POR PUDOR DEMOCRÁTICO
Dr. Eduardo Heguy Terra
Si gobierno democrático aun significa en el Uruguay el gobierno del pueblo y para el pueblo, ese tipo de gobierno que no debería dar lugar en su seno a focos oligárquicos construidos con los dineros del pueblo, entonces hay algunas cosas que deberían corregirse. Es evidente que la situación económica no es tan buena como las autoridades gubernamentales gustan de presentarla. Si así fuera, no se entendería porque les cobran impuestos a los jubilados. No obstante, hay incongruencias que saltan a la vista. Por un lado, con una mano, el Estado les otorga a los jubilados, tomando de lo mucho que aportaron a lo largo de sus vidas, una cantidad de dinero insuficiente para hacer frente a sus necesidades; y, por el otro lado, con la otra mano, ese mismo Estado, a través de los tributos, les quita una parte de ese dinero. ¿Verdad que luce absurdo?
Esta doble y contradictoria actitud estatal solo se explica – no justifica – a partir de los enormes presupuestos de gastos, barril sin fondo de los gobiernos, especialmente en cercanías electorales, así como de un sistema jubilatorio deficiente, desfinanciado, que no puede sostenerse por si mismo y que apela constantemente a los recursos de rentas generales. En definitiva, la plata no alcanza. Lo cual, naturalmente, debería ser corregido y corregido de inmediato. Pero hace tanto tiempo que los números no cierran y que las medidas no llegan, que, sinceramente, ya he perdido las esperanzas. Y, con ellas, también las ganas de clamar por imposibles.
Continuando con el tema de la seguridad social y mirando mas adentro del sistema, surgen, de inmediato, mas incongruencias. Algunas de ellas totalmente incompatibles con un ideario democrático. En ocasión del complejo debate sobre la pertinencia constitucional del impuesto a las personas físicas (IRPF) a los jubilados, hoy a punto de ser derogado y sustituido por un nuevo impuesto, se dieron a conocer, por una y otra parte, algunas cifras realmente muy interesantes. Por ejemplo, se dijo que, en el conjunto de casi setecientas mil jubilaciones, solo poco mas de treinta y cinco personas cobran mas de setenta mil pesos mensuales y que apenas cinco jubilaciones del total reciben cifras superiores a los ciento veinte mil pesos mensuales. Solo cinco. Solo treinta y cinco. En setecientas mil, de las cuales muchas no alcanzan a tres o cuatro mil pesos por mes.
¿Es esto democrático, cuando hay tantos jubilados que perciben sumas absolutamente insuficientes? Creo que no. Y menos lo es si nos referimos solo a las jubilaciones del sector público y a cargos de servidores públicos. Cargos, algunos de ellos, entre cuyos cometidos posiblemente ha estado el de cuidar la situación del erario publico, de achicar los gastos, de mejorar la condición financiera del BPS. Entonces ¿como es posible que el servidor, el mandatario, el responsable, reciba, precisamente de ese sistema que no supo o no pudo arreglar, mas beneficios que los propios mandantes? ¿Es esto justo? ¿Democrático? Siento que no. Siento que hasta que todos no mejoren, no deberían existir tales diferencias y privilegios.
Es mas, creo que por un elemental sentido común, el responsable de administrar los dineros públicos, debe correr no digo peor pero si idéntica suerte que sus conciudadanos
más desvalidos. E indefensos. Y si esto es así, como creo que lo es, entonces, por pudor democrático debe corregirse la injusticia a que nos referimos. No puede haber servidores públicos que, utilizando los dineros públicos, la plata de impuestos y aportes a la seguridad social, se coloquen por encima de las angustias del común de la gente, a cuyo servicio han dicho estar. Si a esto le sumamos los elevados sueldos que perciben actualmente los señores legisladores de un país con casi novecientos mil pobres y ciento sesenta mil indigentes, sueldos que con otras partidas superan los cien mil pesos mensuales, entonces el estado de situación de la republica en términos de sensibilidad igualitaria merece corregirse. Y corregirse ya. Seria tan alentador que esto ocurriera y tan positivo de cara a recuperar el sentido natural y obvio, y la esencia misma del convivir democrático.
Los legisladores del Frente Amplio, que cuentan con mayorías parlamentarias en ambas cámaras, podrían, en lo inmediato, renunciar a las partidas de gastos asignadas a sus secretarias; y ofrecer, para la futura legislatura, una reducción de sus sueldos, que los acerque al los ingresos medios de la enorme mayoría de sus representados. Si, ya se, soñar no cuesta nada. De los ya jubilados de altos cargos públicos, no vamos a esperar a que renuncien a la parte de su jubilación que exceda en demasía lo que perciben otros compatriotas tan dignos como ellos, si que mucho menos influyentes. Esos si, esperamos, de cara al futuro, mas pudor democrático.
