ESTAMOS REGALADOS
Eduardo Heguy Terra
La Justicia, el Estado, con sus tres poderes, deben prevenir el delito y perseguir a los delincuentes, pero, en primerísimo lugar, deben considerar el sufrimiento y las profundas heridas psicológicas que estos causan a sus victimas. Y de esto, que es central, se habla poco o no se habla. Sabemos que los efectos del delito sobre la victima son siempre importantes y muchas veces graves. Y, desde luego, que constituyen serias violaciones a los derechos humanos fundamentales. En efecto, la Constitución establece, en su articulo7o., que los habitantes de la Republica “tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.” Pero la realidad dista mucho de reflejar ese mandato jurídico.
Ante la creciente violencia de los delincuentes y el avance de la droga, la gente tiene cada vez mas temor. Es por eso que los efectos de los actos delictivos deben evaluarse tanto en el plano material,- que es lo que se hace habitualmente -, como también y principalmente en lo personal, en lo anímico, en lo psíquico y en lo espiritual. Cuando un criminal viola la privacia del hogar y se introduce en el por la fuerza, lo mas importante no es el monto de lo hurtado sino el temor y la angustia que se apodera de los moradores de esa vivienda. La frustración y la impotencia son enormes. La sensación de inseguridad, aun a plena luz del día, es una carga tremenda. El delito y la violencia son un flagelo social que todo lo contamina. Y no hace falta pensar demasiado para darse cuenta que, si el Estado no reacciona con rapidez y eficacia, si los problemas son siempre más o menos los mismos, si vamos de mal en peor y las excusas se repiten, el descreimiento y la falta de confianza en las autoridades serán cada vez mayores. Cuando la ministra Tourne, refiriéndose a los policías, dice que, por carecer de lo necesario, “están regalados”, ¿que podemos esperar los demás?
Con frecuencia se critica a la prensa por el tratamiento de estos temas. Sin embargo, es todavía poco el espacio y el tiempo que se les dedica a las victimas en los informativos. Por lo general, se exponen brevemente los hechos delictivos, pero no se difunden lo suficiente, en cantidad y extensión, las declaraciones de las personas afectadas por el crimen, lo que esos ciudadanos viven y sienten, que, además de justa indignación, es temor, angustia, impotencia y miedo. ¿Quién los apoya en su recuperación? Es por eso que, en mi opinión, los medios de comunicación deberían permitirle a la ciudadanía asumir, por su intermedio, un mayor protagonismo. La prensa – y vaya que puede hacerlo muy bien – debería ser el vaso comunicante entre el reclamo de las victimas y las autoridades responsables de producir un cambio profundo, radical, efectivo y duradero en las actuales condiciones de seguridad.
La proliferación de rejas, alarmas, perros guardianes y personal de vigilancia en los edificios, en las casas y hasta en la calle, se ha convertido en una característica patética, lamentable, de nuestra ciudad. Hay barrios en los que la gente se turna para salir, porque si deja su casa sola se la roban. Hay zonas donde los servicios públicos, como ambulancias o transporte, no pueden circular. En los ómnibus los punguistas acosan. Son numerosos los comerciantes que han sido asaltados y rapiñados varias veces o que deben recurrir al 222, absurda privatización de un cometido esencial del Estado. El abigeato es todo un problema. Y esto afecta la calidad de vida de los uruguayos, el turismo y hasta el valor de la propiedad. Se debe comprender por el gobierno que la seguridad es también una buena inversión para el país. Mientras no se entienda así seguiremos hablando de lo de siempre. De una policía insuficiente en número - a pesar de las decenas de miles de hombres armados con que cuenta el país - y sin el equipamiento adecuado. De un sistema carcelario que se cae a pedazos y sirve de poco para rehabilitar a los criminales.
Y, por encima de todo, - insistimos -, del dolor, la humillación, el desamparo y la angustia de las victimas, de la gente común. Que son, que deben ser, los verdaderos protagonistas de este drama y no los asesinos, rapiñeros o violadores. El gobierno debe cerrar filas para proteger a la gente. Y reconocerlo así es el principio, la base y el fundamento de cualquier política de seguridad publica seria. Sin atajos ni excusas, sin ambigüedades, sin dobles discursos ni malabarismos estadísticos. Sin retórica vana. Los hechos se imponen. Alcanza con ser eficientes y cumplir con el deber. Si no se sabe o no se puede, dejar el lugar a otros que sepan y puedan. Mientras tanto, que duda cabe, también nosotros estamos regalados.
