LA OEA Y LA LIBERTAD DE PRENSA

Dr. Eduardo Héguy Terra

La Organización de Estados Americanos (OEA) es una organización internacional, creada en Bogotá el 8 de mayo de 1948. Es por ello la más antigua de las organizaciones regionales y también, con 35 países asociados, la que cuenta con el mayor número de estados miembro, entre ellos el Uruguay. Se trata de un foro político, con sede en Washington, que procura, a través del diálogo multilateral, promover la paz, la seguridad, los derechos humanos, el desarrollo social y económico, consolidar la democracia e impulsar el crecimiento sostenible en las Américas.

Uno de los organismos más importantes de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creó, con el apoyo explicito de la segunda Cumbre de las Américas, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, con la finalidad de estimular la defensa del derecho a la libertad  expresión, y la toma de conciencia de su papel fundamental en el desarrollo y consolidación del sistema democrático en  los países americanos.

Con motivo de celebrarse hace pocos días el vigésimo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, reconociendo el valioso trabajo de las mujeres y los hombres que ejercen el periodismo en nuestra región, hizo un llamamiento a los Estados para que adopten mecanismos eficaces de prevención y protección de la vida, la seguridad y la integridad personal de los comunicadores. Sobran ejemplos de las numerosas víctimas causadas en nuestra región por el terrorismo, el narcotráfico, la violencia política y la censura ejercida desde los gobiernos. Es por ello que la Relatoría Especial insta a las autoridades nacionales a erradicar las causas que fomentan o perpetúan la violencia de cualquier tipo contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, así como a tomar todas las medidas necesarias para acabar con la impunidad que muchas veces rodea a estos crímenes contra la libertad de prensa y quienes pretenden ejercerla.

Con motivo de este nuevo aniversario, el sistema interamericano de derechos humanos reconoce una vez más que la libertad de expresión es “un instrumento esencial para el funcionamiento de los sistemas democráticos, la denuncia contra la arbitrariedad y la lucha por los derechos de las personas.” En particular, la OEA ha explicado que la prensa es una herramienta clave para la formación de una opinión pública informada y consciente de sus derechos, así como para el control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de responsabilidad a los funcionarios estatales. Por eso los organismos competentes del sistema interamericano sostienen  que “sin una prensa plural, vigorosa, libre e independiente, los abusos de poder quedan silenciados y se fomenta el arraigo de sistemas autoritarios.”

No es casualidad que los regímenes falsamente democráticos, pues lo son solo en apariencia, adopten medidas para impedir el libre ejercicio de una prensa crítica e independiente. Lo vemos hoy en varios países de nuestra América, como Argentina, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Otros países, como México, presentan, debido al narcotráfico, importantes zonas consideradas de alto riesgo de vida para el ejercicio del periodismo.

La Relatoría Especial de la OEA adhiere sin reservas  al Plan de Acción de la Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad. En el mismo se insiste en que es necesario adoptar mecanismos de prevención y medidas para resolver las causas profundas de la violencia contra los periodistas.

Por todo lo que venimos de expresar, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, con motivo del vigésimo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, entendió oportuno concluir su declaración formulando cinco recomendaciones a los Estados miembro, sobre las cuales vale la pena reflexionar.

En primer lugar, se recomienda adoptar mecanismos de prevención para evitar la violencia contra los comunicadores, incluyendo la condena pública de todo acto de agresión en su contra.

En segundo lugar, se debe garantizar la seguridad de quienes se encuentren enfrentados a un riesgo especial debido al ejercicio de la libertad de expresión.

En tercer lugar, investigar los hechos de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios, condenar a los responsables y reparar a las víctimas y sus familias.

Asimismo se propone derogar el delito de desacato y promover la modificación de las leyes de difamación, a fin de evitar procesos penales cuando se difunde información de interés público, sobre funcionarios o candidatos a ejercer cargos públicos.

Y, finalmente, se recomienda “abstenerse de hacer declaraciones públicas o de utilizar los medios estatales para hacer campañas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones.” Y, en particular,  “evitar las declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.” Situaciones  que se han dado con frecuencia entre nosotros, según lo testimonian reiteradas expresiones acusatorias contra los medios no oficialistas, formuladas por altos dirigentes políticos del partido de gobierno.