CORRUPCION Y PERIODISMO

Dr. Eduardo Héguy Terra

El escándalo de corrupción en ASSE, protagonizado por el director Alfredo Silva, representante de los trabajadores propuesto por el sindicato y designado por el Poder Ejecutivo, trajo como efecto colateral un nuevo debate sobre el rol de los medios de comunicación en las democracias. La visión del sindicato de ASSE y del PIT-CNT, compartida por miembros del oficialismo, es que los medios y la oposición han tomado este tema como algo central por tratarse de un momento electoral. 

Pero la única verdad es que la magnitud del escándalo es tan grande, que es imposible silenciarla o disimular su impacto en cualquier tiempo y circunstancia, electoral o no. Es evidente que el Frente Amplio pagará un elevado costo político, ya que ignoró señales claras, enviadas desde los partidos de la oposición de lo que estaba pasando en varios hospitales del país. Y se negó sistemáticamente a autorizar el funcionamiento de comisiones parlamentarias investigadoras, como lo recordaron Pedro Bordaberry y Luis Lacalle Pou. La sobrefacturación había sido la causa para que la empresa de limpieza del Hospital Maciel terminara con dos de sus jerarcas procesados. La sobrefacturación fue nuevamente protagonista con la empresa Buena Estrella, que la sucedió. Estas irregularidades fueron señaladas desde fines del 2011, según recordó en estas horas el senador Luis Alberto Heber.

¿Cómo podrían los periodistas ignorar estos hechos? Es imposible, porque si lo hicieran incurrirían, ellos también, en una corrupción cómplice, en una repudiable manipulación de la verdad. Ese es el dilema existencial de los comunicadores demasiado cercanos al gobierno. Y la gente lo comenta. Perdida la independencia, también se pierde la inocencia. Y la gente lo nota. Si hasta tenemos casos en la televisión de personas con evidentes cercanías afectivas o políticas con prominentes figuras del gobierno. Y la gente lo sabe.

Pero el común de los periodistas, que carece de ataduras políticas y solo manifiesta apego por su condición profesional, no solo puede informar sobre la verdad en los casos de corrupción, sino que tiene el deber irrenunciable de hacerlo. A ello refiere su responsabilidad social.

En una entrevista, realizada por La Nación de Buenos Aires, el domingo pasado, a Christophe Deloir, secretario general desde el 2012 de  Reporteros sin Fronteras, organización fundada en Francia en 1985, se le preguntó cuál era, a su juicio, para un periodista, el tema más riesgoso de cubrir en la actualidad. Deloir contestó, sin vacilar: la corrupción. Y agregó: investigar la corrupción en México es muy peligroso; en Rusia hay periodistas presos por haberlo hecho. Lo cierto es que existe una correlación entre menor libertad de prensa y mayor nivel de corrupción. Por eso es que los corruptos temen a la prensa y la persiguen.

Reporteros sin Fronteras sabe de lo que habla. Dedicada desde hace 30 años a defender la libertad de prensa y a los periodistas perseguidos por su actividad profesional, inspirada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recibió en el 2005 el premio Sajarov a la libertad de conciencia, que otorga el parlamento europeo. Cuenta con una red de más de 150 corresponsales en todo el mundo y tiene estatus  consultivo ante la UNESCO y las Naciones Unidas. 

En algunos países, como Siria, Pakistán o México los periodistas pueden pagar con su vida el ejercicio del derecho a la información. En otros, los hombres de la prensa pueden padecer años de cárcel, como le ocurrió a Win Tin, periodista birmano, quien estuvo 19 años preso. Y ello es así, nos recuerda Christophe Deloir, porque los malos gobiernos saben que la libertad de información es la que permite constatar la existencia o no de todas las otras libertades. También hay países, como Ecuador y Venezuela, donde los medios de comunicación no sometidos al gobierno son objeto de dura y permanente persecución, según lo han denunciado la SIP y la AIR reiteradamente. Y qué  decir de Cuba, sometida a una dictadura, con partido único – el comunista –, y con ausencia total de libertad de prensa.

Sin llegar a esos extremos, también en nuestro país existen las presiones sobre el periodismo.  Se puede utilizar la publicidad oficial para condicionar a los medios. Se puede ir directamente contra el periodista, ejercer coacción y hasta privarle de su trabajo. Se impulsa así la auto censura, la que lleva a omitir información en forma total o parcial, o a restarle importancia, “bajarle el perfil”, a los errores y los hechos de corrupción o a disimular la responsabilidad de algunos gobernantes, tal vez amigos o correligionarios. 

Pero la gente no es tonta. Tarde o temprano se da cuenta y opta, como debe ser, por la libertad de información y el derecho a ser informados. Porque comprende que, sin la prensa independiente, estaríamos perdidos dentro de la agenda y la telaraña de mensajes publicitarios emitidos desde el gobierno. Por eso debemos recordarle al Estado que es su obligación garantizar la independencia de los medios, hoy amenazada en el Uruguay por un innecesario, abrumador e inconveniente proyecto de ley sobre los medios que, como ya hemos dicho, lo que aporta de bueno no es nuevo y lo que trae de nuevo, no es bueno.