LA SEGURIDAD PÚBLICA, UNA CAUSA NACIONAL

Los datos del delito en el Uruguay son impresionantes. Y empeoran año tras año. En el 2007 en esta misma columna nos alarmábamos porque se registraron 177.202 delitos en todo el país. Desde entonces los índices de delincuencia han subido. En el primer semestre del 2011 se registraron 8.080 rapiñas, y aumentan año tras año. En el mismo período hubo 57.997 hurtos. Y a pesar de que ya hay más de 9 mil reclusos, los índices no bajan. Tenemos una tasa anual de homicidios todavía lejos de las peores del continente, pero creciendo. Y ahora hasta ¡bandas de niños asaltando ómnibus! Hay miedo en las calles. Si esto sigue así ¿qué futuro nos espera? ¿Alguien puede poner en duda que el problema de seguridad pública tiene absoluta prioridad? Estamos convencidos que la tiene. ¿No lo está el gobierno? No entenderlo así, reducirlo a “sensación térmica” o pretender, ligeramente y al voleo, culpar a los medios de comunicación, es faltarle el respeto a las víctimas y a la verdad. Eso es picardía política de bajo nivel y corto alcance. Imperdonable miopía e incapacidad de consecuencias devastadoras. Con la delincuencia ganando el partido, no se atina a lograr una gestión preventiva eficiente. Ni siquiera se tiene la convicción de que se pueda. Necesitamos con urgencia una política de estado sobre seguridad pública. Y mejor aun si a su elaboración concurren todas las fuerzas políticas y sociales del país. Lo ofrecieron hace ya cuatro años los doctores Luís Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry, éste último proponiendo cincuenta medidas concretas. Cambió el gobierno pero, incomprensiblemente, poco se ha hecho para avanzar por ese camino de diálogo y entendimiento. Las barreras ideológicas y el triste pasado de algunos parecen ser más fuertes que la realidad, los derechos ciudadanos, el sentido común y el clamor popular. El oficialismo, sentado cómodamente sobre sus mayorías parlamentarias, no parece dispuesto a reformas de fondo en materia penal y penitenciaria. Esta última constituye otro frente de tremendos fracasos en su función esencial de rehabilitación de los delincuentes. Hay registrado un 70% de reincidentes. En todo este panorama de tremenda inseguridad pública, en cualquier calle y a cualquier hora- hace pocos días balearon al periodista de canal 4 Santiago Bernaola-, se destaca el dramático fenómeno de la delincuencia juvenil. Los delitos cometidos por menores alarman por su creciente violencia. Y por la sensación de impunidad que parecen exhibir muchos de estos agresivos delincuentes. La pasta base hace estragos. Es obvio que no encuentran en sus familias, ni en el INAU, la contención y la rehabilitación tan necesaria. Los Fiscales acaban de informar que el 45% de los menores que delinquen son rapiñeros profesionales, viven de eso, con todo lo que ello significa. Sienten que es más fácil robar que trabajar. Ante este panorama, el Partido Colorado, liderado por Pedro Bordaberry y apoyado decidida y acertadamente por Luis Alberto Lacalle y el Herrerismo, convoca a la ciudadanía y le proponen la reforma de la Constitución. Se trata, entre otras cosas, de reducir la edad de imputabilidad de los menores infractores de 18 a 16 años y de poder recluirlos en establecimientos especiales, que habrá que construir, pues deben estar separados de los mayores en orden a obtener su rehabilitación. Estas medidas que, miradas desde el lugar de las víctimas, pueden parecer tibias o insuficientes, sin embargo levantaron en el oficialismo una resistencia vociferante, pero carente de soluciones alternativas. Hay unos que no entienden y otros, demasiados, que no quieren entender. Nosotros firmamos, para que la gente, las víctimas, que son los verdaderos protagonistas de este drama, puedan decidir con sus votos lo que entiendan mejor para su seguridad. Ojalá que esta vez lo respeten. La seguridad pública es responsabilidad compartida por los tres poderes del Estado. Nadie se puede hacer el distraído. El Poder Legislativo, los legisladores, pueden y deben elaborar normas que protejan mejor a las víctimas y garanticen la seguridad de los ciudadanos, que es uno de los derechos humanos fundamentales. El Poder Ejecutivo, con el presidente José Mujica a la cabeza, los ministros, jerarcas y fiscales, se debe esforzar no solo en atender los aspectos sociales del delito, sino en elevar la eficacia preventiva y represiva de la policía; terminar con el hacinamiento y transformar las cárceles en verdaderos centros de rehabilitación. El Poder Judicial, los jueces, deben actuar con más firmeza en la aplicación de las máximas sanciones previstas en la legislación penal. No se puede insistir en la ficción de que las cárceles rehabilitan, cuando todos sabemos que no es así. Se necesita pues, sin más excusas, del concurso inteligente, decidido y militante de los tres poderes del Estado para garantizar la seguridad de las personas y de los bienes. No solo es un cometido esencial del Estado, también debe convertirse en una gran causa nacional. Hoy, el desborde de los delincuentes y la creciente inseguridad afectan gravemente a las personas, a las familias, a la vida en sociedad. Es urgente ponerles freno. Antes que sea demasiado tarde.