ANGUSTIA Y DESASOSIEGO

Dr. Eduardo Héguy Terra

No formo parte del numeroso coro de airadas voces que exigen la destitución por incompetencia  del ministro Eduardo Bonomi y del subsecretario Jorge Vázquez a la cartera de Interior. Creo que con eso no se gana nada. Más bien me encuentro entre quienes no entienden como esos jerarcas, enfrentados a una situación catastrófica de la seguridad pública, que les trae aparejados tantos dolores de cabeza y probablemente una frustrante sensación de absoluto fracaso, no dan un paso al costado y se alejan voluntariamente de cargos de tan alta responsabilidad ante la ciudadanía, a cuyo servicio están y a la que deben querer  defender eficazmente en sus personas y en sus bienes.

Mientras la policía hace agua por todos lados, el contingente de delincuentes crece sin cesar. Según cifras divulgadas por el Director Nacional de Policía, Julio Guarteche, en entrevista realizada hace unos días por el periodista José Irazábal en el canal  20 de TCC, de acuerdo a los registros oficiales de la policía desde el año 2003, los ladrones son más de 40 mil, los rapiñeros superaron los 8 mil y suman miles los homicidas y copadores. A estos números impresionantes debemos sumarles los menores infractores, los narcotraficantes y los contrabandistas. Un panorama desolador, angustiante. Da miedo. Ya no se trata solo de sensaciones térmicas, o de informativos de televisión que muestran en imágenes la realidad de violencia cotidiana que nos golpea. Ya no se trata de manifestaciones públicas de ciudadanos desesperados, en todo Montevideo, desde Carrasco hasta La Teja, que buscan organizarse para hacer oír su voz y reclamar sus derechos a  la vida – el primero de los derechos humanos - y a la protección que les debe la fuerza pública. Estamos ante un fenómeno que involucra a más de 50 mil delincuentes. Y muy probablemente a una parte significativa de miembros de sus familias. Enfrentamos, por tanto, a un mundo criminal de por lo menos 100 mil personas dispuestas a vivir al margen de la ley.

Para enfrentar ese monstruo de mil cabezas contamos con una primera línea de contención que es la policía nacional, con una rotación de jerarcas poco común y padeciendo las fallas técnicas y las muestras de indisciplina que trascienden a diario. Para rehabilitar a los delincuentes que esa policía detiene, el país cuenta con un sistema penitenciario en el que según múltiples denuncias no solo no se recupera a los reclusos – los índices de reincidencia alcanzan el 70 por ciento - sino que se violan los derechos humanos de los presos. Así nos va mal, pero nos va a ir mucho peor.

Ya nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a la lentitud de las respuestas correctivas por parte del Estado. Lentitud en la ejecución de las reformas necesarias en el cuerpo policial; lentitud en la construcción de nuevas cárceles y adecuación de las existentes; y lentitud en la impostergable aprobación de leyes de minoridad y de de procedimiento penal que harían mas eficaz el sistema general de seguridad pública. El escudo protector del ciudadano ante el flagelo de la delincuencia, es un desastre. Por eso las rejas, las alarmas, los perros entrenados, y las armas en manos de civiles que reclaman con razón el derecho a defenderse de delincuentes armados. Por eso también la existencia de empresas de seguridad privada que ya cuentan con más de 25 mil hombres – muchos de ellos mal remunerados, desarmados, sin chalecos protectores y sin experiencia- , casi el mismo número de efectivos que la policía nacional. Si esta fuerza privada formara parte de una política nacional de seguridad pública y actuara en forma coordinada con el ministerio del Interior, es posible que las cosas mejoraran. Como también podría identificarse, registrarse, capacitarse y coordinarse a los cientos de cuida coches que presenta la capital y que bien podrían ofrecer un servicio de vigilancia ciudadana que fuera de utilidad para una mejor tutela de los bienes y las personas. Otro tanto podría pensarse para los porteros y serenos de los edificios y establecimientos comerciales y fabriles. Pero, como decimos, la respuesta del Estado en esta materia es por lo general ineficiente y tardía, carente de garra, liderazgo, convicción y energía. Pese a la presencia casi diaria del ministro en los informativos, tratando de justificar las carencias de su gestión, la sensación de angustia en que viven los ciudadanos, la preocupación y el desasosiego que a diario los acompaña, no hacen más que crecer y profundizarse.

Nos va muy mal. Si queremos mejorar hace falta un cambio profundo en muchos frentes y niveles. No sería mala cosa, sino mas bien un deber cívico, intentar un encuentro patriótico de todos los partidos políticos en una misma mesa, para generar una política nacional de seguridad pública y medidas concretas que le devuelvan a la gente el derecho a circular por la ciudad sin miedo a perder la vida, y el derecho de la gente a salir de sus casas sin el temor de que estas sean desvalijadas.  En materia de seguridad, como en tantas otras cuestiones de gobierno, se requieren hechos y no palabras. Y los hechos criminales, según las propias estadísticas policiales, son contundentes. El delito crece, los delincuentes son cada vez más y la inseguridad pública es, lamentablemente, cada vez mayor. Angustia y desasosiego.