bastante el elogio que reciben sus ideas y su gestión y no faltan quienes pretenden se disimulen o silencien sus errores y fracasos, confundiendo información periodística con la mas descarnada propaganda oficialista. No es nuevo que se quiera utilizar la publicidad oficial como parte de un sistema de premios y castigos para asegurarse una prensa adepta, complaciente, sometida o, lo que es peor, autocensurada.
De ahí que, en orden a poner al periodismo a resguardo de arbitrariedades del poder, como la utilización de la publicidad o la adjudicación de frecuencias de radiodifusión como armas para influir o controlar los contenidos, hay quienes, con la mejor intención, se plantean establecer normas tutelares, además de las ya consagradas en la Constitución, conteniendo unos criterios cualitativos y cuantitativos a los cuales deberían ceñirse todas las autoridades públicas. La propuesta es tentadora. Sin embargo, en las actuales circunstancias, una iniciativa de tales características, por razones de oportunidad y los riesgos que conlleva, debe ser analizada con prudencia extrema.
Los medios disponen de un fabuloso arsenal tecnológico que pone el mundo a nuestro alcance. Es un hecho incuestionable que a través de los medios se produce, de manera constante, una profunda influencia cultural en la sociedad. Sin embargo, la gran cuestión de fondo es saber si esa formidable fuerza tecnológica se proyecta siempre de manera positiva, si se concreta en la realidad como un bien social y cultural deseable y perdurable. Lo cierto es que frecuentemente se cuestionan los contenidos, especialmente en la televisión. Algunos programas importados de la argentina constituyen un ejemplo de ello. Es así que muchos dudan del buen uso de los medios y ponen en tela de juicio el sentido de responsabilidad social de quienes dirigen a las empresas periodísticas. Andebu tiene en esta materia, desde 1992, una Declaración de Principios con pautas de gran interés, cuya lectura recomiendo. A la hora del análisis, la autocritica no debe, no puede estar ausente en la consideración de esta delicada materia. No todo está bien. Muchas son las cosas que pueden mejorarse. La crónica roja debe ser vista en blanco y negro. Amarillismo no. La ética tiene un papel decisivo que desempeñar.
En estos tiempos cada vez mas complejos, si no fortalecemos principios y valores, - los asumidos voluntariamente como nuestros y no los que pretenda el gobierno-, si no apoyamos el respeto de orden jurídico y de los derechos fundamentales, si no apostamos a la calidad de las personas, a su cultura y solvencia profesional, si no reafirmamos el compromiso moral y ético en la permanente búsqueda de la excelencia en todos los planos, si somos omisos en asumir obligaciones y responsabilidades o si no defendemos nuestros derechos, entonces, consolidado el “crepúsculo del deber”, a nadie podremos culpar de nuestro propio ocaso y decadencia.
Comentarios