La Justicia, el Estado, con sus tres poderes, deben prevenir el delito y perseguir a los delincuentes, pero, en primerísimo lugar, deben considerar el sufrimiento y las profundas heridas psicológicas que estos causan a sus victimas. Y de esto, que es central, se habla poco o no se habla. Sabemos que los efectos del delito sobre la victima son siempre importantes y muchas veces graves. Y, desde luego, que constituyen serias violaciones a los derechos humanos fundamentales. En efecto, la Constitución establece, en su articulo7o., que los habitantes de la Republica “tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.” Pero la realidad dista mucho de reflejar ese mandato jurídico.
Ante la creciente violencia de los delincuentes y el avance de la droga, la gente tiene cada vez mas temor. Es por eso que los efectos de los actos delictivos deben evaluarse tanto en el plano material,- que es lo que se hace habitualmente -, como también y principalmente en lo personal, en lo anímico, en lo psíquico y en lo espiritual. Cuando un criminal viola la privacia del hogar y se introduce en el por la fuerza, lo mas importante no es el monto de lo hurtado sino el temor y la angustia que se apodera de los moradores de esa vivienda. La frustración y la impotencia son enormes. La sensación de inseguridad, aun a plena luz del día, es una carga tremenda. El delito y la violencia son un flagelo social que todo lo contamina. Y no hace falta pensar demasiado para darse cuenta que, si el Estado no reacciona con rapidez y eficacia, si los problemas son siempre más o menos los mismos, si vamos de mal en peor y las excusas se repiten, el descreimiento y la falta de confianza en las autoridades serán cada vez mayores. Cuando la ministra Tourne, refiriéndose a los policías, dice que, por carecer de lo necesario, “están regalados”, ¿que podemos esperar los demás?
Con frecuencia se critica a la prensa por el tratamiento de estos temas. Sin embargo, es todavía poco el espacio y el tiempo que se les dedica a las victimas en los informativos. Por lo general, se exponen brevemente los hechos delictivos, pero no se difunden lo suficiente, en cantidad y extensión, las declaraciones de las personas afectadas por el crimen, lo que esos ciudadanos viven y sienten, que, además de justa indignación, es temor, angustia, impotencia y miedo. ¿Quién los apoya en su recuperación? Es por eso que, en mi opinión, los medios de comunicación deberían permitirle a la ciudadanía asumir, por su intermedio, un mayor protagonismo. La prensa – y vaya que puede hacerlo muy bien – debería ser el vaso comunicante entre el reclamo de las victimas y las autoridades responsables de producir un cambio profundo, radical, efectivo y duradero en las actuales condiciones de seguridad.
La proliferación de rejas, alarmas, perros guardianes y personal de vigilancia en los edificios, en las casas y hasta en la calle, se ha convertido en una característica patética, lamentable, de nuestra ciudad. Hay barrios en los que la gente se turna para salir, porque si deja su casa sola se la roban. Hay zonas donde los servicios públicos, como ambulancias o transporte, no pueden circular. En los ómnibus los punguistas acosan. Son numerosos los comerciantes que han sido asaltados y rapiñados varias veces o que deben recurrir al 222, absurda privatización de un cometido esencial del Estado. El abigeato es todo un problema. Y esto afecta la calidad de vida de los uruguayos, el turismo y hasta el valor de la propiedad. Se debe comprender por el gobierno que la seguridad es también una buena inversión para el país. Mientras no se entienda así seguiremos hablando de lo de siempre. De una policía insuficiente en número - a pesar de las decenas de miles de hombres armados con que cuenta el país - y sin el equipamiento adecuado. De un sistema carcelario que se cae a pedazos y sirve de poco para rehabilitar a los criminales.
Y, por encima de todo, - insistimos -, del dolor, la humillación, el desamparo y la angustia de las victimas, de la gente común. Que son, que deben ser, los verdaderos protagonistas de este drama y no los asesinos, rapiñeros o violadores. El gobierno debe cerrar filas para proteger a la gente. Y reconocerlo así es el principio, la base y el fundamento de cualquier política de seguridad publica seria. Sin atajos ni excusas, sin ambigüedades, sin dobles discursos ni malabarismos estadísticos. Sin retórica vana. Los hechos se imponen. Alcanza con ser eficientes y cumplir con el deber. Si no se sabe o no se puede, dejar el lugar a otros que sepan y puedan. Mientras tanto, que duda cabe, también nosotros estamos regalados.
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