¿DUPLICAR LAS PENAS?

Dr. Eduardo Héguy Terra

Tenemos un gravísimo problema de seguridad. Por eso, para combatir el delito no hay medida que deba excluirse a priori. No importa de qué tiendas políticas provenga, ni a quien se adjudique el mérito de haberla propuesto. ¿Porqué no duplicar las penas? Esto puede hacerlo la justicia, - que rara vez aplica los máximos autorizados -, sin necesidad de nueva legislación. ¿Radical?  ¿Ilógico? En tanto el delincuente esté preso, no robará, no violará, ni matará. Alcanzó con que se estableciera el mínimo de un año de reclusión a los menores que cometen rapiñas y las rapiñas bajaron. No es función de los jueces sino del gobierno resolver la falta de cárceles adecuadas. 

Más y mejor policía, mejor armamento y superior tecnología aplicada a prevenir el delito o a capturar a sus autores, intensificación de las acciones de inteligencia preventiva, de los patrullajes y la presencia policial en las calles. Crear una guardia nacional similar a carabineros de Chile o a la guardia civil española. Transformar cargos del ministerio de Defensa en cargos del ministerio del Interior, adjudicar tareas de prevención de ilícitos en las fronteras a las fuerzas armadas, que tiene una importante experiencia adquirida en sus misiones en el exterior con Naciones Unidas. 

Se debe intensificar la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas, introducir reformas en la legislación penal y procesal penal,  aumentar las penas de los delitos graves y especialmente a los mayores que asocien a menores para delinquir. Evitar la ficción de que el sistema penitenciario rehabilita a los delincuentes profesionales en el corto plazo. Construir más y mejores cárceles. Impedir la posesión de armas, drogas y celulares a los reclusos, aprobar mejores proyectos de rehabilitación de los presos, intensificar la capacitación profesional de los guardias encargados de custodiarlos y ejercer autoridad dentro de las cárceles. Eliminar las salidas transitorias a  los reincidentes y habituales.

Asimismo se debe mejorar el tratamiento educativo para los menores infractores, de cuya violencia nos informa a diario la crónica policial. Y mejorar el seguimiento de los liberados, muchos de los cuales no han sido rehabilitados plenamente.

Todas estas propuestas por si solas no son suficientes, pero sumadas, pueden lograr un cambio y revertir unas estadísticas del delito que en la última década no han hecho más que crecer en cantidad - más de 16 mil rapiñas por año, más de 100 mil hurtos por año -, y aumentar en peligrosidad. Y no vale compararse con México, con Honduras, las favelas  o Nicaragua, sino con el Uruguay que fuimos, que merecemos y que queremos recuperar.

Una de esas medidas es la llamada baja de la edad de imputabilidad. Significa incluir a los mayores de 16 años autores de delitos graves y gravísimos, como el homicidio y la violación, en la misma legislación penal que hoy se aplica a los mayores de 18. Hoy homicidas y violadores de 16 o 17 años no puedan tener una condena que supere el límite de 5 años,- que casi nunca se aplica. Es bien claro que a esa edad ya se  diferencia entre el bien y el mal, y si ese no fuera  el caso el juez podrá considerarlo. Todos esos menores serían destinados a un establecimiento de detención diferente al de los delincuentes mayores y sometidos a tratamientos educativos especiales. 

¿Porque oponerse a esta propuesta, que será votada el 26 de octubre próximo?  Sí ella suma, como creemos que suma, a la protección de la sociedad, si fortalece su defensa, no cabe duda que es una medida más en la dirección correcta: proteger al ciudadano de quienes lo agreden y reeducar a los agresores. Hoy son más de 50 los menores detenidos por homicidio: no deben estar en el INAU sino en un nuevo instituto especializado. Sería de lamentar que la oposición trabe una buena iniciativa  por provenir de Lacalle y de Bordaberry,  porque los favorece en el tiempo electoral que vivimos.

Ante el fracaso del sistema penitenciario en la rehabilitación de los delincuentes profesionales, ¿cabe alguna duda de que sí duplicamos las penas para los delitos graves y gravísimos, disminuiría el número de casos?  Entre otras razones, porque mientras el delincuente esta preso no puede delinquir. Hace pocos días un delincuente que había salido en libertad seis meses atrás fue nuevamente detenido y confesó haber cometido 17 delitos de rapiña en ese lapso. No hubiera podido hacerlo estando preso. De ahí que también sea necesario que los jueces utilicen los márgenes máximos que les otorga la ley penal, conceda cada vez más peso a las víctimas y contribuya de manera significativa y eficaz a una mejor solución.

Y en todo esto ¿es demasiado pedir un gran acuerdo nacional, entre todos los partidos?

Todavía estamos a tiempo. Pero rápidamente llegaremos a un punto de consolidación del núcleo duro del delito y de las zonas rojas. Sería un  punto de no retorno.