POR DECIR LO QUE NO DIJO
Alguien le atribuyo al doctor Tabare Vázquez la intención de llegar a la disolución del Parlamento si se contradecía su firme posición en contra del aborto. La reacción fue inmediata. La bancada oficialista se sintió agredida, la oposición monto en cólera, llovieron los epítetos sobre el Presidente de la Republica, de autoritario e ignorante a bravucón, nada quedo por decir. !Hasta lo acusaron de anunciar un golpe de Estado! Y, sin embargo, Tabare Vázquez, al reiterar su determinación de vetar cualquier proyecto de ley que se propusiera legitimar el aborto, ni siquiera menciono la disolución de Parlamento como una hipótesis a considerar en caso de enfrentamiento con una eventual mayoría de legisladores pro abortistas. Así se encargo de aclararlo, sin dejar duda alguna, el propio doctor Vázquez. Veto si, disolución no, pues esta no es siquiera posible en este caso.
¿Papelón o marcha atrás? Si lo primero, ¿de quien? ¿Error político o periodistico? ¿Quien fue el primeo en dar a conocer la versión? ¿Cuál fue la fuente? ¿Nadie intento confirmarla? Si alguien lo hizo, ¿cuál fue el resultado? Lo cierto es que, una vez hecha publica la versión, el rumor, la “falsa noticia”, o el simple error, según como se prefiera llamarlo, este corrió como reguero de pólvora. Muchos lo dieron por valido y reaccionaron en consecuencia. Lo dicho, dicho esta. Tabare Vázquez fue condenado, esta vez, por decir lo que no dijo. Y que, si lo hubiera dicho, es de imposible ocurrencia constitucional.
También se pretende culpar al vicepresidente de la Republica, Rodolfo Nin Novoa, quien, según propia aclaración sobre lo sucedido, manifiesta que fue mal interpretado cuando afirmo que el presidente Vázquez, en este tema del aborto, de ser necesario, llegaría “hasta las últimas consecuencias”. ¿De donde salio que esto incluía la disolución de las cámaras? Según Nin Novoa, nadie se preocupo de verificar el alcance preciso de sus palabras, las que en ningún caso podrían ir más allá de lo previsto y permitido en la Constitución de la Republica. Por tanto, mientras alguien no pruebe fehacientemente lo contrario, esta pretendida tormenta política nació y murió, con pena y sin gloria, en un pequeño vaso de agua. Para el recuerdo, será tan solo uno más de los tantos cortocircuitos de los protagonistas políticos con los periodistas.
Mas allá de que los votos para aprobar el polémico proyecto difícilmente se consigan, pues varios legisladores oficialistas ya han anunciado su opinión contraria al mismo y el Partido Nacional tampoco lo apoya, en la remota hipótesis de su sanción en ambas cámaras se enfrentara, según lo anunciado, con el llamado veto presidencial. Tal como lo establece la Constitución de la Republica en su articulo 168, al Presidente de la Republica, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde “poner objeciones o hacer observaciones a los proyectos de ley que le remita el Poder Legislativo, y suspender u oponerse a su promulgación”. En cuyo caso, y según lo establecen los artículos 137 y siguientes, el Poder Ejecutivo lo devolverá a la Asamblea General, y “se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes.” Este es, resumido, el procedimiento constitucional que el presidente Vázquez esta dispuesto a utilizar y al que se habría referido Nin Novoa cuando hablo de llegar hasta las “últimas consecuencias”. Otra cosa muy diferente es la disolución de las cámaras legislativas, prevista en la sección VIII de la Constitución, referida a las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, para el caso de enfrentamiento entre estos dos poderes del Estado con motivo de la censura de uno o varios ministros.
