ALERTA CIUDADANO
Eduardo Héguy Terra
Los problemas de seguridad interna que padecemos, lejos de mejorar tienden a agravarse cada día. Ello se debe a la suma de varios factores. La ministra del Interior no ha demostrado aptitud ni actitud para el difícil cargo, al punto que es entendible que el gobierno disponga oportunamente su relevo. Pero lo más grave radica en la creciente agresividad de los delincuentes y la desastrosa situación del sistema penitenciario nacional.
Cárceles totalmente desbordadas por más de ocho mil reclusos, dos mil mas de su capacidad normal. Cárceles inadecuadas, que hacen prácticamente imposible cualquier política de rehabilitación de los delincuentes, que están hacinados. Asesinos, violadores, rapiñeros, contrabandistas, traficantes de droga y delincuentes primarios, humillados, envilecidos, ociosos, llenos de resentimiento, muchos de ellos esperando salir para volver a delinquir. Carceleros mal preparados y peor remunerados. En fin, un sistema que se cae a pedazos, que viola los derechos humanos y que el reciente informe de Manfred Nowak, el relator de Naciones Unidas, no hizo más que recordarnos, poniendo en evidencia omisiones y responsabilidades. Por más que algunos, insólitamente, reaccionaran como si escucharan esas denuncias por primera vez.
Para ensombrecer aun más el tétrico panorama,- matizado con cuestionadas salidas transitorias y libertades anticipadas- a todo ello se agrega la alta tasa de reincidencia y una creciente delincuencia juvenil especialmente violenta, dada al consumo de pasta base, con todo el peligro que conlleva. Y el escandaloso fracaso del INAU, que se dio el lujo de perder al padre Mateo.
Por si fuera poco, la policía uruguaya, pese a contar con más de veinte mil agentes y la posibilidad de recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas, no alcanza los niveles de eficiencia que se requieren para afrontar la compleja situación que vivimos. Reclaman, con razón, mejores salarios. Pero también requieren de equipamiento más moderno, de mejor selección y más entrenamiento.
Se está perdiendo la batalla contra el delito. En el interior, el abigeato castiga y desalienta a los productores. En la capital, el arrebato, el hurto, el copamiento y la rapiña. Conscientes del agravamiento de una situación que afecta su derecho a la seguridad, la gente vive con temor. Es tonto culpar a la prensa, cuyo deber es informar,- por más que no siempre se acierta en el cómo -, e insistir con la “sensación térmica”. Por su superficialidad, esos pretextos son una falta de respeto, irritan a las víctimas, burlan a la ciudadanía y frustran las esperanzas de un cambio profundo. De una buena vez, hay que asumir responsabilidades. Empezar de nuevo. Poner voluntad y empeño. Raspar hasta el hueso. Hacer lo que se debe. Cumplir con el ordenamiento jurídico. Proteger a la sociedad.
Sin embargo, aun existe otro factor de envergadura, que contribuye de manera dramática a empeorar la situación penal y carcelaria de nuestro país, alejándonos de las mejores soluciones. Un factor, debo decir, que denota una visión miope del problema, a la vez que revela falta de idoneidad y una gran torpeza. Como no logran rehabilitar a los delincuentes, optan por soltarlos para descomprimir las cárceles. Esto ya lo hizo,- aunque no fue el único ni el primero-, el ex ministro José Díaz. Como los presos estaban hacinados, en lugar de disponer la utilización de los numerosos inmuebles de propiedad del Estado y una agresiva política de construcción de nuevos establecimientos y mejora de los existentes, se prefirió liberar a los presos, con el resultado que conocemos. Pero hay más aún. Se ha tratado de impedir que los delincuentes vayan a la cárcel, presionando a los jueces para que no procesen con prisión, como si ellos fueran culpables del hacinamiento de las cárceles. ¡Falta que se le pida a la policía que no detenga a los delincuentes!
Ahora, al parecer, esa misma absurda línea de pensamiento intenta influir en la reforma del código de procedimiento penal actualmente a estudio. Así, se habla de un “procesamiento en libertad”, mecanismo según el cual los delincuentes no irían a prisión hasta que finalice el proceso y exista sentencia condenatoria, lo que, como sabemos, puede tardar meses o años. El que nos robó, seguirá libre. ¿No es insólito? Por si esto fuera poco, se habilitarían las penas alternativas a ladrones reiterantes, reincidentes y habituales, esto es a los responsables de los más de 54 mil hurtos cometidos en el primer semestre del 2008. La falta de sentido común es total. Con ideas así, lo que ya es malo, probablemente será peor.
Esperemos que se advierta el sinsentido de estas propuestas. Si llegaran a aprobarse podría sobrevenir el caos del sistema. Los delincuentes agradecidos. Absurdo. Y muy peligroso. Es mucho lo que está en juego. Nuestra seguridad y la de nuestras familias. Nuestra calidad de vida. Quien vive con miedo, pierde su libertad.