Si gobierno democrático aun significa en el Uruguay el gobierno del pueblo y para el pueblo, ese tipo de gobierno que no debería dar lugar en su seno a focos oligárquicos construidos con los dineros del pueblo, entonces hay algunas cosas que deberían corregirse. Es evidente que la situación económica no es tan buena como las autoridades gubernamentales gustan de presentarla. Si así fuera, no se entendería porque les cobran impuestos a los jubilados. No obstante, hay incongruencias que saltan a la vista. Por un lado, con una mano, el Estado les otorga a los jubilados, tomando de lo mucho que aportaron a lo largo de sus vidas, una cantidad de dinero insuficiente para hacer frente a sus necesidades; y, por el otro lado, con la otra mano, ese mismo Estado, a través de los tributos, les quita una parte de ese dinero. ¿Verdad que luce absurdo?
Esta doble y contradictoria actitud estatal solo se explica – no justifica – a partir de los enormes presupuestos de gastos, barril sin fondo de los gobiernos, especialmente en cercanías electorales, así como de un sistema jubilatorio deficiente, desfinanciado, que no puede sostenerse por si mismo y que apela constantemente a los recursos de rentas generales. En definitiva, la plata no alcanza. Lo cual, naturalmente, debería ser corregido y corregido de inmediato. Pero hace tanto tiempo que los números no cierran y que las medidas no llegan, que, sinceramente, ya he perdido las esperanzas. Y, con ellas, también las ganas de clamar por imposibles.
Continuando con el tema de la seguridad social y mirando mas adentro del sistema, surgen, de inmediato, mas incongruencias. Algunas de ellas totalmente incompatibles con un ideario democrático. En ocasión del complejo debate sobre la pertinencia constitucional del impuesto a las personas físicas (IRPF) a los jubilados, hoy a punto de ser derogado y sustituido por un nuevo impuesto, se dieron a conocer, por una y otra parte, algunas cifras realmente muy interesantes. Por ejemplo, se dijo que, en el conjunto de casi setecientas mil jubilaciones, solo poco mas de treinta y cinco personas cobran mas de setenta mil pesos mensuales y que apenas cinco jubilaciones del total reciben cifras superiores a los ciento veinte mil pesos mensuales. Solo cinco. Solo treinta y cinco. En setecientas mil, de las cuales muchas no alcanzan a tres o cuatro mil pesos por mes.
¿Es esto democrático, cuando hay tantos jubilados que perciben sumas absolutamente insuficientes? Creo que no. Y menos lo es si nos referimos solo a las jubilaciones del sector público y a cargos de servidores públicos. Cargos, algunos de ellos, entre cuyos cometidos posiblemente ha estado el de cuidar la situación del erario publico, de achicar los gastos, de mejorar la condición financiera del BPS. Entonces ¿como es posible que el servidor, el mandatario, el responsable, reciba, precisamente de ese sistema que no supo o no pudo arreglar, mas beneficios que los propios mandantes? ¿Es esto justo? ¿Democrático? Siento que no. Siento que hasta que todos no mejoren, no deberían existir tales diferencias y privilegios.
Es mas, creo que por un elemental sentido común, el responsable de administrar los dineros públicos, debe correr no digo peor pero si idéntica suerte que sus conciudadanos
más desvalidos. E indefensos. Y si esto es así, como creo que lo es, entonces, por pudor democrático debe corregirse la injusticia a que nos referimos. No puede haber servidores públicos que, utilizando los dineros públicos, la plata de impuestos y aportes a la seguridad social, se coloquen por encima de las angustias del común de la gente, a cuyo servicio han dicho estar. Si a esto le sumamos los elevados sueldos que perciben actualmente los señores legisladores de un país con casi novecientos mil pobres y ciento sesenta mil indigentes, sueldos que con otras partidas superan los cien mil pesos mensuales, entonces el estado de situación de la republica en términos de sensibilidad igualitaria merece corregirse. Y corregirse ya. Seria tan alentador que esto ocurriera y tan positivo de cara a recuperar el sentido natural y obvio, y la esencia misma del convivir democrático.
Los legisladores del Frente Amplio, que cuentan con mayorías parlamentarias en ambas cámaras, podrían, en lo inmediato, renunciar a las partidas de gastos asignadas a sus secretarias; y ofrecer, para la futura legislatura, una reducción de sus sueldos, que los acerque al los ingresos medios de la enorme mayoría de sus representados. Si, ya se, soñar no cuesta nada. De los ya jubilados de altos cargos públicos, no vamos a esperar a que renuncien a la parte de su jubilación que exceda en demasía lo que perciben otros compatriotas tan dignos como ellos, si que mucho menos influyentes. Esos si, esperamos, de cara al futuro, mas pudor democrático.
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