LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS
Eduardo Héguy Terra
El 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Expresión, fecha instituida por las Naciones Unidas, en reconocimiento a este derecho humano fundamental tanto para los individuos como para el necesario y conveniente contralor de los gobiernos y el adecuado funcionamiento de las democracias liberales. Muchos no lo recordaron.
En ocasión de reunirse los días 4 y 5 de mayo, en la ciudad de Washington, el Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) que nuclea a mas de 16 mil emisoras de radio y televisión, se conmemoró tan señalada fecha contando con la presencia del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José M iguel Insulza. Analizando el nivel de respeto a la libertad de expresión en la región, el jerarca internacional reconoció importantes aunque desiguales avances en la materia, tales como la despenalización de la difamación y el desacato, y las garantías al acceso a la información pública. A su vez, la Relatora Especial de Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, recibió en esa oportunidad diversos planteos de delegados cuyos países experimentan amenazas a la libertad de prensa y ven obstaculizada de diversas formas la labor de los medios de comunicación.
También fue propicia la ocasión para expresar a la OEA un merecido reconocimiento por la labor tanto de la Comisión como de la Corte de Derechos Humanos. Recientemente este alto tribunal ha dictado una importante sentencia frente a la violación de los derechos de los trabajadores y directivos de Radio Caracas Televisión, hoy en manos del Estado, entendiendo que las constantes manifestaciones del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, contra los medios de comunicación, afectan gravemente la seguridad física y moral de los reiteradamente aludidos y agraviados desde el poder. Ello es especialmente repudiable en un país en el cual el oficialismo cuenta con más de 300 radios y 36 emisoras de televisión para expresar sus puntos de vista, y de la manipulación de la publicidad oficial para coartar la independencia de las empresas periodísticas.
En ese país ha sido evidente la aprobación de diversas leyes que, como la de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de 2004 o las reformas al Código Penal en 2005, deliberadamente limitan y coartan la actividad periodística. Contrariando la tendencia internacional mas aceptada, se aprueban nuevos delitos que, como el desacato, la difamación, la injuria, la instigación o el ultraje, manejados por regímenes autoritarios, no hacen más que poner bajo apremios a los periodistas, privándoles de su libertad.
La mala experiencia de la prensa en Venezuela ha servido, sin embargo, para alertar a los periodistas y a los medios sobre los riesgos de escaladas similares en otros países de la región. En la Argentina, la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), ha manifestado textualmente, cuan preocupante resulta que algunos funcionarios del gobierno de los Kirchner, al referirse a la aprobación de un proyecto de ley sobre contenidos de los medios audiovisuales, lo consideren “la madre de todas las batallas”. Tratándose de un gobierno que ve al periodismo como un “enemigo a derrotar”, no se puede ser optimista sobre la orientación de esos proyectos. Por eso ADEPA reclama que se respeten ciertos principios básicos del ordenamiento constitucional, tales como la no regulación de contenidos periodísticos, el respeto a la situación actual de los medios, preservando el pluralismo y la diversidad existentes, evitar la discrecionalidad en la autoridad de aplicación y garantizar la seguridad jurídica. La Asociación argentina también reclama que no se omitan en el proyecto temas pendientes, tales como la regulación de la publicidad oficial de conformidad con pautas técnicas y objetivas, o el manejo no gubernamental de los medios públicos.
En tal sentido el presidente de la AIR, Luis Pardo Sainz, afirma que existen fundadas razones para alertar sobre las graves implicancias que ese proyecto presenta para la democracia. Como ya ha ocurrido en otros lados, se tiende a dominar a los medios, para que se escuche una sola voz y se exprese una sola ideología.
Nadie ignora el poder de la televisión. Los políticos conocen muy bien sus efectos en la opinión pública. Quien controle los medios audiovisuales, sin duda controlará buena parte del poder. Por ello, alguien, ingenuamente, puede admirar la influencia de las empresas privadas de televisión. Pero también debería saber que estas tienen, paradójicamente, una extraordinaria debilidad estructural, que puede llegar a condicionar su independencia periodística. Los permisos para la utilización de las frecuencias radioeléctricas son precarios, esencialmente revocables. Cuando el que manda es inescrupuloso y con vocación de perpetuarse en el poder, mas vale estar alertas, como lo pide la AIR. Alertas, prudentes, pero no serviles.
