LOS EEUU, WIKILEAKS Y NOSOTROS
Dr. Eduardo Héguy Terra
Como es de público conocimiento los Estados Unidos sufrieron la violación de la correspondencia interna de su servicio diplomático con sus jerarquías en el Departamento de Estado, equivalente de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Alguien, valiéndose de procedimientos ilícitos y sin contar con la autorización de sus autores y legítimos dueños, logró apropiarse de toda la información reservada y confidencial contenida en 251.187 cables de esa correspondencia diplomática.
En un segundo paso, esa información fue puesta a disposición de un portal hasta entonces desconocido llamado Wikileaks, perteneciente a una organización en apariencia sin fines de lucro, y que hoy, valiéndose de la difusión de esa correspondencia propiedad del gobierno de los Estados Unidos, ha alcanzado notoriedad a escala planetaria. En lo que constituye un tercer paso de esta historia, ya conocida como el “Cablegate”, que ha venido a poner en tela de juicio la conducta ética de los Estados Unidos principalmente en las guerras de Irak y Afganistan, el portal Wikileaks, propiedad de The Sunshine Press y dirigida por el australiano Julian Assange – quien, en Inglaterra, se resiste a ser extraditado a Suecia, donde será sometido a juicio por violación - puso dicha información confidencial “filtrada” a disposición de un reducido grupo de medios, entre ellos El País de Madrid, The Times, The Guardian, Der Spiegel, Al Jazeera y la BBC. Con ello se lograba dar seriedad y hacer creíbles las “filtraciones” y se valía de los experimentados equipos periodísticos de esos medios para seleccionar los contenidos más relevantes de los miles de cables obtenidos en el 2010. A partir de allí las informaciones contenidas en la correspondencia interna del Departamento de Estado dejaron de ser confidenciales, circularon a lo largo y a lo ancho del mundo, y generaron un grave problema para el gobierno de los Estados Unidos y todo tipo de reacciones, tanto de sus aliados, muchas veces aludidos de manera poco grata, como de sus enemigos mas radicales. Hoy se coincide que estamos ante la mayor “filtración” – expresión ambigua si las hay -, de documentos clasificados de la historia, de cuyas consecuencias y derivaciones tendremos noticia por largo tiempo más.
Como es obvio hubo una inmediata reacción del dueño de esos cables y de sus contenidos. El gobierno de los Estados Unidos intentó por todos los medios a su alcance evitar la difusión de una información que, sin duda, perjudicaría sus intereses y lo colocaría en una muy incómoda situación a los ojos del mundo. A la vista está que no logró impedir la publicación.
Al mismo tiempo, en ámbitos periodísticos, se planteó una intensa polémica respecto a la licitud y pertinencia de la utilización de esa información, obtenida por medios ilícitos, entregada a Wikileaks, difundida en contra de la voluntad de sus legítimos propietarios, a quienes, además, ocasiona graves daños e incontables perjuicios. Como es sabido, los medios de comunicación seleccionados por Wikileaks optaron por la publicación de esa información, en la que se incluían noticias sobre muertes de inocentes y torturas en Irak y Afganistán. En el ámbito internacional las reacciones han sido intensas y diversas.
¿Cómo analizar, desde un punto de vista periodístico, la pertinencia ética de publicar materiales obtenidos de manera ilegal y que, más allá de su difusión, siguen perteneciendo a un legítimo propietario que claramente se opone a su divulgación por los perjuicios que ello le acarrea? ¿De qué manera intervienen el interés general, la importancia de la información, el derecho del ciudadano a estar informado y el deber de los medios de informar? ¿Es un tema de libertad de prensa o una operación de espionaje político a gran escala? En el Uruguay, ante este caso, ¿cómo interpretar el artículo 28 de la Constitución uruguaya que dispone que: “Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.”? Son todos asuntos que por su importancia merecen una reflexión profunda, un detenido análisis político, jurídico, académico y periodístico.
El tema ya está planteado entre nosotros. El diario El País de Montevideo,- así como otros seis periódicos latinoamericanos-, ha recibido de Wikileaks parte de ese material “filtrado” y desde hace días publica informaciones relacionadas con la opinión de funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en nuestro país sobre el gobierno del doctor Tabaré Vazquez y la actuación de sus ministros, así como respecto al Mercosur y el conflicto con la Argentina. Según expresó el propio matutino en el editorial de presentación, la decisión adoptada no fue fácil, el tema mereció “un rico debate interno”, e incluso la “comunicación” a la embajada de los EEUU, la que respondió que “en Uruguay hay libertad de prensa”. En un primer análisis, más allá de lo mal parados que resulten algunos protagonistas, lo que se ha publicado hasta ahora no afectará sustancialmente las relaciones diplomáticas o comerciales de nuestro país con los EEUU, España o países vecinos.