En cuanto al tema de fondo, que es el que en verdad importa, comparto la firme posición del doctor Tabare Vázquez a favor de la vida y, precisamente por ello, contraria al proyecto de ley para despenalizar el aborto. Postura respaldada con claros fundamentos de carácter científico y ético. Su opinión, bueno es recordarlo, es conocida públicamente desde 1994. Tampoco podemos ignorar el drama que en esta materia aflige al Uruguay desde hace décadas, y para ayudar a resolverlo, el camino que debemos transitar es el de la educación, así como la definición de una política vigorosa, que apueste concreta y decididamente a la familia, ya que ella es, como clara y acertadamente lo define la Constitución de la Republica en su articulo 40, “la base de nuestra sociedad.” Pero sin olvidar que ese mismo texto ordena al Estado velar “por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.”
¿Papelón o marcha atrás? Si lo primero, ¿de quien? ¿Error político o periodistico? ¿Quien fue el primeo en dar a conocer la versión? ¿Cuál fue la fuente? ¿Nadie intento confirmarla? Si alguien lo hizo, ¿cuál fue el resultado? Lo cierto es que, una vez hecha publica la versión, el rumor, la “falsa noticia”, o el simple error, según como se prefiera llamarlo, este corrió como reguero de pólvora. Muchos lo dieron por valido y reaccionaron en consecuencia. Lo dicho, dicho esta. Tabare Vázquez fue condenado, esta vez, por decir lo que no dijo. Y que, si lo hubiera dicho, es de imposible ocurrencia constitucional.
También se pretende culpar al vicepresidente de la Republica, Rodolfo Nin Novoa, quien, según propia aclaración sobre lo sucedido, manifiesta que fue mal interpretado cuando afirmo que el presidente Vázquez, en este tema del aborto, de ser necesario, llegaría “hasta las últimas consecuencias”. ¿De donde salio que esto incluía la disolución de las cámaras? Según Nin Novoa, nadie se preocupo de verificar el alcance preciso de sus palabras, las que en ningún caso podrían ir más allá de lo previsto y permitido en la Constitución de la Republica. Por tanto, mientras alguien no pruebe fehacientemente lo contrario, esta pretendida tormenta política nació y murió, con pena y sin gloria, en un pequeño vaso de agua. Para el recuerdo, será tan solo uno más de los tantos cortocircuitos de los protagonistas políticos con los periodistas.
Mas allá de que los votos para aprobar el polémico proyecto difícilmente se consigan, pues varios legisladores oficialistas ya han anunciado su opinión contraria al mismo y el Partido Nacional tampoco lo apoya, en la remota hipótesis de su sanción en ambas cámaras se enfrentara, según lo anunciado, con el llamado veto presidencial. Tal como lo establece la Constitución de la Republica en su articulo 168, al Presidente de la Republica, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde “poner objeciones o hacer observaciones a los proyectos de ley que le remita el Poder Legislativo, y suspender u oponerse a su promulgación”. En cuyo caso, y según lo establecen los artículos 137 y siguientes, el Poder Ejecutivo lo devolverá a la Asamblea General, y “se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes.” Este es, resumido, el procedimiento constitucional que el presidente Vázquez esta dispuesto a utilizar y al que se habría referido Nin Novoa cuando hablo de llegar hasta las “últimas consecuencias”. Otra cosa muy diferente es la disolución de las cámaras legislativas, prevista en la sección VIII de la Constitución, referida a las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, para el caso de enfrentamiento entre estos dos poderes del Estado con motivo de la censura de uno o varios ministros.
En cuanto al tema de fondo, que es el que en verdad importa, comparto la firme posición del doctor Tabare Vázquez a favor de la vida y, precisamente por ello, contraria al proyecto de ley para despenalizar el aborto. Postura respaldada con claros fundamentos de carácter científico y ético. Su opinión, bueno es recordarlo, es conocida públicamente desde 1994. Tampoco podemos ignorar el drama que en esta materia aflige al Uruguay desde hace décadas, y para ayudar a resolverlo, el camino que debemos transitar es el de la educación, así como la definición de una política vigorosa, que apueste concreta y decididamente a la familia, ya que ella es, como clara y acertadamente lo define la Constitución de la Republica en su articulo 40, “la base de nuestra sociedad.” Pero sin olvidar que ese mismo texto ordena al Estado velar “por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.”
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