SEGURIDAD: HECHOS Y NO PALABRAS

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, no puede exhibir una gestión exitosa en su cartera, ni logros sustanciales en materia de seguridad ciudadana. Esto es un hecho. Por si fuera poco todo lo ocurrido el año pasado, el 2012 se inició con una oleada de homicidios que irrumpió en la escena estival, tiñéndola de sangre. A nadie importa si hubo antecedentes iguales, similares o peores en el año tal o durante la gestión cual. Esos argumentos hacen a la pequeña y desprestigiante retórica política, que nos distrae de lo esencial y a la que no debemos acostumbrarnos por nuestro propio bien. Hechos y no palabras. Resultados y no inútiles duelos verbales. La responsabilidad del gobernante es hacer, ejecutar, resolver y, por sobre todo, obtener resultados, alcanzar los fines, cumplir con los cometidos, ceñirse estrictamente a sus deberes. Con hechos, y no con meras palabras. Sufrimos índices de violencia en ascenso, inseguridad creciente, una racha de homicidios impactante, criminalidad irracional, miles de delincuentes en las cárceles y miles fuera de ellas, más sus familias, y nos enfrentamos a malvivientes cada vez más jóvenes y violentos. Todo esto acompañado por tasas de reincidencia del 70% de los liberados, lo que demuestra el fracaso total del sistema penitenciario en obtener la reeducación y rehabilitación de los reclusos. Y qué decir del INAU. Todo esto es muy doloroso en términos de convivencia social y gravísimo de cara al futuro. Estos son hechos, no meras palabras. Con expresiones dirigidas a descalificar irónica y superficialmente a los dirigentes de la oposición, no se aportan soluciones, no se mejora la gestión, ni se gana en seguridad pública. Que es lo que necesitamos. Basta pues de palabras. A los hechos. Porque en el enfrentamiento entre las autoridades y la delincuencia, hace tiempo que gana la delincuencia, que ya no le teme al castigo, ni manifiesta mayor preocupación por la consecuencia de sus actos. Es un grave error del ministro centrar su política de seguridad en combatir el hacinamiento y hacerlo con medidas de diversa índole que conducen a impedir procesamientos con prisión, sentencias muy severas o directamente, como ha señalado nada menos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak, aprobando normas que obligan a los jueces a no tener mas remedio que liberar anticipadamente a criminales por el solo hecho de haber cumplido los dos tercios de la pena, pero que no están recuperados, ni rehabilitados, ni han sido reeducados por el sistema. Ellos pronto integrarán el ejército del 70 por ciento de reincidentes de que informan las estadísticas. Y los ciudadanos, en el comercio o en sus hogares, en el transporte o en la vereda, en las plazas o en los parques, armados o no, serán sus víctimas. Esto no se arregla con palabras. Estos son hechos. Se han propuesto, desde el gobierno y desde la oposición, pero también desde la opinión pública y la prensa, numerosas medidas para intentar revertir la alarma pública generada por el aumento de la prepotencia delictiva, envalentonada quizá porque percibe que ir preso hoy ya no tiene las pesadas consecuencias de ayer. Lo que el Uruguay necesita, lo que los uruguayos esperamos, es un mayor rigor legal, la inmediata aplicación de medidas mas severas en todos los frentes, sin concesiones especulativas. Y, sobre todas las cosas, se requiere de un cambio en la política de seguridad pública. Solo así la tasa criminal descenderá. No se puede liberar delincuentes no recuperados. Esto es tramposo, criminal en sí mismo. Esos individuos, como lo indican las cifras, en su mayoría volverán a delinquir. Muchos de ellos, demasiados, volverán a agredirnos. No puede ser que el ministro no lo sepa. O que el presidente de la República lo ignore. Para cumplir con el deber constitucional y moral de proteger a la ciudadanía, se requiere de un cambio radical y profundo. Se necesita sustituir una política centrada en “vaciar las cárceles”, por otra que priorice “vaciar las calles de delincuentes”, tengan la edad que tengan, por todo el tiempo que se requiera para obtener su cabal rehabilitación. Sin engaños. Sin medias verdades. Que hablen los hechos. El hacinamiento solo se resuelve construyendo más cárceles. Y mientras eso no ocurra, las sentencias se deben aplicar con el máximo rigor permitido por la ley. No puede haber más libertades anticipadas sin rehabilitación. Debemos terminar con este sistema perverso, engañoso y falaz, que hace como que corrige la enfermedad pero en realidad la agrava, liberando antes de tiempo a delincuentes profesionales, a sabiendas de que volverán a delinquir. Criminales que no solo no están mejor, sino muy probablemente peor que antes. ¿Cómo se puede perpetrar la barbaridad de soltarlos? ¿No debería exigirse responsabilidad a quienes así proceden? No se trata de ser oficialista u opositor. Hacer de la seguridad de las personas, de la defensa de sus vidas, una mera cuestión de debate político, constituye un agravio a la memoria de las víctimas y un insulto injustificable a la buena fe, la inteligencia y la conciencia ciudadanas. Hay que actuar a favor de la gente. Sin concesiones. Y hacerlo ya.