EMERGENCIA HUMANITARIA
Eduardo Héguy Terra
La situación en que se encuentra la mayoría de los casi 9.000 presos que hoy tiene el sistema penitenciario uruguayo constituye, para calificados especialistas, una verdadera emergencia humanitaria. Para nosotros, además, tal situación, que se agrava año tras año sin que nadie atine a resolverla eficazmente, significa, a la vez que un vergonzoso y contundente indicador de la falta de capacidad de la Administración, un contundente desmentido a la pretendida sensibilidad del Frente Amplio para con los derechos humanos de los uruguayos.
No es por falta de recursos económicos que no se puso en marcha una vigorosa política carcelaria, y la construcción de nuevos y adecuados establecimientos de detención que, acompañada por una reforma en profundidad del sistema penitenciario, - guardias capacitados y bien remunerados, régimen de trabajo para los presos, estudios, higiene y alimentación, ejercicios físicos y un largo etcétera-, estuviera en condiciones de poner fin a esas verdaderas escuelas de delincuencia y lograr una eficaz rehabilitación para la vida en sociedad. Plata no le ha faltado a este gobierno. La falla estuvo en las prioridades. Lo cual es asombroso tratándose de un elenco político que cuenta en sus filas con varios connotados dirigentes que padecieron la privación de libertad. Cabía, por ello, esperar otra actitud para atender los derechos humanos de los detenidos, groseramente vulnerados.
El hacinamiento que hoy soportan miles de presos, cientos de ellos mujeres, es tan humillante, tan degradante de la condición humana, que ningún código penal se atrevería a incluirlo como sanción. Ningún juez, por severos que fueran sus criterios, sería capaz de redactar una sentencia que concluyera en una tal condena. Ambas situaciones serían consideradas, con razón, conductas moralmente repudiables y jurídicamente aberrantes. ¿Qué decir entonces de la responsabilidad por omisión de los encargados de velar por la rehabilitación de los procesados que hoy padecen el oprobio y la ignominia de tener que sobrevivir, amontonados, vejados, al decir de un defensor de oficio “peor que animales”? ¿Qué decir de los tres ministros que ocuparon la cartera del Interior en este gobierno, todos de un partido político que tuvo durante cinco años mayoría en ambas cámaras legislativas y que poco o nada relevante hicieron para mejorar esa triste realidad? En cuanto a la asignación de recursos, ¿alguien puede afirmar, sin sonrojarse, que, dado los valores en juego, fue más importante construir grandes obras públicas que mejores cárceles y viviendas? ¿Esto no es acaso priorizar lo material y postergar los derechos humanos de muchos uruguayos caídos en desgracia?
Y si todo esto es ciertamente grave, como lo es, no es lo peor de la realidad del sistema penitenciario actual. Lo más grave, lo más doloroso, lo indignante, es la penosa situación que padecen los menores infractores y la falta de respuestas adecuadas por parte del gobierno. Hijos de una realidad carenciada, cercados por la pasta base, disminuidos en su percepción de lo correcto y lo honesto, cuando incurren en delitos son derivados al INAU, a verdaderos depósitos insalubres, en condiciones degradantes, sin la seguridad necesaria, de los cuales se fugan al ritmo burlón de constantes motines que la guardia, insólitamente, es incapaz de evitar. Todo ello en lugar de recibir, como sería de esperar, una atención especialísima, enfáticamente orientada a su urgente reeducación, en una desesperada lucha del sistema y de la sociedad para recuperarlos y evitar así que, al cumplir la mayoría de edad, se conviertan en delincuentes irrecuperables, dañinos para sí mismos y peligrosos para los demás, condenados a formar parte de una tenebrosa cadena de reincidencias.
El fracaso de las autoridades del INAU, su notoria incapacidad para resolver los problemas, no agota la lista de los responsables. También está, en primera fila, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, a quien corresponde dar la cara ante la opinión pública. Tratándose de derechos humanos y de una situación tan extrema que ha merecido la severa condena de un relator de Naciones Unidas, la responsabilidad última es del presidente de la república, quien, como es obvio, designa y mantiene en sus cargos a los secretarios de estado. Los presos, si bien han sido privados de su libertad por la justicia, no pueden ser condenados al abandono y a la miseria a la que están sometidos actualmente. Ni, mucho menos, pueden ser obligados a renunciar a su dignidad, pues sus derechos están consagrados en la Constitución de la República, la cual, con total claridad, dispone que “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Hay que cumplirla. Antes, durante y después de las elecciones.
