LOS RESPONSABLES

Una vez establecido que la principal y justificada preocupación de los uruguayos es la creciente inseguridad pública, sacudidos por los motines en las cárceles y por los tremendos crímenes cometidos en las últimas semanas, ampliamente difundidos por la televisión, parece haber en el Poder Ejecutivo, en los legisladores y jueces, una mayor conciencia de la profunda crisis en que se encuentran el sistema penal y penitenciario de nuestro país. Sin embargo, al mismo tiempo, se advierte un formidable esfuerzo de desinformación, de manipulación de la información. En lugar de asumir los errores y las omisiones en que reiteradamente han incurrido los responsables de poner límites a la violencia criminal y de sancionar adecuadamente a los culpables, se recurre a un torpe manejo político, en el peor de los sentidos. Por eso cabe dudar del cambio de criterios de algunos, pues, además, son los mismos que en el pasado reciente han aprobado leyes penales de una benignidad tal que no solo revelan impericia, sino que conforme lo ha denunciado entre otros el fiscal Gustavo Zubia, rozan una imprudencia permisiva que, en el caso de los menores, alentó numerosas conductas ilícitas. Se creó algo así como un clima de impunidad, aumentado por las reiteradas fugas del INAU. Se trata de una normativa totalmente inadecuada para combatir el flagelo criminal,- que ni siquiera previó un mínimo de pena a los menores de 18 años-, pero que no viene del fondo de los tiempos sino que fue aprobada en estos últimos años. Ante su fracaso evidente quienes la sancionaron han sido incapaces de asumir responsabilidades. Como tampoco asumen las suyas los magistrados que jamás aplican los máximos aceptados por la ley o que, invocando formalidades, dejan sueltos a menores rapiñeros, probadamente violentos. Y no renuncian cuando esos menores prontamente liberados asesinan a trabajadores y comerciantes. Qué decir de la Suprema Corte de Justicia, cuando, ante casos graves,- como el juez de Canelones que liberó a un menor doble homicida que volvió a matar-, dilata el ejercicio de sus facultades de superintendencia correctiva. No sirve que se diga que Honduras o Guatemala están peor. Ni tampoco que, quienes convocan a votar a los 14 años, con afiliación partidaria incluida, afirmen que bajar la edad de imputabilidad a 16 años para el caso de delitos graves, como lo están pidiendo nada menos que 370 mil ciudadanos, es estigmatizar a los jóvenes. Abundan los argumentos falaces para culpar a la prensa por informar, rechazar la potestad policial de solicitar documentos o invocar el hacinamiento para liberar delincuentes no rehabilitados. Ellos son tan solo otra muestra de una miope visión de la realidad, de claras motivaciones ideológicas. El Comisionado Parlamentario Alvaro Garcé ha dicho que “hay muchas armas” en el sistema carcelario. Y droga. Y celulares. Y muertos, incluido el joven guardia ultimado por un recluso que portaba una pistola de grueso calibre. Enrique Navas, ex director nacional de Cárceles, denunció una emergencia de seguridad penitenciaria. De todo ello hay responsables. Lo son quiénes demoraron la instalación de los escáneres o la mayor presencia militar en los controles. También hay responsables del hacinamiento y de sus graves consecuencias: son quiénes, pudiendo, no construyeron oportunamente nuevas y mejores cárceles. Nadie quiere asumir la culpa por los errores y las omisiones que a lo largo de los años jalonan la gestión de un sistema penitenciario en crisis profunda. Debe quedar claro que la culpa por la violencia criminal no es de toda la sociedad, como se ha dicho. Eso es falso de toda falsedad. El primero y gran responsable es el gobierno. Se le vota para que gestione, para que actúe, para que prevenga y para que reprima el delito. Para que con mano firme proteja al ciudadano en el pleno ejercicio de los derechos humanos a la vida y a la seguridad, consagrados en la Constitución. Daniel Sayagués, defensor de oficio de menores, denuncia la escandalosa facilidad de las fugas en el INAU,- en La Casona solo había 12 cupos y se escaparon en un semestre 230 menores. Considera que “ello incentivó el delito enormemente” y que, consecuentemente, “gran parte de lo que está pasando ahora con los adolecentes se debe a los cinco años de la administración anterior.” Así de claro y así de contundente. En el 2009 “había 300 privados de libertad y hubo más de 1.000 fugas. Estamos hablando de un 300% de la población reclusa”. Escandaloso. Es, dice Sayagués, como si en el sistema carcelario de adultos “hubiera 27.000 fugas en un año, ya que son 9.000 presos.” Lapidario. Falta convicción. Falta voluntad política. No se tienen claras las prioridades. Hartos ya de tanta agresión las víctimas se hacen oír. Manifiestan y reclaman, se concentran y protestan. Piden protección y exigen justicia. El gobierno, los legisladores y los jueces deben hacerse cargo, asumir sus responsabilidades. Si uno de ellos falla, falla el sistema. Y digámoslo una vez más: la violencia criminal no es culpa de la prensa. No se pueden ni se deben ocultar los hechos. La gente tiene derecho a conocerlos. Aunque incomode al gobierno. Aunque se amenace con una ley de medios.