EL LUJO DE LA POBREZA
La situación no da para más. Parece que no hay voluntad política para resolver el grave problema de seguridad que padecemos. Se dice que faltan recursos. No es cierto. Lo que falta son ideas, ganas, determinación. Sobran, eso si, excusas, pretextos, retórica, discursos y la superficial referencia a la “sensación térmica”. Los responsables, por omisión, de la inseguridad, deben reaccionar y aplicar todas las medidas necesarias, en defensa del bien común, para alcanzar niveles adecuados de protección de personas, hogares y bienes.
En primer lugar, debe quedar claro que la seguridad es un derecho humano fundamental, consagrado a texto expreso en el artículo 7º. de la Constitución de la Republica. El Estado, por tanto, tiene entre sus cometidos esenciales proteger a los ciudadanos de la agresión de los delincuentes. Sin claudicaciones.
Se dice que faltan recursos. No es verdad. El Ministerio del Interior cuenta con más de veinte mil hombres. Pero además están las fuerzas armadas, con casi treinta mil hombres más. El diez por ciento de estos, con un corto periodo de instrucción, podrían reforzar la fuerza pública en la prevención de los delitos. Se trata de que el Ministerio de Defensa Nacional – muy alejado del riesgo de una guerra -, le transfiera, sin costo, tres mil cargos al Ministerio del Interior, que vive quejándose de la falta de presupuesto. ¿No es acaso absurdo que todo ese personal permanezca subutilizado mientras tenemos un grave problema de inseguridad? ¿No es este el lujo de la pobreza?
La seguridad hace a la esencia de la calidad de vida. Cuando no podemos caminar tranquilos por la calle, cuando nuestros hijos no están seguros, cuando el robo de vehículos y de viviendas es de todos los días, cuando el transporte publico es amenazado, cuando enrejamos, ponemos alarmas, contratamos – si podemos - servicios privados de seguridad o el 222, cuando la violencia y el miedo se instalan en la sociedad, nuestra calidad de vida se degrada dramáticamente. Ese es el problema que deben resolver las autoridades públicas. Sin pretextos, sin discursos, sin excusas. Es urgente hacer algo y hacerlo ya.
Si desde arriba se envían señales engañosas, si se abren las puertas de las cárceles,- en lugar de construir mas y mejores establecimientos penitenciarios -, si el régimen de salidas transitorias hace agua, el INAU no reforma a los delincuentes juveniles y las prisiones, lejos de recuperar, se convierten en escuelas del delito, centros de frustración y desesperanza, cada día estaremos mas lejos de resolver el problema y mas cerca de que se llegue al limite de lo irreversible. Ahí están los tristes ejemplos de San Pablo, Río de Janeiro o Colombia.
Por ello, de lo mucho recaudado por impuestos, lo que se destina a seguridad pública debe ser considerado una inversión prioritaria. Clave para proteger importantes actividades productivas vitales para el país por el empleo que generan y los ingresos de divisas que proveen. La inversión en seguridad tiene un inmediato y generoso retorno en el turismo y en el valor de la propiedad inmueble. Este verano, lamentablemente, marco un nuevo retroceso, las quejas de numerosos turistas, victimas de la delincuencia, se sumaron a las denuncias de los propios uruguayos que sufrieron robos, arrebatos y rapiñas desde los balnearios hasta la Ciudad Vieja. Dos o tres mil hombres mas, puestos a patrullar, previniendo, anticipando, disuadiendo ¿no hubieran hecho una diferencia? Da pena saber que miles de soldados se quedaron en los cuarteles, a la espera de una guerra improbable, ocupados en tareas secundarias, en lugar de aportar a la seguridad del Uruguay, cuando si lo hacen en el Congo y en Haití.
Derecho ciudadano, obligación del Estado, calidad de vida, inversión estratégica, la seguridad es además, vista desde el gobierno, un tema de buena administración de los recursos disponibles. En mi opinión, reitero, los recursos están, pero se les distribuye mal. Todo el Estado debe reaccionar, antes de que sea tarde. Con mejores leyes, mas políticas sociales, mejores fallos judiciales, mas y mejor policía, mas y mejores cárceles. Y un buen sistema penitenciario,- a cargo de personal capacitado y bien remunerado-, y no este inhumano e ineficiente que hoy tenemos, en el que se comprenda que el único delincuente aceptable es el que esta preso o ha sido recuperado.
