APUNTES DE ENERO

Dr. EDUARDO HEGUY TERRA

En este mes de enero, propicio para entretenimientos, es digna de especial recomendación la excelente exposición del pintor uruguayo Carlos Federico Sáez que tiene lugar en el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo. La cantidad y calidad de las obras allí presentadas constituyen un acontecimiento cultural de primera magnitud, que destaca adecuadamente las relevantes dotes pictóricas de Sáez. Este excepcional artista, nacido en Mercedes y prematuramente fallecido el 4 de enero de 1901, a la edad de 22 años, se merecía este homenaje. Quienes visiten la exposición podrán apreciarlo cabalmente. A la vez, la visita al museo será ocasión propicia para disfrutar obras de los maestros Juan Manuel Blanes, Pedro Blanes Viale, Pedro Figari, Joaquín Torres García y José Cúneo, entre otros destacados pintores uruguayos.

Pero, en este enero que se acerca a su fin, existen otros temas que no resultan tan gratos como el arte. Así ocurre con el nivel del aumento de las tarifas de UTE y de los precios de los combustibles de ANCAP. En ambos casos se fijan sin reflejar adecuadamente los costos, ya sea de la generación eléctrica o del precio del petróleo crudo. En el caso de UTE, la empresa del Estado con mejores balances y rendimientos, que ha mejorado notoriamente la matriz energética nacional, especialmente desarrollando decididamente la energía eólica, se critica desde la oposición que luego de anunciar rebajas en las tarifas, se pasa a solicitar un aumento que el directorio del ente industrial y comercial del Estado estimó en 3,9%, pero que el Poder Ejecutivo finalmente estableció en 6,9%. Ello no parece responder a las necesidades de la empresa sino a las del gobierno, que exhibe un déficit a noviembre de 2014 del 3,6% del PIB. 

La pregunta que se impone responder es si es legítimo utilizar las tarifas públicas con el objetivo de generar recursos para el Estado, lo que claramente se constituye en un impuesto encubierto, lo que debería seguir un trámite diferente, sin afectar las finanzas de las empresas públicas y sin trasladar la carga a tarifas y precios que pagamos todos. No es la primera vez que se recurre a este mecanismo. Y no parece correcto, ni es de buena política financiera. En este momento, parecería que solo UTE puede aportar recursos al Ministerio de Economía mediante un aumento de tarifas. Ni ANCAP ni ANTEL pueden aportar para solventar el déficit público, cuya magnitud preocupa y complica al gobierno entrante. 

ANCAP  –recordemos que la mitad del precio de los combustibles son impuestos–ha sufrido pérdidas importantes en los últimos años, por lo que incluso demora trasladar al castigado consumo la significativa rebaja del precio internacional del petróleo (un 60% desde junio pasado). ANTEL, según un estudio realizado por el economista Javier de Haedo y publicado bajo el titulo “Las empresas publicas al rojo”, en setiembre de 2014, tuvo  un considerable resultado deficitario de US$ 182 millones, equivalente al 17% de los ingresos de la empresa, que de Haedo estima se explica por inversiones, especialmente en fibra óptica. 

Como suele ocurrir, estas cuentas se complican antes durante la campaña electoral y se ven con mayor claridad en los períodos post electorales.

Otro tema que ha adquirido relevancia en las agendas periodísticas de enero, es el grado de participación que el gobierno de Tabaré Vázquez está dispuesto a conceder a los partidos de la oposición en la administración de diversos organismos del Estado. En primer lugar cabe señalar que en ello influye directamente el resultado de las elecciones de octubre de 2014, en las que el Frente Amplio obtuvo mayoría en ambas cámaras legislativas. A la vista de esa realidad, el gobierno electo poco y nada necesita de la oposición. De no ser así otros gallos cantarían.

Lo cierto es que el presidente electo está dispuesto a otorgar a la oposición representación en los entes industriales y comerciales del Estado y en los servicios descentralizados, y en otros organismos, pero  excluidos BPS, ASSE y Codicen. En estos tres últimos se considera que al tener representación social, estaría asegurada la función de contralor de la gestión sin necesidad de participación de la oposición política. Pero obviamente no es lo mismo. Se agrega que de esa forma se facilita la toma de decisiones por parte del gobierno.

Ante esta realidad, cabe preguntarse qué es lo más correcto o  conveniente. Desde la oposición, como es natural, se esperaba poder participar con la mayor amplitud, pues se considera que su rol de contralor y su aporte a la mejor gestión son fundamentales. Otros, en cambio, mirando la experiencia de años recientes, no advierten que los partidos de oposición hayan gravitado en la mejor administración de los organismos públicos. Algunos representantes ni siquiera han sido visibles o audibles. Y no faltan quienes recuerden que Pedro Bordaberry retiró los representantes de Vamos Uruguay ante la falta de consideración de la administración Mujica. En rigor, opinan algunos, la responsabilidad del contralor de la gestión del gobierno en todos los ámbitos corresponde al Parlamento. Y se menciona, para avalarlo, la firme y eficaz intervención del senador Moreira en todo lo relativo al affaire Pluna y su penosa bancarrota, que culmina vendiendo en 10 millones de dólares aviones que costaron 30 millones.

Enero, como se ve, no ha estado falto de cuestiones importantes ni de vivas polémicas. Como corresponde a la mejor tradición de la política uruguaya.