SEGURIDAD: UNA CAUSA NACIONAL
Eduardo Heguy Terra
En el 2007 se registraron 177.202 delitos en todo el país. Los índices de inseguridad han subido. En los primeros cuatro meses del 2008 se denunciaron 8.876 delitos contra las personas. Este es un dato sobre una expresión de violencia que debe preocuparnos a todos. Si a ello sumamos, en el mismo periodo de este anio, 46.989 mil delitos contra la propiedad, el problema de seguridad adquiere características de absoluta prioridad nacional. No entenderlo así, reducirlo a “sensación térmica” o pretender culpar a los medios de comunicacion, es picardía política de corto alcance o bien imperdonable miopía de consecuencias devastadoras.
Se ha dicho que no debe politizarse o partidizarse el tema de la seguridad publica. Que los diferentes sectores no deberían tratar de sacar provecho del malestar que provoca en la ciudadanía la grave situación de inseguridad que se padece. Estoy de acuerdo. Lo que se requiere hoy, con urgencia, es la gestación de una política de estado en materia de seguridad, a cuya elaboración concurran, con propuestas y soluciones, todas las fuerzas políticas. Así lo han hecho recientemente Luís Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry, este ultimo proponiendo cincuenta medidas que, lamentablemente, no han tenido suficiente difusión pública.
Pero no debemos olvidar que la seguridad pública es responsabilidad compartida por los tres poderes del Estado, cada uno en el ejercicio de sus competencias.
El Poder Legislativo elaborando normas que garanticen la seguridad, en el entendido que se trata de uno de los derechos humanos fundamentales, tal como lo establece el articulo 7 de la Constitución de la Republica. Sancionando leyes que sean severas con los reincidentes y que no entorpezcan la actuación preventiva y represiva de la policía, ni terminen favoreciendo, sin quererlo, la impunidad de los delincuentes. Esto es especialmente importante en los delitos contra la propiedad y en los casos de tentativa.
El Poder Ejecutivo, debe fortalecer su actuación preventiva del delito y aumentar la eficacia de su labor represiva. Para ello es imprescindible contar con jerarcas idoneos y políticas firmes, claras, consensuadas con todos los partidos. Disponer de un numero adecuado de policias, bien seleccionados – lo que no se logra bajando las exigencias en educación -, mejor entrenada y remunerada. El 222 es la patologia de un cometido esencial del Estado. Queremos insistir con la conveniencia de transformar cargos de soldados en cargos policiales, lo que permitiría reforzar de inmediato los cuerpos de seguridad, sin aumentar el gasto público y sin tener que esperar que se llenen las numerosas vacantes. No hacerlo, es el lujo de la pobreza. Hacemos de policia en el Congo y en Haití, olvidando nuestra propia casa. La verdadera guerra es contra el delito y contra la droga. El gobierno de turno, no es el culpable de la existencia de delitos, pero si puede ser responsable por omisión en combatirlos.
Dentro de la Administracion merece un párrafo aparte la cuestión penitenciaria. Se sabe que no hay cárceles suficientes para alojar dignamente a quienes delinquen, ni adecuadas para lograr su rehabilitación social. Sin embargo, incomprensiblemente, las nuevas cárceles no se construyen, ni se destinan a esos fines otros inmuebles de propiedad estatal. Con lo cual los establecimientos de reclusión, ausente el trabajo de los reclusos, se han convertido en verdaderas escuelas de delincuencia.
El Poder Judicial, por su parte, tiene un rol fundamental en materia de seguridad. Desde antiguo se le reprocha no actuar con la necesaria firmeza en la aplicación de las leyes penales. Es frecuente escuchar que los presos entran por una puerta y salen por la otra, desalentando la actuación policial y generando desasosiego en la población. En la mayoría de las sentencias se parte de la ficción de que las cárceles rehabilitan cuando, en la situación actual, todos sabemos que no es así.
Necesitamos a los tres poderes del Estado unidos en pos del mismo objetivo de seguridad. Con una política de Estado realista y con respaldo técnico. Que plasme el consenso de todos los partidos y se transforme en una gran causa nacional. Sin mezquindades, ni oportunismos. Que tenga como gran centro emocional al sufrimiento de las victimas. Guiados solo por el afan de servir al bien común, mediante la eficaz protección de la vida y los derechos de la gente. Solo entonces tendremos oportunidad de ganar la batalla contra el delito. Una lucha de cuyos resultados depende la calidad de vida de todos los uruguayos. De los decentes, claro esta.
