NUESTRA FAMILIA Y LA TELEVISION

Aunque la Constitución de la República dice que la familia es la base de nuestra sociedad, la familia uruguaya, centro de afectos, depositaria de tradiciones y ámbito insustituible de formación integral del ser humano, vive una crítica situación axiológica y cultural. Y enfrenta desafíos de una dimensión y complejidad nunca antes conocidos. Y esto a todos nos concierne. Por ello debe ser protegida. Ya que como sean las familias de hoy serán los ciudadanos de mañana. En este orden de ideas bien vale preguntarnos si los medios de comunicación social pueden ayudar a proteger y fortalecer a la institución familiar. Y la respuesta es categóricamente afirmativa. La prensa, pero especialmente la televisión, puede hacer – y lo ha hecho en numerosas ocasiones – importantes contribuciones al bien común y a la promoción y defensa de valores esenciales. Allí están los ejemplos de lo realizado con la fundación Peluffo Giguens y la Teletón. Con el mismo empeño se deben evitar los contenidos que agreden a los principios y promover los criterios morales enérgicamente. Se impone cuidar de los más pequeños y respetar escrupulosamente el horario de protección al menor, impuesto por las normas jurídicas, el sentido común y la más elemental sensibilidad ética. Obviamente, los primeros responsables de lo que los menores hacen dentro y fuera de sus hogares, - lo que ven en la televisión, en internet, en los videos, en el cine, en las revistas y libros que leen-, son los padres. De esto no cabe duda. Ellos deben cuidar que los contenidos que se reciben en sus hogares respeten los criterios formativos y tutelares. La televisión, un formidable instrumento de nuestro tiempo, no debe utilizarse como una cómoda niñera electrónica, a la que se le entregan los hijos horas y horas sin control ni vigilancia. Pero, al mismo tiempo, no se puede admitir que la televisión se convierta en un enemigo, solapado y traicionero, que sorprenda con bajos contenidos. Respecto a la tutela de los menores, los más indefensos, el decreto No. 445/988, estableció un horario de protección comprendido entre la señal de apertura y las 21 y 30 horas. Esta norma merece ser acatada sin excusas. No obstante, es de muy difícil cumplimiento en las señales emitidas por los canales de cable, cuyos contenidos se reciben por vía satelital desde sus países de origen, con horarios diferentes, y se distribuyen a los abonados sin filtro alguno. No obstante, muchas de esas películas y programas emitidos incluyen calificación de contenidos según las diferentes edades. Además, debe tenerse muy presente que el control remoto de la televisión para abonados incluye dispositivos que permiten bloquear una o más señales si se consideran inconvenientes; lo cual reafirma la responsabilidad de los padres de vigilar lo que sus hijos ven y oyen. Mención especial merece Internet, otro formidable instrumento a nuestra disposición, pero por lo general carente de la supervisión de un emisor y que, sin filtros ni controles, puede convertirse en una peligrosa presencia en los hogares. El Estado no puede estar ausente en esta materia. Su responsabilidad le es impuesta por la más alta jerarquía normativa. El artículo 40 de la Constitución de la República al referirse a la familia ordena que “el Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad”. En el mismo sentido el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 establece que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y (por ello) tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” En consecuencia, en orden a esa protección, no cabe dudar de la responsabilidad del Estado – de los gobiernos que lo representan - en esta delicada materia. También la prensa tiene obligaciones. Hay una corresponsabilidad evidente. Así lo han reconocido las organizaciones de radiodifusores, adoptando códigos de conducta con criterios éticos. Tal el compromiso contenido en la Declaración de Principios de ANDEBU de 1992, de observar un “cuidadoso respeto a la moral y las buenas costumbres”. Especialmente “en los programas destinados a públicos infantiles, y en los avances promocionales o sinopsis de programas y películas durante el horario de protección, evitando que los mismos presenten sonidos o imágenes inadecuadas para el público infantil.”. Estamos frente a normas claras, concretas y accesibles. Ineludibles para las conciencias rectas. Pero si padecen el error humano o son violadas por irresponsable negligencia o perversa omisión, es tarea de todos, dentro y fuera de los medios de comunicación, luchar por su debido acatamiento y por la reparación del mal moral causado. Por eso, estimado lector, cuando usted perciba que nuestros menores no son respetados por los medios, que las familias son ignoradas y sus derechos desconocidos, no lo acepte, no se resigne, no claudique ante la chabacanería, la impudicia o la irresponsabilidad mercantilista. En nombre y defensa de su familia proteste, exija, demande, denuncie, hágalo público. Y sobre todo, no lo dude, cambie de canal. Para siempre.