Venezuela: la prensa en jaque
Lic. Margarita Heguy Gurascier
Es un hecho que los medios de comunicación en Venezuela viven actualmente una difícil situación. El gobierno de Hugo Chávez ha venido ejerciendo sobre los mismos presiones tanto directas como indirectas con el fin de amedrentarlos. Indirectas como el uso de la pauta publicitaria oficial para premiar y castigar a los medios según su línea editorial sea o no favorable al poder. Presiones directas como la persecución a periodistas y medios. En el mismo sentido, ciertas reformas legislativas tales como la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de 2004 y las reformas del Código Penal en 2005, que incrementó las penas y tipificó nuevos delitos de desacato, difamación, instigación, ultraje y calumnia, contrariando todas las recomendaciones y estándares internacionales en la materia.
El oficialismo controla mas de 300 estaciones de radio y 36 canales de televisión. Pero no conforme con ello, aplica la censura y el cierre o no renovación de permisos a aquellos medios de comunicación que aún permanecen en su lucha por salvaguardar la deteriorada libertad de expresión que padece Venezuela.
La situación es de tal gravedad que ha trascendido al ámbito internacional. Así, la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual comparecieron los damnificados, emitió recientemente una sentencia definitiva e inapelable en los juicios que conoció contra el Estado venezolano por los ataques y agresiones a los periodistas, trabajadores y directivos de Radio Caracas Televisión (RCTV) y Globovisión.
En estos fallos la Corte determinó que las autoridades venezolanas incumplieron su obligación de garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información y el derecho a la integridad física de los trabajadores de dichos medios de comunicación, a quienes con continuos ataques verbales puso en riesgo.
En el dictamen se ordenó al Estado Venezolano a conducir eficazmente y dentro de un plazo razonable las investigaciones y procesos penales abiertos a nivel interno que se encuentran en trámite, así como los que se abran en lo sucesivo, para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea.
Lamentablemente, como señaló Luis Pardo Sáinz, el presidente de la más antigua organización mundial por la defensa de la Libertad de Expresión y la radiodifusión privada y libre, que nuclea a más de 16 mil difusoras de radio y televisión - la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)-, las sentencias del máximo tribunal hemisférico son despreciadas por un presidente que controla los tres poderes del Estado y no respeta el sistema interamericano de protección de derechos humanos.
Todo lo cual, explica y justifica la profunda preocupación de toda la comunidad internacional. Por la gravedad que constituye el continuo ataque a la libertad de expresión que padece Venezuela, en tanto viola un derecho fundamental de todo ciudadano e interfiere negativamente en la labor que los medios de comunicación social están llamados a desempeñar en las sociedades auténticamente democráticas. No cabe duda, en Venezuela, la prensa está en jaque.
Es un hecho que los medios de comunicación en Venezuela viven actualmente una difícil situación. El gobierno de Hugo Chávez ha venido ejerciendo sobre los mismos presiones tanto directas como indirectas con el fin de amedrentarlos. Indirectas como el uso de la pauta publicitaria oficial para premiar y castigar a los medios según su línea editorial sea o no favorable al poder. Presiones directas como la persecución a periodistas y medios. En el mismo sentido, ciertas reformas legislativas tales como la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de 2004 y las reformas del Código Penal en 2005, que incrementó las penas y tipificó nuevos delitos de desacato, difamación, instigación, ultraje y calumnia, contrariando todas las recomendaciones y estándares internacionales en la materia.
El oficialismo controla mas de 300 estaciones de radio y 36 canales de televisión. Pero no conforme con ello, aplica la censura y el cierre o no renovación de permisos a aquellos medios de comunicación que aún permanecen en su lucha por salvaguardar la deteriorada libertad de expresión que padece Venezuela.
La situación es de tal gravedad que ha trascendido al ámbito internacional. Así, la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual comparecieron los damnificados, emitió recientemente una sentencia definitiva e inapelable en los juicios que conoció contra el Estado venezolano por los ataques y agresiones a los periodistas, trabajadores y directivos de Radio Caracas Televisión (RCTV) y Globovisión.
En estos fallos la Corte determinó que las autoridades venezolanas incumplieron su obligación de garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información y el derecho a la integridad física de los trabajadores de dichos medios de comunicación, a quienes con continuos ataques verbales puso en riesgo.
En el dictamen se ordenó al Estado Venezolano a conducir eficazmente y dentro de un plazo razonable las investigaciones y procesos penales abiertos a nivel interno que se encuentran en trámite, así como los que se abran en lo sucesivo, para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea.
Lamentablemente, como señaló Luis Pardo Sáinz, el presidente de la más antigua organización mundial por la defensa de la Libertad de Expresión y la radiodifusión privada y libre, que nuclea a más de 16 mil difusoras de radio y televisión - la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)-, las sentencias del máximo tribunal hemisférico son despreciadas por un presidente que controla los tres poderes del Estado y no respeta el sistema interamericano de protección de derechos humanos.
Todo lo cual, explica y justifica la profunda preocupación de toda la comunidad internacional. Por la gravedad que constituye el continuo ataque a la libertad de expresión que padece Venezuela, en tanto viola un derecho fundamental de todo ciudadano e interfiere negativamente en la labor que los medios de comunicación social están llamados a desempeñar en las sociedades auténticamente democráticas. No cabe duda, en Venezuela, la prensa está en jaque.
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