En el 2007 se registraron 177.202 delitos en todo el país. Los índices de inseguridad han subido. En los primeros cuatro meses del 2008 se denunciaron 8.876 delitos contra las personas. Este es un dato sobre una expresión de violencia que debe preocuparnos a todos. Si a ello sumamos, en el mismo periodo de este anio, 46.989 mil delitos contra la propiedad, el problema de seguridad adquiere características de absoluta prioridad nacional. No entenderlo así, reducirlo a “sensación térmica” o pretender culpar a los medios de comunicacion, es picardía política de corto alcance o bien imperdonable miopía de consecuencias devastadoras.
Se ha dicho que no debe politizarse o partidizarse el tema de la seguridad publica. Que los diferentes sectores no deberían tratar de sacar provecho del malestar que provoca en la ciudadanía la grave situación de inseguridad que se padece. Estoy de acuerdo. Lo que se requiere hoy, con urgencia, es la gestación de una política de estado en materia de seguridad, a cuya elaboración concurran, con propuestas y soluciones, todas las fuerzas políticas. Así lo han hecho recientemente Luís Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry, este ultimo proponiendo cincuenta medidas que, lamentablemente, no han tenido suficiente difusión pública.
Pero no debemos olvidar que la seguridad pública es responsabilidad compartida por los tres poderes del Estado, cada uno en el ejercicio de sus competencias.
El Poder Legislativo elaborando normas que garanticen la seguridad, en el entendido que se trata de uno de los derechos humanos fundamentales, tal como lo establece el articulo 7 de la Constitución de la Republica. Sancionando leyes que sean severas con los reincidentes y que no entorpezcan la actuación preventiva y represiva de la policía, ni terminen favoreciendo, sin quererlo, la impunidad de los delincuentes. Esto es especialmente importante en los delitos contra la propiedad y en los casos de tentativa.
El Poder Ejecutivo, debe fortalecer su actuación preventiva del delito y aumentar la eficacia de su labor represiva. Para ello es imprescindible contar con jerarcas idoneos y políticas firmes, claras, consensuadas con todos los partidos. Disponer de un numero adecuado de policias, bien seleccionados – lo que no se logra bajando las exigencias en educación -, mejor entrenada y remunerada. El 222 es la patologia de un cometido esencial del Estado. Queremos insistir con la conveniencia de transformar cargos de soldados en cargos policiales, lo que permitiría reforzar de inmediato los cuerpos de seguridad, sin aumentar el gasto público y sin tener que esperar que se llenen las numerosas vacantes. No hacerlo, es el lujo de la pobreza. Hacemos de policia en el Congo y en Haití, olvidando nuestra propia casa. La verdadera guerra es contra el delito y contra la droga. El gobierno de turno, no es el culpable de la existencia de delitos, pero si puede ser responsable por omisión en combatirlos.
Dentro de la Administracion merece un párrafo aparte la cuestión penitenciaria. Se sabe que no hay cárceles suficientes para alojar dignamente a quienes delinquen, ni adecuadas para lograr su rehabilitación social. Sin embargo, incomprensiblemente, las nuevas cárceles no se construyen, ni se destinan a esos fines otros inmuebles de propiedad estatal. Con lo cual los establecimientos de reclusión, ausente el trabajo de los reclusos, se han convertido en verdaderas escuelas de delincuencia.
El Poder Judicial, por su parte, tiene un rol fundamental en materia de seguridad. Desde antiguo se le reprocha no actuar con la necesaria firmeza en la aplicación de las leyes penales. Es frecuente escuchar que los presos entran por una puerta y salen por la otra, desalentando la actuación policial y generando desasosiego en la población. En la mayoría de las sentencias se parte de la ficción de que las cárceles rehabilitan cuando, en la situación actual, todos sabemos que no es así.
Necesitamos a los tres poderes del Estado unidos en pos del mismo objetivo de seguridad. Con una política de Estado realista y con respaldo técnico. Que plasme el consenso de todos los partidos y se transforme en una gran causa nacional. Sin mezquindades, ni oportunismos. Que tenga como gran centro emocional al sufrimiento de las victimas. Guiados solo por el afan de servir al bien común, mediante la eficaz protección de la vida y los derechos de la gente. Solo entonces tendremos oportunidad de ganar la batalla contra el delito. Una lucha de cuyos resultados depende la calidad de vida de todos los uruguayos. De los decentes, claro esta.
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