La situación en que se encuentra la mayoría de los casi 9.000 presos que hoy tiene el sistema penitenciario uruguayo constituye, para calificados especialistas, una verdadera emergencia humanitaria. Para nosotros, además, tal situación, que se agrava año tras año sin que nadie atine a resolverla eficazmente, significa, a la vez que un vergonzoso y contundente indicador de la falta de capacidad de la Administración, un contundente desmentido a la pretendida sensibilidad del Frente Amplio para con los derechos humanos de los uruguayos.
No es por falta de recursos económicos que no se puso en marcha una vigorosa política carcelaria, y la construcción de nuevos y adecuados establecimientos de detención que, acompañada por una reforma en profundidad del sistema penitenciario, - guardias capacitados y bien remunerados, régimen de trabajo para los presos, estudios, higiene y alimentación, ejercicios físicos y un largo etcétera-, estuviera en condiciones de poner fin a esas verdaderas escuelas de delincuencia y lograr una eficaz rehabilitación para la vida en sociedad. Plata no le ha faltado a este gobierno. La falla estuvo en las prioridades. Lo cual es asombroso tratándose de un elenco político que cuenta en sus filas con varios connotados dirigentes que padecieron la privación de libertad. Cabía, por ello, esperar otra actitud para atender los derechos humanos de los detenidos, groseramente vulnerados.
El hacinamiento que hoy soportan miles de presos, cientos de ellos mujeres, es tan humillante, tan degradante de la condición humana, que ningún código penal se atrevería a incluirlo como sanción. Ningún juez, por severos que fueran sus criterios, sería capaz de redactar una sentencia que concluyera en una tal condena. Ambas situaciones serían consideradas, con razón, conductas moralmente repudiables y jurídicamente aberrantes. ¿Qué decir entonces de la responsabilidad por omisión de los encargados de velar por la rehabilitación de los procesados que hoy padecen el oprobio y la ignominia de tener que sobrevivir, amontonados, vejados, al decir de un defensor de oficio “peor que animales”? ¿Qué decir de los tres ministros que ocuparon la cartera del Interior en este gobierno, todos de un partido político que tuvo durante cinco años mayoría en ambas cámaras legislativas y que poco o nada relevante hicieron para mejorar esa triste realidad? En cuanto a la asignación de recursos, ¿alguien puede afirmar, sin sonrojarse, que, dado los valores en juego, fue más importante construir grandes obras públicas que mejores cárceles y viviendas? ¿Esto no es acaso priorizar lo material y postergar los derechos humanos de muchos uruguayos caídos en desgracia?
Y si todo esto es ciertamente grave, como lo es, no es lo peor de la realidad del sistema penitenciario actual. Lo más grave, lo más doloroso, lo indignante, es la penosa situación que padecen los menores infractores y la falta de respuestas adecuadas por parte del gobierno. Hijos de una realidad carenciada, cercados por la pasta base, disminuidos en su percepción de lo correcto y lo honesto, cuando incurren en delitos son derivados al INAU, a verdaderos depósitos insalubres, en condiciones degradantes, sin la seguridad necesaria, de los cuales se fugan al ritmo burlón de constantes motines que la guardia, insólitamente, es incapaz de evitar. Todo ello en lugar de recibir, como sería de esperar, una atención especialísima, enfáticamente orientada a su urgente reeducación, en una desesperada lucha del sistema y de la sociedad para recuperarlos y evitar así que, al cumplir la mayoría de edad, se conviertan en delincuentes irrecuperables, dañinos para sí mismos y peligrosos para los demás, condenados a formar parte de una tenebrosa cadena de reincidencias.
El fracaso de las autoridades del INAU, su notoria incapacidad para resolver los problemas, no agota la lista de los responsables. También está, en primera fila, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, a quien corresponde dar la cara ante la opinión pública. Tratándose de derechos humanos y de una situación tan extrema que ha merecido la severa condena de un relator de Naciones Unidas, la responsabilidad última es del presidente de la república, quien, como es obvio, designa y mantiene en sus cargos a los secretarios de estado. Los presos, si bien han sido privados de su libertad por la justicia, no pueden ser condenados al abandono y a la miseria a la que están sometidos actualmente. Ni, mucho menos, pueden ser obligados a renunciar a su dignidad, pues sus derechos están consagrados en la Constitución de la República, la cual, con total claridad, dispone que “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Hay que cumplirla. Antes, durante y después de las elecciones.
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