ANTE EL ATROPELLO SINDICAL: VOTO SECRETO Y OBLIGATORIO

Dr. Eduardo Héguy Terra

Los sindicatos gremiales, previstos en nuestro ordenamiento jurídico, deben ser reglamentados. Sus derechos y deberes deben estar claramente establecidos por normas jurídicas que, a la vez, protejan el interés general de la sociedad. El derecho de huelga, consagrado en el artículo 57 de la Constitución, también requiere, por su importancia social, de normas que reglamenten su ejercicio dentro de la legitimidad democrática. 

En la dinámica de las relaciones colectivas de trabajo, la utilización de la huelga debe ser siempre un último recurso. Los perjuicios que se derivan de una medida tan extrema imponen que, antes de llegar a ella, se agoten los mecanismos de negociación pacífica y de buena fe. Algunos de ellos están previstos en la Constitución. Tal es el caso de los tribunales de conciliación y de arbitraje. Estos procedimientos para la solución  de los conflictos laborales, a los cuales debe agregarse la mediación, se encuentran al alcance de las partes tanto en el ámbito privado como en el público.

Ya tuvimos oportunidad de referirnos a estos temas en ocasión de las medidas de fuerza ejercidas por los sindicatos de la enseñanza para oponerse al Plan Pro Mejora, como los piquetes que pretendieron impedir que los directores de secundaria de todo el país pudieran elegir horas, o la intempestiva desafiliación de una subdirectora de un liceo de Montevideo. Dijimos entonces que los partidos políticos tenían la obligación de manifestarse claramente ante estos hechos. Los sindicatos son demasiado gravitantes en nuestra sociedad como para ignorar las consecuencias de sus decisiones y estrategias. Nadie puede permanecer indiferente cuando, lejos de actuar como organizaciones gremiales, se convierten en instrumentos políticos para llevar adelante la lucha de clases. No toda huelga es legítima. Como no cualquiera tiene la capacidad para ser dirigente sindical responsable. Mas aun, quienes aspiren a serlo deberían, previamente, capacitarse en lo laboral y renunciar a ocupar cargos políticos en el futuro.

En lo que refiere a la enseñanza pública, sumida en una crisis profunda, de la que llevará muchos años recuperarse, causa dolor y asombro que se haya convertido en campo de batalla de dirigentes sindicales radicales, devenidos en irracionales agitadores sociales. Cuando se habla de los profesores de secundaria, es imprescindible conocer algunas cifras, que ilustran el despropósito de la estrategia sindical que se lleva a cabo ante la inminente aprobación de la ley de Rendición de Cuentas, última del gobierno de José Mujica. 

Se dice que son más de 8 mil los docentes de secundaria en Montevideo. De ellos están afiliados a los sindicatos tan solo 3 mil. Pero para decidir una huelga que perjudica gravemente a los alumnos, a los padres y a los propios docentes, y que se decreta sin una previa y suficiente negociación, apenas concurren a las asambleas que las deciden unas pocas decenas de profesores. Es asombroso. Surrealista. Indignante. Nótese, además, que estos activistas actúan así a pesar de que existe un convenio salarial vigente, en el cual se establecieron aumentos para todo el período considerado. Pero claro, las autoridades omitieron establecer en el convenio una cláusula de paz laboral. De lo cual, como bien sabemos, nadie se hará responsable. 

Igual que nadie se hace responsable por las horas de clase perdidas. Tal parece que, por ser gratuita, los padres carecen de derechos. Ya hemos visto con cuanta iracundia han reaccionado los dirigentes sindicales ante la mera insinuación de recuperar las horas perdidas, por cuya vía podrían también recuperar salarios perdidos por la huelga. Pero no. Ya no falta nada para intentar socavar la enseñanza pública uruguaya. Y esto lo hacen con un gobierno del Frente Amplio. Con un ministro de educación y un presidente tupamaros.  

Hoy prevalece, entre algunos dirigentes sindicales devenidos en figuras mediáticas, una irracional concepción que, mas que a defender los derechos de los trabajadores, parece encaminada a acumular y a ejercer poder. Y estos dirigentes, apoyados no por miles de docentes sino por pequeños núcleos de militantes adoctrinados, se enfrentan a unas autoridades vacilantes, cuyos representantes son de un mismo origen ideológico sindical, razón por la cual carecen de  decisión en el ejercicio de las facultades y responsabilidades que la ley les otorga. Así lo vemos en la ambigua reacción ante la ilegítima ocupación de los liceos. 

Por todo lo cual se puede concluir que una dirigencia muy radical actúa con impunidad que corre pareja con el despropósito de sus estrategias de negociación.  Primero la huelga, la medida de fuerza, después la negociación. Se usa y abusa de la prepotencia, el insulto y la descalificación. No es así como debe funcionar un Estado de Derecho. No es así como se obtiene justicia laboral. No es así como se garantizan los derechos de la ciudadanía, empezando por los alumnos y sus familias. No es así como se respeta el sentir de  los profesores de secundaria. Estos, los ocho mil, deberían poder expresarse, a través del voto secreto y obligatorio. Antes de que el sindicato adopte medidas extremas, que a todos comprometen.