ANCAP: Y LA OPOSICIÓN TENIA RAZÓN
Cuando los partidos de la oposición - blancos, colorados, independientes y unidad popular - culminada la comisión investigadora sobre la actuación del directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), entre los años 2010 y 2015, decidieron presentar el caso a la Justicia y formular varias denuncias penales, la reacción del oficialismo y del Frente Amplio fue la de cuestionar la seriedad de dichas acusaciones y , a la vez, atribuir a los denunciantes propósitos políticos menores. Pero el tiempo le dio la razón a la oposición.
Es así que en estos días se conoció el dictámen del fiscal Pacheco y su solicitud de procesamiento para 9 personas, entre directores y jerarcas tanto de ANCAP como de ALUR. Entre ellos se encuentra el ex presidente de la república Raúl Sendic.
Llamó la atención que el pedido de procesamiento, extensamente fundamentado, lo fuera sin prisión en todos los casos, dado que se imputaban múltiples delitos de abuso de funciones, además de peculado y estafa.
Como llegó el fiscal Luis Pacheco a esta conclusión? Pese a que los procesamientos en este caso deben regularse por el viejo Código de Procedimiento Penal, Pacheco consideró aplicable una norma más benigna contenida en el nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP). Es así que, a partir de este dictamen fiscal, y según manifestaciones de la propia magistrada competente en el caso, la Dra. Larrieu, nadie irá preso, puesto que, de acuerdo al viejo código (aunque se haya invocado el nuevo) que es el que rige en estos casos a estudio, la magistrada no puede ir mas allá de lo solicitado por el fiscal actuante.
Por tanto, tras todo este episodio escandaloso, de enormes perjuicios para el ente del Estado y para la ciudadanía toda, obligada a pagar tarifas de combustibles extremadamente onerosas para salvar las finanzas del ente público, nadie irá a prisión. Y nadie devolverá lo perdido. La defensa agradecida. Los imputados, aliviados.
Como es natural, la ciudadanía ha quedado perpleja. Los denunciantes, en un primer momento mostraron su satisfacción de que, en muchos pasajes, el dictamen fiscal, con abundantes fundamentos, les daba razón a sus reclamos. Pero luego, a medida que pasaban las horas, fueron tomando conciencia de los efectos y alcances del pedido de procesamiento sin prisión. La defensa de los procesados, agradecida, satisfecha. Los procesados, aliviados. Como también parece estarlo la fuerza política a la que pertenece Raúl Sendic.
Falta por ver lo que disponga la magistrada actuante respecto a los procesamientos solicitados. También debe tenerse en cuenta que las investigaciones continúan y que pueden surgir novedades.
Es el caso de las denuncias contra el senador frenteamplista (lista 711), Leonardo De León, respecto a las cuales el fiscal Pacheco manifestó estar a la espera del pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Etica Pública (JUTEP), luego del cual dictaminará.
No nos queda mas que esperar. Aunque no podemos evitar preguntarnos si el fiscal Pacheco era conciente de los efectos de su pedido de procesamientos sin prisión, sobre las facultades de la jueza Beatriz Larrieu en esta instancia. O si, por el contrario, al optar por aplicar parte del nuevo Código de Procedimiento Penal en unas actuaciones que deben regirse por el viejo código simplemente incurrió, por inadvertencia, en un error de enormes consecuencias. Lo cierto es que pudo guardar silencio sobre la prisión o no de los procesados y dejar ese punto en manos de la magistrada. Pero no lo hizo.
Ahora, ya es tarde.
Es así que en estos días se conoció el dictámen del fiscal Pacheco y su solicitud de procesamiento para 9 personas, entre directores y jerarcas tanto de ANCAP como de ALUR. Entre ellos se encuentra el ex presidente de la república Raúl Sendic.
Llamó la atención que el pedido de procesamiento, extensamente fundamentado, lo fuera sin prisión en todos los casos, dado que se imputaban múltiples delitos de abuso de funciones, además de peculado y estafa.
Como llegó el fiscal Luis Pacheco a esta conclusión? Pese a que los procesamientos en este caso deben regularse por el viejo Código de Procedimiento Penal, Pacheco consideró aplicable una norma más benigna contenida en el nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP). Es así que, a partir de este dictamen fiscal, y según manifestaciones de la propia magistrada competente en el caso, la Dra. Larrieu, nadie irá preso, puesto que, de acuerdo al viejo código (aunque se haya invocado el nuevo) que es el que rige en estos casos a estudio, la magistrada no puede ir mas allá de lo solicitado por el fiscal actuante.
Por tanto, tras todo este episodio escandaloso, de enormes perjuicios para el ente del Estado y para la ciudadanía toda, obligada a pagar tarifas de combustibles extremadamente onerosas para salvar las finanzas del ente público, nadie irá a prisión. Y nadie devolverá lo perdido. La defensa agradecida. Los imputados, aliviados.
Como es natural, la ciudadanía ha quedado perpleja. Los denunciantes, en un primer momento mostraron su satisfacción de que, en muchos pasajes, el dictamen fiscal, con abundantes fundamentos, les daba razón a sus reclamos. Pero luego, a medida que pasaban las horas, fueron tomando conciencia de los efectos y alcances del pedido de procesamiento sin prisión. La defensa de los procesados, agradecida, satisfecha. Los procesados, aliviados. Como también parece estarlo la fuerza política a la que pertenece Raúl Sendic.
Falta por ver lo que disponga la magistrada actuante respecto a los procesamientos solicitados. También debe tenerse en cuenta que las investigaciones continúan y que pueden surgir novedades.
Es el caso de las denuncias contra el senador frenteamplista (lista 711), Leonardo De León, respecto a las cuales el fiscal Pacheco manifestó estar a la espera del pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Etica Pública (JUTEP), luego del cual dictaminará.
No nos queda mas que esperar. Aunque no podemos evitar preguntarnos si el fiscal Pacheco era conciente de los efectos de su pedido de procesamientos sin prisión, sobre las facultades de la jueza Beatriz Larrieu en esta instancia. O si, por el contrario, al optar por aplicar parte del nuevo Código de Procedimiento Penal en unas actuaciones que deben regirse por el viejo código simplemente incurrió, por inadvertencia, en un error de enormes consecuencias. Lo cierto es que pudo guardar silencio sobre la prisión o no de los procesados y dejar ese punto en manos de la magistrada. Pero no lo hizo.
Ahora, ya es tarde.
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