LA OBLIGACION DE SABER
Eduardo Heguy Terra
Nada hay peor en una democracia que no saber lo que ocurre a nivel del gobierno. Mal puede un ciudadano emitir un voto conciente sin antes comprender cabalmente el funcionamiento real de las instituciones. Y también, esto es esencial, es prerrogativa y deber ciudadano el estar bien informados respecto al mal funcionamiento, a las irregularidades que se constaten y, de manera muy especial, por sus proyecciones, a los hechos de corrupción en la Administracion. Esto es tanto como decir que la ciudadanía debe estar atenta al resultado de los controles formales y políticos llevados adelante por las oficinas competentes –como el Tribunal de Cuentas y la Auditoria Interna de la Nación – así como por el Parlamento, la oposición y, en su caso, por los medios de comunicacion. Así debe funcionar la democracia.
Estamos en un sistema que se ejerce en nombre del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, razón fundamental por la cual se le debe rendir cuentas; y no solo en las elecciones cada cinco años, sino durante todo el mandato. Los representantes se deben a sus representados. Esa es la razón de ser del derecho a la información que corresponde a los ciudadanos. A quienes votaron al partido de gobierno y a quienes no lo votaron, pues se trata del gobierno de todos los uruguayos.
No entender esto, es no entender la esencia y la razón de ser del sistema. Por eso nos sorprende enormemente que desde posiciones cercanas al partido de gobierno se amenace al Partido Nacional, precisamente en momentos en que este, a través de los senadores Carlos Moreira y Sergio Abreu, entre otros, era el protagonista central de la interpelación a los ministros Danilo Astori y Victor Rossi, con motivo de la difícil situación de Pluna. Y la amenaza consiste, nada menos, en el anuncio de que, de insistirse con la denuncia de hechos de corrupción en este periodo, el Frente Amplio traera a colación hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno de los blancos. Esto es chantaje. Inadmisible.
Si el señor Esteban Valenti ,- notorio frenteamplista y autor de esta amenaza, publicada con su firma en un diario oficialista-, tiene conocimiento de hechos de corrupción relevantes, es su obligación denunciarlos, sin someterlos a ninguna condición previa y ajena a los hechos en cuestión. Ese planteo de “si te callas me callo” es, para decir lo menos, una vergüenza. Se pide que no se hable mas del problema de los casinos municipales, o de las compras sin licitación, o de la situación de Pluna, o de Satenil en la publicidad en Maldonado, o de la licitacion del Hotel Carrasco, o de la incidencia de la deuda de 400 millones de dólares de las mutualistas en la reforma de la salud, o de la creciente inseguridad y las vergonzosas carencias del sistema penitenciario, porque de lo contrario se darán a conocer hechos muy graves para los blancos. Quien así actua ¿a que le teme?
El presidente del Directorio del Partido Nacional, doctor Jorge Larrañaga, dio inmediata y categórica respuesta a la amenaza proferida. No los van a correr con el poncho. Después de este repudiable exabrupto, mas que nunca los ciudadanos queremos saber. Cualquier silencio es inadmisible. Es complicidad.
Es hora de que se comprenda que, quien controla a la Aministracion, lejos de perjudicar, ayuda a la democracia. A su mejor funcionamiento. La transparencia de la gestión, su permanente evaluación publica, esta en la base del prestigio de las instituciones y de la credibilidad de los gobiernos. Se debe tener confianza en la inteligencia de la gente, que es capaz de distinguir perfectamente cuando se esta ante una denuncia seria, con fundamento, o ante una simple maniobra politiquera. La ciudadanía puede distinguir la mera pirotecnia electoralista de los hechos de corrupción reales. También la mayoría sabe juzgar la conducta de los hombres públicos, por más que, en ocasiones, la demagogia la encandile y confunda. Para que no se distorsione tramposamente su visión y su juicio, es imprescindible la información veraz, completa, sobre los actos y las decisiones de gobierno. Esto es responsabilidad de los órganos de contralor, de la oposición política y también de los medios de comunicación masiva.
No entenderlo así desde el gobierno, es inmadurez cívica. Las funciones de contralor tanto jurídico, como político, técnico, institucional y etico, son de la esencia del sistema. Los controles son para ayudar a que las cosas se hagan bien y para que se sepa, por todos, que se hacen bien. Pero también para que se corrijan si se hacen mal y para que se condenen si se hacen con deliberado apartamiento de los criterios de buena y honesta administración, en procura de un interés personal. No son contra, sino a favor de la democracia. No son negativas, sino positivas para el país. Y, se acepte o no, no son para destruir candidaturas, sino para construir un futuro mejor para todos los uruguayos. Para lograrlo, tenemos la obligación de saber.
