CON LA CANCHA FLECHADA
Cuando los partidos tradicionales tuvieron el gobierno y las mayorías parlamentarias, el poder político fue utilizado para construir la paz y lograr la reconciliación nacional. Este fue el signo de los gobiernos de Julio Maria Sanguinetti y de Luís Alberto Lacalle. Este fue el camino transitado, - con generosidad y grandeza - por Wilson Ferreira Aldunate, pese al exilio, la prisión y la exclusión. Sobre esa base, clara y firme, transito el gobierno de Jorge Batlle Ibáñez, aunque algunas de sus iniciativas, sin duda de buena voluntad, terminaron siendo funcionales a la estrategia de la izquierda radical.
Hoy, que el gobierno lo ejercen los tupamaros, los socialistas, los comunistas y sus aliados en el Frente Amplio, el poder se utiliza para desandar caminos, retroceder en el tiempo, abrir heridas dolorosas para toda la sociedad, dar paso a la venganza y el revanchismo.
Hoy, el Partido Nacional y el Partido Colorado, desde la oposición, se mantienen coherentes en su vocación por la paz. Esa misma vocación que, para dejar atrás la violencia contra las instituciones democráticas, les hizo impulsar la ley de amnistía para los tupamaros y otros grupos guerrilleros. Esa misma vocación que, para dejar atrás los excesos de la dictadura, les hizo impulsar la ley de caducidad. Una ley con fisuras y errores, de los que se han valido quienes hoy, contrariando el voto popular que respaldo la ley de caducidad – y no la de amnistía tupamara - siguen buscando la venganza.
Mientras las mayorías respaldaron el pensamiento de los partidos tradicionales, la convivencia cívica fue tan pacifica que aun quienes cometieron delitos en el pasado – luego amnistiados -, pudieron ingresar a la vida publica y alcanzar cargos relevantes en municipios y órganos legislativos nacionales y departamentales. Hoy, que gobiernan socialistas y comunistas, y que los tupamaros ocupan ministerios, el panorama es otro.
El clima ha cambiado. Y nadie es ajeno a esta nueva realidad. Las ocupaciones de empresas. Los conflictos que se inician con huelgas y no con diálogos y negociaciones. La unilateralidad del discurso histórico sobre el pasado reciente. El olvido o la ocultación de las propias culpas. La falta de gratitud por el perdón logrado de las mismas instituciones democráticas contra las que se alzaron en armas. El desprecio por la voluntad mayoritaria de la ciudadanía que, convocada a dar su aprobación a la ley de caducidad, formulo un claro y elocuente voto por la convivencia en paz. El permanente hostigamiento publico a los medios de comunicación y a los comunicadores no oficialistas. Los hechos se suman y el cambio, gradualmente, se produce.
Este deterioro del clima social y político del Uruguay, que ejerce presión sobre todos los actores, voluntarios o no, del acontecer contemporáneo, difícilmente pueda ser desconocido para el Poder Judicial. Un Poder que, como los otros dos poderes del Estado, también esta integrado por seres humanos; con una capacitación especial, es cierto, pero con sentimientos, inclinaciones políticas e historias personales. ¿Puede alguien afirmar, con total certeza, que ellas no han estado presentes en las circunstancias que rodearon el procesamiento de Juan Maria Bordaberry y Juan Carlos Blanco como coautores de homicidio? Nadie puede mantenerse totalmente ajeno a la incesante presión política que cotidianamente se ejerce para volver al pasado. Por si algo faltara, ahí esta el movimiento que ahora impulsa la anulación de la ley de caducidad. Ver al senador comunista Eduardo Lorier promoviéndolo, ayuda a despejar dudas y aclarar ideas.
Después de todo esto, ¿cuál será el país en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos?
Somos de los que creen que buena parte de la responsabilidad de que esto ocurra se debe a la falta de conocimiento que tienen muchos ciudadanos, especialmente los más jóvenes, sobre los hechos de la decada del sesenta que, en plena democracia, tuvieron a la guerrilla armada como protagonista y principal responsable. Muchos, por ejemplo, ignoran que cuando inician sus acciones eran tiempos de gobierno ejecutivo colegiado y de mayoría del Partido Nacional. Todos deben saber que, quienes hoy, -gozando de la libertad que les otorgo una ley generosa-, se presentan como héroes, no se alzaron contra la dictadura, sino contra la democracia, contribuyendo a su crisis institucional. Y que muchos otros que hoy se presentan como demócratas, no estuvieron presentes a la hora de defender las instituciones, por ejemplo en los tristes sucesos de febrero de 1973.
Por eso la obligación de informar, con veracidad y claridad sobre los hechos del pasado, es una responsabilidad que no se puede soslayar. Labor imprescindible e impostergable, que especialmente corresponde a los dirigentes blancos y colorados. Y que los medios de comunicación social tampoco podemos eludir. La ignorancia de hechos, la confusión de las fechas y la manipulación de criterios y referentes abonan que, como se pretende, termine predominando una visión hemipléjica de la historia política del Uruguay. Si esto se logra, entonces si que lo peor aun esta por venir. Por todo ello, no nos resignemos a vivir con esta sensación de que la cancha esta flechada. En comprenderlo así, sin exageración ni retórica, nos va el futuro de nuestro querido país. Aun estamos a tiempo.