Como es de público conocimiento los Estados Unidos sufrieron la violación de la correspondencia interna de su servicio diplomático con sus jerarquías en el Departamento de Estado, equivalente de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Alguien, valiéndose de procedimientos ilícitos y sin contar con la autorización de sus autores y legítimos dueños, logró apropiarse de toda la información reservada y confidencial contenida en 251.187 cables de esa correspondencia diplomática.
En un segundo paso, esa información fue puesta a disposición de un portal hasta entonces desconocido llamado Wikileaks, perteneciente a una organización en apariencia sin fines de lucro, y que hoy, valiéndose de la difusión de esa correspondencia propiedad del gobierno de los Estados Unidos, ha alcanzado notoriedad a escala planetaria. En lo que constituye un tercer paso de esta historia, ya conocida como el “Cablegate”, que ha venido a poner en tela de juicio la conducta ética de los Estados Unidos principalmente en las guerras de Irak y Afganistan, el portal Wikileaks, propiedad de The Sunshine Press y dirigida por el australiano Julian Assange – quien, en Inglaterra, se resiste a ser extraditado a Suecia, donde será sometido a juicio por violación - puso dicha información confidencial “filtrada” a disposición de un reducido grupo de medios, entre ellos El País de Madrid, The Times, The Guardian, Der Spiegel, Al Jazeera y la BBC. Con ello se lograba dar seriedad y hacer creíbles las “filtraciones” y se valía de los experimentados equipos periodísticos de esos medios para seleccionar los contenidos más relevantes de los miles de cables obtenidos en el 2010. A partir de allí las informaciones contenidas en la correspondencia interna del Departamento de Estado dejaron de ser confidenciales, circularon a lo largo y a lo ancho del mundo, y generaron un grave problema para el gobierno de los Estados Unidos y todo tipo de reacciones, tanto de sus aliados, muchas veces aludidos de manera poco grata, como de sus enemigos mas radicales. Hoy se coincide que estamos ante la mayor “filtración” – expresión ambigua si las hay -, de documentos clasificados de la historia, de cuyas consecuencias y derivaciones tendremos noticia por largo tiempo más.
Como es obvio hubo una inmediata reacción del dueño de esos cables y de sus contenidos. El gobierno de los Estados Unidos intentó por todos los medios a su alcance evitar la difusión de una información que, sin duda, perjudicaría sus intereses y lo colocaría en una muy incómoda situación a los ojos del mundo. A la vista está que no logró impedir la publicación.
Al mismo tiempo, en ámbitos periodísticos, se planteó una intensa polémica respecto a la licitud y pertinencia de la utilización de esa información, obtenida por medios ilícitos, entregada a Wikileaks, difundida en contra de la voluntad de sus legítimos propietarios, a quienes, además, ocasiona graves daños e incontables perjuicios. Como es sabido, los medios de comunicación seleccionados por Wikileaks optaron por la publicación de esa información, en la que se incluían noticias sobre muertes de inocentes y torturas en Irak y Afganistán. En el ámbito internacional las reacciones han sido intensas y diversas.
¿Cómo analizar, desde un punto de vista periodístico, la pertinencia ética de publicar materiales obtenidos de manera ilegal y que, más allá de su difusión, siguen perteneciendo a un legítimo propietario que claramente se opone a su divulgación por los perjuicios que ello le acarrea? ¿De qué manera intervienen el interés general, la importancia de la información, el derecho del ciudadano a estar informado y el deber de los medios de informar? ¿Es un tema de libertad de prensa o una operación de espionaje político a gran escala? En el Uruguay, ante este caso, ¿cómo interpretar el artículo 28 de la Constitución uruguaya que dispone que: “Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.”? Son todos asuntos que por su importancia merecen una reflexión profunda, un detenido análisis político, jurídico, académico y periodístico.
El tema ya está planteado entre nosotros. El diario El País de Montevideo,- así como otros seis periódicos latinoamericanos-, ha recibido de Wikileaks parte de ese material “filtrado” y desde hace días publica informaciones relacionadas con la opinión de funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en nuestro país sobre el gobierno del doctor Tabaré Vazquez y la actuación de sus ministros, así como respecto al Mercosur y el conflicto con la Argentina. Según expresó el propio matutino en el editorial de presentación, la decisión adoptada no fue fácil, el tema mereció “un rico debate interno”, e incluso la “comunicación” a la embajada de los EEUU, la que respondió que “en Uruguay hay libertad de prensa”. En un primer análisis, más allá de lo mal parados que resulten algunos protagonistas, lo que se ha publicado hasta ahora no afectará sustancialmente las relaciones diplomáticas o comerciales de nuestro país con los EEUU, España o países vecinos.
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