El 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Expresión, fecha instituida por las Naciones Unidas, en reconocimiento a este derecho humano fundamental tanto para los individuos como para el necesario y conveniente contralor de los gobiernos y el adecuado funcionamiento de las democracias liberales. Muchos no lo recordaron.
En ocasión de reunirse los días 4 y 5 de mayo, en la ciudad de Washington, el Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) que nuclea a mas de 16 mil emisoras de radio y televisión, se conmemoró tan señalada fecha contando con la presencia del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José M iguel Insulza. Analizando el nivel de respeto a la libertad de expresión en la región, el jerarca internacional reconoció importantes aunque desiguales avances en la materia, tales como la despenalización de la difamación y el desacato, y las garantías al acceso a la información pública. A su vez, la Relatora Especial de Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, recibió en esa oportunidad diversos planteos de delegados cuyos países experimentan amenazas a la libertad de prensa y ven obstaculizada de diversas formas la labor de los medios de comunicación.
También fue propicia la ocasión para expresar a la OEA un merecido reconocimiento por la labor tanto de la Comisión como de la Corte de Derechos Humanos. Recientemente este alto tribunal ha dictado una importante sentencia frente a la violación de los derechos de los trabajadores y directivos de Radio Caracas Televisión, hoy en manos del Estado, entendiendo que las constantes manifestaciones del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, contra los medios de comunicación, afectan gravemente la seguridad física y moral de los reiteradamente aludidos y agraviados desde el poder. Ello es especialmente repudiable en un país en el cual el oficialismo cuenta con más de 300 radios y 36 emisoras de televisión para expresar sus puntos de vista, y de la manipulación de la publicidad oficial para coartar la independencia de las empresas periodísticas.
En ese país ha sido evidente la aprobación de diversas leyes que, como la de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de 2004 o las reformas al Código Penal en 2005, deliberadamente limitan y coartan la actividad periodística. Contrariando la tendencia internacional mas aceptada, se aprueban nuevos delitos que, como el desacato, la difamación, la injuria, la instigación o el ultraje, manejados por regímenes autoritarios, no hacen más que poner bajo apremios a los periodistas, privándoles de su libertad.
La mala experiencia de la prensa en Venezuela ha servido, sin embargo, para alertar a los periodistas y a los medios sobre los riesgos de escaladas similares en otros países de la región. En la Argentina, la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), ha manifestado textualmente, cuan preocupante resulta que algunos funcionarios del gobierno de los Kirchner, al referirse a la aprobación de un proyecto de ley sobre contenidos de los medios audiovisuales, lo consideren “la madre de todas las batallas”. Tratándose de un gobierno que ve al periodismo como un “enemigo a derrotar”, no se puede ser optimista sobre la orientación de esos proyectos. Por eso ADEPA reclama que se respeten ciertos principios básicos del ordenamiento constitucional, tales como la no regulación de contenidos periodísticos, el respeto a la situación actual de los medios, preservando el pluralismo y la diversidad existentes, evitar la discrecionalidad en la autoridad de aplicación y garantizar la seguridad jurídica. La Asociación argentina también reclama que no se omitan en el proyecto temas pendientes, tales como la regulación de la publicidad oficial de conformidad con pautas técnicas y objetivas, o el manejo no gubernamental de los medios públicos.
En tal sentido el presidente de la AIR, Luis Pardo Sainz, afirma que existen fundadas razones para alertar sobre las graves implicancias que ese proyecto presenta para la democracia. Como ya ha ocurrido en otros lados, se tiende a dominar a los medios, para que se escuche una sola voz y se exprese una sola ideología.
Nadie ignora el poder de la televisión. Los políticos conocen muy bien sus efectos en la opinión pública. Quien controle los medios audiovisuales, sin duda controlará buena parte del poder. Por ello, alguien, ingenuamente, puede admirar la influencia de las empresas privadas de televisión. Pero también debería saber que estas tienen, paradójicamente, una extraordinaria debilidad estructural, que puede llegar a condicionar su independencia periodística. Los permisos para la utilización de las frecuencias radioeléctricas son precarios, esencialmente revocables. Cuando el que manda es inescrupuloso y con vocación de perpetuarse en el poder, mas vale estar alertas, como lo pide la AIR. Alertas, prudentes, pero no serviles.
Comentarios