Nada hay peor en una democracia que no saber lo que ocurre a nivel del gobierno. Mal puede un ciudadano emitir un voto conciente sin antes comprender cabalmente el funcionamiento real de las instituciones. Y también, esto es esencial, es prerrogativa y deber ciudadano el estar bien informados respecto al mal funcionamiento, a las irregularidades que se constaten y, de manera muy especial, por sus proyecciones, a los hechos de corrupción en la Administracion. Esto es tanto como decir que la ciudadanía debe estar atenta al resultado de los controles formales y políticos llevados adelante por las oficinas competentes –como el Tribunal de Cuentas y la Auditoria Interna de la Nación – así como por el Parlamento, la oposición y, en su caso, por los medios de comunicacion. Así debe funcionar la democracia.
Estamos en un sistema que se ejerce en nombre del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, razón fundamental por la cual se le debe rendir cuentas; y no solo en las elecciones cada cinco años, sino durante todo el mandato. Los representantes se deben a sus representados. Esa es la razón de ser del derecho a la información que corresponde a los ciudadanos. A quienes votaron al partido de gobierno y a quienes no lo votaron, pues se trata del gobierno de todos los uruguayos.
No entender esto, es no entender la esencia y la razón de ser del sistema. Por eso nos sorprende enormemente que desde posiciones cercanas al partido de gobierno se amenace al Partido Nacional, precisamente en momentos en que este, a través de los senadores Carlos Moreira y Sergio Abreu, entre otros, era el protagonista central de la interpelación a los ministros Danilo Astori y Victor Rossi, con motivo de la difícil situación de Pluna. Y la amenaza consiste, nada menos, en el anuncio de que, de insistirse con la denuncia de hechos de corrupción en este periodo, el Frente Amplio traera a colación hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno de los blancos. Esto es chantaje. Inadmisible.
Si el señor Esteban Valenti ,- notorio frenteamplista y autor de esta amenaza, publicada con su firma en un diario oficialista-, tiene conocimiento de hechos de corrupción relevantes, es su obligación denunciarlos, sin someterlos a ninguna condición previa y ajena a los hechos en cuestión. Ese planteo de “si te callas me callo” es, para decir lo menos, una vergüenza. Se pide que no se hable mas del problema de los casinos municipales, o de las compras sin licitación, o de la situación de Pluna, o de Satenil en la publicidad en Maldonado, o de la licitacion del Hotel Carrasco, o de la incidencia de la deuda de 400 millones de dólares de las mutualistas en la reforma de la salud, o de la creciente inseguridad y las vergonzosas carencias del sistema penitenciario, porque de lo contrario se darán a conocer hechos muy graves para los blancos. Quien así actua ¿a que le teme?
El presidente del Directorio del Partido Nacional, doctor Jorge Larrañaga, dio inmediata y categórica respuesta a la amenaza proferida. No los van a correr con el poncho. Después de este repudiable exabrupto, mas que nunca los ciudadanos queremos saber. Cualquier silencio es inadmisible. Es complicidad.
Es hora de que se comprenda que, quien controla a la Aministracion, lejos de perjudicar, ayuda a la democracia. A su mejor funcionamiento. La transparencia de la gestión, su permanente evaluación publica, esta en la base del prestigio de las instituciones y de la credibilidad de los gobiernos. Se debe tener confianza en la inteligencia de la gente, que es capaz de distinguir perfectamente cuando se esta ante una denuncia seria, con fundamento, o ante una simple maniobra politiquera. La ciudadanía puede distinguir la mera pirotecnia electoralista de los hechos de corrupción reales. También la mayoría sabe juzgar la conducta de los hombres públicos, por más que, en ocasiones, la demagogia la encandile y confunda. Para que no se distorsione tramposamente su visión y su juicio, es imprescindible la información veraz, completa, sobre los actos y las decisiones de gobierno. Esto es responsabilidad de los órganos de contralor, de la oposición política y también de los medios de comunicación masiva.
No entenderlo así desde el gobierno, es inmadurez cívica. Las funciones de contralor tanto jurídico, como político, técnico, institucional y etico, son de la esencia del sistema. Los controles son para ayudar a que las cosas se hagan bien y para que se sepa, por todos, que se hacen bien. Pero también para que se corrijan si se hacen mal y para que se condenen si se hacen con deliberado apartamiento de los criterios de buena y honesta administración, en procura de un interés personal. No son contra, sino a favor de la democracia. No son negativas, sino positivas para el país. Y, se acepte o no, no son para destruir candidaturas, sino para construir un futuro mejor para todos los uruguayos. Para lograrlo, tenemos la obligación de saber.
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