Quien proteja a la gente, recogerá sus frutos. Los recursos están. Los hombres están. Son miles. Improductivos. El lujo de la pobreza. Se requiere convicción y voluntad política para cambiar. 130 mil delitos registrados en apenas nueve meses así lo reclaman. Debemos exigirle respuestas al presidente Tabare Vázquez quien tiene, como ninguno antes, las mayorías parlamentarias y la suma del poder de administración. Ojala que los relevos dispuestos traigan cambios.
En primer lugar, debe quedar claro que la seguridad es un derecho humano fundamental, consagrado a texto expreso en el artículo 7º. de la Constitución de la Republica. El Estado, por tanto, tiene entre sus cometidos esenciales proteger a los ciudadanos de la agresión de los delincuentes. Sin claudicaciones.
Se dice que faltan recursos. No es verdad. El Ministerio del Interior cuenta con más de veinte mil hombres. Pero además están las fuerzas armadas, con casi treinta mil hombres más. El diez por ciento de estos, con un corto periodo de instrucción, podrían reforzar la fuerza pública en la prevención de los delitos. Se trata de que el Ministerio de Defensa Nacional – muy alejado del riesgo de una guerra -, le transfiera, sin costo, tres mil cargos al Ministerio del Interior, que vive quejándose de la falta de presupuesto. ¿No es acaso absurdo que todo ese personal permanezca subutilizado mientras tenemos un grave problema de inseguridad? ¿No es este el lujo de la pobreza?
La seguridad hace a la esencia de la calidad de vida. Cuando no podemos caminar tranquilos por la calle, cuando nuestros hijos no están seguros, cuando el robo de vehículos y de viviendas es de todos los días, cuando el transporte publico es amenazado, cuando enrejamos, ponemos alarmas, contratamos – si podemos - servicios privados de seguridad o el 222, cuando la violencia y el miedo se instalan en la sociedad, nuestra calidad de vida se degrada dramáticamente. Ese es el problema que deben resolver las autoridades públicas. Sin pretextos, sin discursos, sin excusas. Es urgente hacer algo y hacerlo ya.
Si desde arriba se envían señales engañosas, si se abren las puertas de las cárceles,- en lugar de construir mas y mejores establecimientos penitenciarios -, si el régimen de salidas transitorias hace agua, el INAU no reforma a los delincuentes juveniles y las prisiones, lejos de recuperar, se convierten en escuelas del delito, centros de frustración y desesperanza, cada día estaremos mas lejos de resolver el problema y mas cerca de que se llegue al limite de lo irreversible. Ahí están los tristes ejemplos de San Pablo, Río de Janeiro o Colombia.
Por ello, de lo mucho recaudado por impuestos, lo que se destina a seguridad pública debe ser considerado una inversión prioritaria. Clave para proteger importantes actividades productivas vitales para el país por el empleo que generan y los ingresos de divisas que proveen. La inversión en seguridad tiene un inmediato y generoso retorno en el turismo y en el valor de la propiedad inmueble. Este verano, lamentablemente, marco un nuevo retroceso, las quejas de numerosos turistas, victimas de la delincuencia, se sumaron a las denuncias de los propios uruguayos que sufrieron robos, arrebatos y rapiñas desde los balnearios hasta la Ciudad Vieja. Dos o tres mil hombres mas, puestos a patrullar, previniendo, anticipando, disuadiendo ¿no hubieran hecho una diferencia? Da pena saber que miles de soldados se quedaron en los cuarteles, a la espera de una guerra improbable, ocupados en tareas secundarias, en lugar de aportar a la seguridad del Uruguay, cuando si lo hacen en el Congo y en Haití.
Derecho ciudadano, obligación del Estado, calidad de vida, inversión estratégica, la seguridad es además, vista desde el gobierno, un tema de buena administración de los recursos disponibles. En mi opinión, reitero, los recursos están, pero se les distribuye mal. Todo el Estado debe reaccionar, antes de que sea tarde. Con mejores leyes, mas políticas sociales, mejores fallos judiciales, mas y mejor policía, mas y mejores cárceles. Y un buen sistema penitenciario,- a cargo de personal capacitado y bien remunerado-, y no este inhumano e ineficiente que hoy tenemos, en el que se comprenda que el único delincuente aceptable es el que esta preso o ha sido recuperado.
Quien proteja a la gente, recogerá sus frutos. Los recursos están. Los hombres están. Son miles. Improductivos. El lujo de la pobreza. Se requiere convicción y voluntad política para cambiar. 130 mil delitos registrados en apenas nueve meses así lo reclaman. Debemos exigirle respuestas al presidente Tabare Vázquez quien tiene, como ninguno antes, las mayorías parlamentarias y la suma del poder de administración. Ojala que los relevos dispuestos traigan cambios.
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