LOS SINDICATOS: UN DEBATE Y UNA DEUDA

A las puertas de un nuevo año, es insoslayable considerar la insólita situación que vive la enseñanza y la inadmisible actitud sindical contra la planificación impulsada por el CODICEN y especialmente su Plan Pro Mejora, que se aplicará en 20 centros de enseñanza. Pero el 2012 es también una nueva oportunidad para realizar un gran debate nacional sobre la actividad de los sindicatos, sus límites y la responsabilidad de sus dirigentes. Un debate que debe contar con la participación de todos. La sociedad merece que este tema se dilucide de una buena vez. Ante el bloqueo piquetero a los directores de Secundaria de todo el país que concurrieron a elegir horas, o la intempestiva desafiliación de una subdirectora de un liceo de Montevideo, es importante dejar en claro ante la ciudadanía las ideas políticas de cada entidad partidaria. Los partidos tradicionales no deberían pasar por alto ninguna oportunidad para expresar su doctrina social y laboral, dando de ella la más amplia difusión. ¿Qué significa imponer la lucha de clases en una sociedad democrática? El Frente Amplio no debería refugiarse en la comodidad del silencio. Estamos ante acontecimientos que condicionan nuestras vidas, afectan la convivencia, el sentido profundo del Derecho y la razón de ser de las instituciones republicanas. Hoy los sindicatos de la enseñanza secundaria, con el apoyo del PIT-CNT, pretenden imponer sus criterios, torciéndole el brazo a la autoridad legítimamente constituida. ¿Qué opinan el Frente Amplio y la oposición sobre todo esto? La influencia de la ideología marxista en las relaciones laborales lleva al desprecio por la negociación colectiva de buena fe, al rechazo de un tripartismo honesto y constructivo como el promovido por la OIT, y deja de lado la utilización de la conciliación, la mediación o el arbitraje, como instancias previas a las medidas de lucha. Sus posturas promueven y alientan el desborde sindical, desde el campo laboral hacia el político. Prevalece una irracional concepción tendiente, más que a defender los derechos de los trabajadores, a acumular y ejercer poder y a obtener o mantener privilegios. La realidad de hoy nos muestra el agravamiento de una peligrosa tendencia a la inmediata utilización de la huelga, que siempre debería ser un recurso extremo, solo válido cuando han fracasado todos los demás instrumentos de negociación para superar las diferencias entre empleadores y trabajadores. Así, mal entendida y peor aplicada,- como cuando se la hace inclusiva de la ocupación de las empresas-, la huelga se desnaturaliza y pierde por completo legitimidad. Esto viene ocurriendo en nuestro país, con visos de epidemia, de lucha por el poder cueste lo que cueste, de la mano de unos dirigentes sindicales carentes de la formación adecuada y del sentido de responsabilidad social. Y ello es injusto para nuestro país, que ha sido pionero tanto en la aprobación de una ejemplar legislación laboral a principios del siglo XX,- de la mano de José Batlle y Ordoñez, Luis Alberto de Herrera y Carlos Roxlo -, como en el posterior desarrollo doctrinario plasmado por Francisco de Ferrari, sus discípulos y continuadores en la jurisprudencia laboral. En nuestro país no debería haber espacio para utilizar a los gremios para hacer política, ni a los sindicatos como arma para imponer la lucha de clases, ni a las patotas minoritarias para decidir la suerte de la educación en el Uruguay. Pero como tales cosas suceden, -con perjuicios graves para la atención de la salud, la enseñanza, el transporte o la producción y exportación de alimentos esenciales-, es necesario dar lugar a un gran debate nacional, con la participación mas amplia posible de los partidos y los sindicatos, del gobierno, los empleadores, la cátedra y otros actores, como las universidades y los medios. La cuestión sindical se salió de cauce. Los sindicatos pretenden ser quienes decidan quién es contratado y quien es cesado en una empresa privada o en un ente público, e incluso sustituir a la justicia laboral como ámbito competente para dirimir las discrepancias, como en el pasado ocurrió en CONAPROLE y en el Hospital Italiano. Y qué decir de lo que sucede en el ámbito público, con sindicatos como los de COFE, ADEOM, Secundaria o el INAU que exhiben más peso que muchos jerarcas, aun los elegidos por el pueblo, que no saben, no quiren o no pueden hacerse respetar. El gobierno “balconea” los conflictos, en lugar de resolverlos. Tampoco se destaca la actuación del ministerio de Trabajo como factor que contribuya a prestigiar el tripartismo de buena fe impulsado por la OIT. Por todo ello parece más que prudente y razonable encarar la reglamentación legal de la actividad sindical; otorgando garantías para los trabajadores, pero también estableciendo límites y responsabilidades. La huelga como derecho gremial, consagrado en la Constitución de la República desde 1934, no puede convertirse en un instrumento de agresión en manos de irresponsables, con desubicadas pretensiones políticas. El Parlamento hace 77 años que le debe a la sociedad una ley que reglamente su ejercicio. Y esta, sin ninguna duda, es una deuda que debe ser pagada.