Los problemas de seguridad interna que padecemos, lejos de mejorar tienden a agravarse cada día. Ello se debe a la suma de varios factores. La ministra del Interior no ha demostrado aptitud ni actitud para el difícil cargo, al punto que es entendible que el gobierno disponga oportunamente su relevo. Pero lo más grave radica en la creciente agresividad de los delincuentes y la desastrosa situación del sistema penitenciario nacional.
Cárceles totalmente desbordadas por más de ocho mil reclusos, dos mil mas de su capacidad normal. Cárceles inadecuadas, que hacen prácticamente imposible cualquier política de rehabilitación de los delincuentes, que están hacinados. Asesinos, violadores, rapiñeros, contrabandistas, traficantes de droga y delincuentes primarios, humillados, envilecidos, ociosos, llenos de resentimiento, muchos de ellos esperando salir para volver a delinquir. Carceleros mal preparados y peor remunerados. En fin, un sistema que se cae a pedazos, que viola los derechos humanos y que el reciente informe de Manfred Nowak, el relator de Naciones Unidas, no hizo más que recordarnos, poniendo en evidencia omisiones y responsabilidades. Por más que algunos, insólitamente, reaccionaran como si escucharan esas denuncias por primera vez.
Para ensombrecer aun más el tétrico panorama,- matizado con cuestionadas salidas transitorias y libertades anticipadas- a todo ello se agrega la alta tasa de reincidencia y una creciente delincuencia juvenil especialmente violenta, dada al consumo de pasta base, con todo el peligro que conlleva. Y el escandaloso fracaso del INAU, que se dio el lujo de perder al padre Mateo.
Por si fuera poco, la policía uruguaya, pese a contar con más de veinte mil agentes y la posibilidad de recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas, no alcanza los niveles de eficiencia que se requieren para afrontar la compleja situación que vivimos. Reclaman, con razón, mejores salarios. Pero también requieren de equipamiento más moderno, de mejor selección y más entrenamiento.
Se está perdiendo la batalla contra el delito. En el interior, el abigeato castiga y desalienta a los productores. En la capital, el arrebato, el hurto, el copamiento y la rapiña. Conscientes del agravamiento de una situación que afecta su derecho a la seguridad, la gente vive con temor. Es tonto culpar a la prensa, cuyo deber es informar,- por más que no siempre se acierta en el cómo -, e insistir con la “sensación térmica”. Por su superficialidad, esos pretextos son una falta de respeto, irritan a las víctimas, burlan a la ciudadanía y frustran las esperanzas de un cambio profundo. De una buena vez, hay que asumir responsabilidades. Empezar de nuevo. Poner voluntad y empeño. Raspar hasta el hueso. Hacer lo que se debe. Cumplir con el ordenamiento jurídico. Proteger a la sociedad.
Sin embargo, aun existe otro factor de envergadura, que contribuye de manera dramática a empeorar la situación penal y carcelaria de nuestro país, alejándonos de las mejores soluciones. Un factor, debo decir, que denota una visión miope del problema, a la vez que revela falta de idoneidad y una gran torpeza. Como no logran rehabilitar a los delincuentes, optan por soltarlos para descomprimir las cárceles. Esto ya lo hizo,- aunque no fue el único ni el primero-, el ex ministro José Díaz. Como los presos estaban hacinados, en lugar de disponer la utilización de los numerosos inmuebles de propiedad del Estado y una agresiva política de construcción de nuevos establecimientos y mejora de los existentes, se prefirió liberar a los presos, con el resultado que conocemos. Pero hay más aún. Se ha tratado de impedir que los delincuentes vayan a la cárcel, presionando a los jueces para que no procesen con prisión, como si ellos fueran culpables del hacinamiento de las cárceles. ¡Falta que se le pida a la policía que no detenga a los delincuentes!
Ahora, al parecer, esa misma absurda línea de pensamiento intenta influir en la reforma del código de procedimiento penal actualmente a estudio. Así, se habla de un “procesamiento en libertad”, mecanismo según el cual los delincuentes no irían a prisión hasta que finalice el proceso y exista sentencia condenatoria, lo que, como sabemos, puede tardar meses o años. El que nos robó, seguirá libre. ¿No es insólito? Por si esto fuera poco, se habilitarían las penas alternativas a ladrones reiterantes, reincidentes y habituales, esto es a los responsables de los más de 54 mil hurtos cometidos en el primer semestre del 2008. La falta de sentido común es total. Con ideas así, lo que ya es malo, probablemente será peor.
Esperemos que se advierta el sinsentido de estas propuestas. Si llegaran a aprobarse podría sobrevenir el caos del sistema. Los delincuentes agradecidos. Absurdo. Y muy peligroso. Es mucho lo que está en juego. Nuestra seguridad y la de nuestras familias. Nuestra calidad de vida. Quien vive con miedo, pierde su libertad.
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