Hoy, que el gobierno lo ejercen los tupamaros, los socialistas, los comunistas y sus aliados en el Frente Amplio, el poder se utiliza para desandar caminos, retroceder en el tiempo, abrir heridas dolorosas para toda la sociedad, dar paso a la venganza y el revanchismo.
Hoy, el Partido Nacional y el Partido Colorado, desde la oposición, se mantienen coherentes en su vocación por la paz. Esa misma vocación que, para dejar atrás la violencia contra las instituciones democráticas, les hizo impulsar la ley de amnistía para los tupamaros y otros grupos guerrilleros. Esa misma vocación que, para dejar atrás los excesos de la dictadura, les hizo impulsar la ley de caducidad. Una ley con fisuras y errores, de los que se han valido quienes hoy, contrariando el voto popular que respaldo la ley de caducidad – y no la de amnistía tupamara - siguen buscando la venganza.
Mientras las mayorías respaldaron el pensamiento de los partidos tradicionales, la convivencia cívica fue tan pacifica que aun quienes cometieron delitos en el pasado – luego amnistiados -, pudieron ingresar a la vida publica y alcanzar cargos relevantes en municipios y órganos legislativos nacionales y departamentales. Hoy, que gobiernan socialistas y comunistas, y que los tupamaros ocupan ministerios, el panorama es otro.
El clima ha cambiado. Y nadie es ajeno a esta nueva realidad. Las ocupaciones de empresas. Los conflictos que se inician con huelgas y no con diálogos y negociaciones. La unilateralidad del discurso histórico sobre el pasado reciente. El olvido o la ocultación de las propias culpas. La falta de gratitud por el perdón logrado de las mismas instituciones democráticas contra las que se alzaron en armas. El desprecio por la voluntad mayoritaria de la ciudadanía que, convocada a dar su aprobación a la ley de caducidad, formulo un claro y elocuente voto por la convivencia en paz. El permanente hostigamiento publico a los medios de comunicación y a los comunicadores no oficialistas. Los hechos se suman y el cambio, gradualmente, se produce.
Este deterioro del clima social y político del Uruguay, que ejerce presión sobre todos los actores, voluntarios o no, del acontecer contemporáneo, difícilmente pueda ser desconocido para el Poder Judicial. Un Poder que, como los otros dos poderes del Estado, también esta integrado por seres humanos; con una capacitación especial, es cierto, pero con sentimientos, inclinaciones políticas e historias personales. ¿Puede alguien afirmar, con total certeza, que ellas no han estado presentes en las circunstancias que rodearon el procesamiento de Juan Maria Bordaberry y Juan Carlos Blanco como coautores de homicidio? Nadie puede mantenerse totalmente ajeno a la incesante presión política que cotidianamente se ejerce para volver al pasado. Por si algo faltara, ahí esta el movimiento que ahora impulsa la anulación de la ley de caducidad. Ver al senador comunista Eduardo Lorier promoviéndolo, ayuda a despejar dudas y aclarar ideas.
Después de todo esto, ¿cuál será el país en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos?
Somos de los que creen que buena parte de la responsabilidad de que esto ocurra se debe a la falta de conocimiento que tienen muchos ciudadanos, especialmente los más jóvenes, sobre los hechos de la decada del sesenta que, en plena democracia, tuvieron a la guerrilla armada como protagonista y principal responsable. Muchos, por ejemplo, ignoran que cuando inician sus acciones eran tiempos de gobierno ejecutivo colegiado y de mayoría del Partido Nacional. Todos deben saber que, quienes hoy, -gozando de la libertad que les otorgo una ley generosa-, se presentan como héroes, no se alzaron contra la dictadura, sino contra la democracia, contribuyendo a su crisis institucional. Y que muchos otros que hoy se presentan como demócratas, no estuvieron presentes a la hora de defender las instituciones, por ejemplo en los tristes sucesos de febrero de 1973.
Por eso la obligación de informar, con veracidad y claridad sobre los hechos del pasado, es una responsabilidad que no se puede soslayar. Labor imprescindible e impostergable, que especialmente corresponde a los dirigentes blancos y colorados. Y que los medios de comunicación social tampoco podemos eludir. La ignorancia de hechos, la confusión de las fechas y la manipulación de criterios y referentes abonan que, como se pretende, termine predominando una visión hemipléjica de la historia política del Uruguay. Si esto se logra, entonces si que lo peor aun esta por venir. Por todo ello, no nos resignemos a vivir con esta sensación de que la cancha esta flechada. En comprenderlo así, sin exageración ni retórica, nos va el futuro de nuestro querido país. Aun estamos a tiempo.
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